El gobierno de Alberto Fernández lleva varios meses de conflicto con las grandes empresas de telecomunicaciones. Desde la sanción, en agosto, del DNU Nº 690/20 que declaró servicio público en competencia a la telefonía móvil e internet y otorgó al ENACOM (organismo regulador) la capacidad de fijar los aumentos de los abonos, el camino se tornó fangoso.
Con el correr de los meses, y el aumento en las dudas por el impacto del DNU anunciado en plena pandemia, el conflicto entre empresas y gobierno escaló hasta llegar a su pico en el mes de diciembre. Entonces, el ENACOM –dirigido por el massista Claudio Ambrosini- autorizó un aumento del 5% para prestadores grandes y del 8% a prestadores chicos (de menos de 100 mil clientes). Lo mismo sucedió en el mes de enero con los aumentos para febrero. 7% para los más chicos, nada para los más grandes.
En el medio, la facturación de servicios de las grandes empresas (Telecom-Clarín, Movistar, Claro, Telecentro, Supercanal) llegó a los clientes con aumentos por encima de los fijado por el gobierno. Con la costumbre de jugar con la regla del “hecho consumado” y con su capacidad de lobby, las grandes “telcos” presionaron de esa manera a las autoridades. Cafiero, Fernández, Ambrosini, López debieron decidir: ¿negociar o imponerse?
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La resolución de este conflicto no parece estar cerca. Más cuando en las últimas semanas se conoció un fallo de un Juzgado Federal de Córdoba que, a favor de una pequeña empresa provincial, declaró la suspensión del DNU 690 por anticonstitucional y por dañar la libertad de empresa y de expresión de la demandante. Este hecho abrió la pelea, más dialógica que judicial, sobre la aplicabilidad (o potencial aplicación) de este fallo a toda la industria telco. Lo cierto es que el gobierno, a través del ENACOM, ratificó la vigencia del DNU, de los aumentos diferenciados y del poder gubernamental en la materia.
En el juego político, el gobierno eligió negociar con unos e imponerse con otros. Sin que esto sea igual a enfrentarse abiertamente, la confirmación de los aumentos marcó la posición oficial ante una cuestión abiertamente conflictiva y polémica: intervenir en la generación de renta del sector de las telecomunicaciones en pos de la universalidad del acceso a servicios considerados esenciales.
En ese marco, Ambrosini y compañía decidieron desoír los reclamos de las empresas que mayor margen generan –y que incluso repartieron millonarios dividendos en dólares en plena pandemia-. Pero también eligieron negociar y hacer caso a las demandas del sector cooperativo y PYME de las telecomunicaciones que reclamaron un trato diferencial ante los mayores costos y menores márgenes de ganancia. Con la asimetría que asignó mayores aumentos en los abonos a los que menos clientes tienen pero mayor relación con gobernadores e intendentes de todo el país, el gobierno partió al sector telco en su disputa. Tras el DNU 690, empresas grandes, medianas y chicas se habían mostrado disconformes con la decisión. Ahora, las grandes buscan enfrentarse en sede judicial mientras las pequeñas y medianas ya no acompañan tan firmes.
Esta decisión puede traer, al mismo tiempo, consecuencias no deseadas para el gobierno: que los servicios aumenten más en las ciudades más perjudicadas por el funcionamiento del mercado telco. Los clientes de las pequeñas empresas pagarán más que aquellos que se abonan a las grandes. Y en las ciudades donde compiten, esto puede ser un tiro en el pie.
Entre imponerse o negociar, el gobierno eligió ponerse firme con las grandes firmas y parar la oreja ante los reclamos de medianos y chicos. Sin salida clara del conflicto con Telecom, Telefónica, Claro, Telecentro y Supercanal (que parece dirigirse a la judicialización), la regulación asimétrica busca sumar musculatura política a una decisión que nació con pocas definiciones. Y que necesitará de mucha voluntad política para ver sus efectos en los bolsillos y las conexiones de los argentinos.
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