Amplían denuncia contra Revolución Federal por nuevas amenazas e incitaciones a la violencia

“Volvé Sabag Montiel!”. “Las calles piden un golpe de estado de Milei, Villarruel y Macri. La última esperanza”. “La Bala que no salió y la PALIZA que si SE DIÓ”. “La pólvora fue inventada en el siglo IX, no hay excusas para que esta gente siga respirando”. Estos son algunos de los tuits que realizaron en los últimos días Leonardo Sosa y Jonathan Morel, fundadores de la violenta organización antiK Revolución Federal, quienes están procesados desde el año pasado por incitar a la violencia. Sosa y Morel continúan con el mismo tono amenazante en las redes sociales donde persisten en sus agresiones contra dirigentes políticos, sobre todo, CFK. Ante esta situación, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Ana Clara Alberdi, hizo una ampliación de denuncia contra ambos en la investigación penal que los jóvenes de ultraderecha tienen abierta en la Justicia. Los acusa de alzarse contra los poderes públicos y el orden constitucional, actividades que están bajo su órbita de supervisión. La Justicia ordenó que se resguarden los tuits de los denunciados.

“Las publicaciones recientes del Sr. Jonathan Morel y el Sr. Leonardo Franco Sosa muestran una manifiesta radicalización de sus expresiones de violencia e incitación a cometer tos delictivos que atentan contra el orden democrático y sus instituciones, en particular persistiendo las agresiones y amenazas contra la figura de la Vicepresidenta de la Nación, Dra Cristina Fernández de Kirchner”, señaló Alberdi en la ampliación de denuncia que realizó el 31 de agosto pasado ante el juzgado que comanda Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investiga a Revolución Federal. El escrito está en línea con la publicación de El Destape del 23 de agosto en la que se dio cuenta de una serie de tuits de Sosa en los que el joven procesado llama a votar por Javier Milei, pide elecciones anticipadas, amenaza a CFK, festeja y fogonea saqueos y se burla de los 30.000 desaparecidos.

Las nuevas amenazas y provocaciones

“La presente constituye una ampliación de hechos de la causa en trámite toda vez que se observa que los denunciados, integrantes de la agrupación denominada Revolución Federal, persisten en mantener numerosas expresiones que atentan contra el orden público, sus representantes y sus instituciones”, señaló la interventora de la AFI en el escrito que presentó ante el juzgado federal Nº 8 el último día de agosto. En la ampliación de denuncia se citan distintos tuits de Sosa y Morel. Entre ellos se destacan:

• “Volvé Sabag Montiel!”. El tuit fue publicado por Leonardo Sosa, el 9 de agosto pasado. La referencia es a Fernando Sabag Montiel, detenido y procesado por intentar asesinar a CFK. Sabag Montiel fue quien gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina.

• “Cárcel y BALA, no es muy difícil” también tuiteó Sosa el 9 de agosto pasado.
   
• “Las calles piden un golpe de estado de Milei, Villarruel y Macri. La última esperanza”. Sosa, otra vez el 9 de agosto.
   
• “La derecha dice ‘o ganamos por las buenas o por las malas. BANCO”. Sosa, el 13 de agosto.
   
• “Se levantó de la tumba Revolución Federal”.  Sosa, el 13 de agosto. 

•  “La Bala que no salió y la PALIZA que si SE DIÓ”, escribió Leonardo Sosa, el 14 de agosto, post PASO. Sosa y Morel militan a Milei.

• “Nos cargaremos a los necesarios antes de que nos den vuelta”. Sosa, también el 14 de agosto.
   
• “Acá hay 81.628 terroristas para liquidar en Diciembre @VickyVillarruel”, escribió Sosa, en otro llamado a la violencia post PASO. En ese tuit, Sosa escribió sobre una foto de la candidata de Izquierda por el Nuevo MAS, Manuela Castañeira, donde figuraba que había conquistado el 0,35% de los votos (81.628 votos) y no había entrado a las elecciones de octubre. ¿A quién arrobó? A la candidata a vicepresidenta de Milei, la negacionista del terrorismo de Estado, Victoria Villarruel.

• "La pólvora fue inventada en el siglo IX, no hay excusas para que esta gente siga respirando”, tuiteó Jonathan Morel, el 20 de agosto, en referencia a sindicalistas.

• “@larroqueandres no seas pelotudo. Le gatillaron a la vieja chorra y ¿todavía la querés picantear? Yo que vos cierro el culo, porque sin medias tintas, ni tutubeos te van a hacer correr en orto en el mejor de los casos. En el peor te apedrean por hijo de puta”, volvió a agredir y amenazar Morel, el 25 de agosto.
   
• “Cuándo será el santo día que le metan BXLA a todos los sindicalistas corruptos. Cuando. CUANDO”, se preguntó Sosa, el 29 de agosto, en un nuevo llamado a la violencia.

