El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, admitió haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios durante el martes por la noche y por esa razón fue denunciado ante la Justicia por el espacio político Republicanos Unidos. "La gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto (los saqueos), le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada se lleven lo que se puedan para canjearlo por comida", se justificó.
En diálogo con Crónica TV, quien fue candidato a presidente en las PASO dijo que lo que ocurrió en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza y Neuquén no es "un hecho delictivo" convocar a saquear, sino que "el hecho delictivo es que el kilo de milanesa está $4.200, un kilo de papa $1000 y un kilo de azúcar $1000". Y agregó: "Nosotros no aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa y la gente de los barrios que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones, en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios".
Por otro lado, Castells señaló: "Nosotros les avisamos a los funcionarios una y otra vez que no sean tontos, les decíamos ‘no sigan tirando de la soga, traigan los alimentos’. Esto se soluciona en 24 horas". Y amenazó: "Pero si no lo solucionan, van a ver de nuevo lo del 89´ y lo del 2001".
Por dichas declaraciones, Republicanos Unidos presentó esta mañana una denuncia penal contra el dirigente social, en la que lo acusó de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución". Y añadieron, en un comunicado de prensa: "Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como "nosotros"-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica".
La presentación judicial lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, y la denuncia quedó radicada ante el juzgado criminal y correccional Número 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas. Desde Republicanos Unidos advirtieron que de comprobarse el delito las penas de prisión van de entre dos a seis años según la gravedad del mismo.
Horas antes, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández manifestó que el accionar no era espontáneo ni casual. "Si yo tuviera quien está detrás, hubiese empezado por ahí para que usted no me lo pregunte. Todavía no tenemos datos fidedignos que nos hagan decir si fulano o mengano son los responsables. Yo no lo puedo decir, si otra persona lo hizo sabrá porqué lo hace", marcó. En este marco, se siguen analizando acciones y pasos a seguir frente a la situación.
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