“La conducta desplegada por los Sres. Morel y Sosa en vinculación con los hechos delictivos de la agrupación a la que pertenecen, representan un intento de violentar el orden democrático y constitucional que requiere la urgente intervención de V.S.”, escribió la denunciante y le pidió urgente intervención al juzgado que investiga a Revolución Federal, que está a cargo Marcelo Martínez de Giorgi, quien está de licencia.

La interventora de la AFI explicó en su presentación que la agencia actuó porque según el Plan de Inteligencia Nacional debe trabajar en “la producción de inteligencia sobre delitos federales complejos contra los poderes políticos y el orden constitucional”. Y considera que los tuits de Sosa y Morel incluyen nuevas amenazas contra la vicepresidenta de la Nación, a quien ya se intentó asesinar. Sin ir más lejos, para los abogados de CFK Marcos Aldazábal y José Ubeira, la organización Revolución Federal pudo estar vinculada al intento de magnicidio.

En el juzgado tomaron nota de la presentación y ordenaron al Departamento de Operaciones Policiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que requiera a Twitter el resguardo de los tuits tanto de Sosa como de Morel. De más está decir que los tuits continúan en el mismo tono hasta la actualidad. Sin ir más lejos, este miércoles pidió que Milei "borré del mapa" a El Destape. 

La de Alberdi no es la primera presentación que realizó la AFI contra Revolución Federal. Durante la intervención de Agustín Rossi, la agencia se presentó en la Justicia con una serie de audios que surgían de conversaciones públicas de las redes sociales donde Morel describía el plan para matar a CFK (el mismo que terminó ejecutando Sabag Montiel) y llamaba a asesinar a Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández.

El caso Revolución Federal

El 3 de noviembre del año pasado, el juez Martínez de Giorgi procesó a Sosa, Morel, Gastón Guerra y Sabrina Basile por considerarlos integrantes de una organización (Revolución Federal) que impone sus ideas o combate las ajenas por la fuerza o el temor. Señaló que agitaron el clima social hasta llegar a su punto más álgido con el intento de asesinato de CFK, el 1º de septiembre pasado. Tanto para el juez como para el fiscal Gerardo Pollicita, los ataques de Revolución Federal debían investigarse de manera conjunta con el intento de homicidio de la vicepresidenta. Pero la Cámara Federal porteña, con los votos de jueces macristas, rechazó esa postura.

En la mentada resolución del 3 de noviembre, Martínez de Giorgi consideró probado que “a través de esta organización (Revolución Federal), los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Para ello, utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes-“. De esa forma, señaló Martínez de Giorgi, “generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas. La finalidad del accionar llevado adelante por los/as nombrados/as a través de la organización Revolución Federal, fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados –pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-”.

Por estos hechos los 4 fueron detenidos. La Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación el 1 de noviembre, es decir, dos días antes de que Martínez de Giorgi resolviera la situación procesal de los imputados.

La misma cámara, en febrero de este año, ordenó la modificación del delito adjudicado a los  acusados. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Mauricio Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py, bajaron la calificación de los delitos por los cuales fueron procesados. Sosa, Morel, Guerra y Basile habían sido procesados por delitos contra el orden público que tienen un máximo de 8 años de prisión. Entonces, los jueces de Macri cambiaron la calificación del delito y lo redujeron a incitación a la violencia colectiva, que baja a 6 los años de reclusión. El tercer camarista de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que bloqueó que se los investigue en la misma causa del atentado contra CFK, directamente dijo que no cometieron ningún delito.

Esta baja de la calificación del delito imputado así como la victoria de Milei parecen haber provocado que estos dos jóvenes vuelvan a realizar con total impunidad las mismas acciones por las que están procesados.

Según la investigación judicial, la primera manifestación violenta de Revolución Federal de la que se tiene constancia fue el 25 de mayo de 2022. Fue una marcha de antorchas hacia el Congreso. En total, el fiscal Gerardo Pollicita contabilizó al menos 17 episodios. Consideró que los ataques de la violenta organización fueron in crescendo hasta llegar al 1º de septiembre cuando se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Entre esos ataques se cuentan agresiones al Instituto Patria, al Banco Central, a Sergio Massa, a Juan Grabois, a las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer, a Victoria Donda y a Victor Hugo Morales, entre otros.

Entre las diversas líneas investigativas que tiene el caso de Revolución Federal se destacan la línea financiera y el nexo con quienes atentaron contra Cristina.

Morel –a través de una carpintería a su nombre- recibió pagos millonarios por parte de dos fideicomisos relacionados a la empresa Caputo Hermanos S.A, vinculada a exfuncionarios de Macri. Varios de los pagos coincidieron con los ataques que realizó la organización, por eso están bajo análisis. Por su parte, Brenda Uliarte, detenida y procesada por el intento de magnicidio de CFK concurría a marchas de esta violenta organización.