Milei y Bullrich: una tragedia letal en tres actos

El primer acto de esta tragedia fue la provocación. Las fuerzas de seguridad comenzaron a aplicar el protocolo casi una hora antes del comienzo de la marcha, convocada para las 17. Apenas había un puñado de personas en la esquina de Rivadavia y Callao cuando una formación de infantería militarizada avanzó con empujones, palazos y gases para despejar esa esquina. La excusa fue la aplicación del protocolo pero también atacaban a quienes se mantenían sobre la vereda. 

Beatriz Blanco, de 81 años, fue agredida por un policía que primero le tiró gas pimienta y luego de un empujón la arrojó a la vereda. Terminó con un corte en la cabeza y cuatro puntos de sutura. Las imágenes recorrieron el mundo. Eso sucedió a las 16:15 y el aire ya picaba por el humo tóxico que disparaban a mansalva los cabeza de tortuga. Un rato más tarde, cuando ya había miles de personas frente al Congreso, el clima era tenso y presagiaba violencia.

Antes del miércoles hubo, en los últimos 45 días, dos marchas tanto o más grandes que ésta, con tono netamente opositor y convocatoria amplia, a la que adhirieron varios sectores sindicales, políticos y sociales. La primera fue el 1 de febrero por el orgullo antifascista y en protesta por el discurso de Javier Milei en Davos. La segunda fue hace apenas una semana, el 8 de marzo, por el día de la Mujer. En ninguna hubo policía y en ninguna hubo nada que lamentar.

A las 17, la hora señalada, tuvo lugar el segundo acto. En la esquina de Entre Ríos con Hipólito Yrigoyen comenzó una nueva fase de la represión, que 18 minutos más tarde terminaría con un cartucho de gas lacrimógeno impactando contra la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo mientras hacía su trabajo. Grillo, de 35 años, sigue en estado crítico y pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Las imágenes que registraron el hecho no dejan dudas: le disparó un oficial de Gendarmería.

Varios videos muestran cómo la cápsula que lo alcanzó volaba a baja altura, en paralelo al piso y en línea recta contra él. El protocolo establece que esas armas deben dispararse en forma elevada a 45 grados, para que haga una parábola en el aire mientras descarga el gas pimienta sobre los manifestantes. El mismo cartucho lleva escrita una advertencia que dice: “PELIGRO. No disparar directamente a personas. Puede causar heridas graves o muerte”.

El material audiovisual también da cuenta de que el que alcanzó a Grillo no fue el único disparo que se hizo apuntando directamente a los manifestantes sino que varios policías, en ocasiones reiteradas, realizaban ataques contra el cuerpo de las personas. Las pistolas lanzagases habían estado vedadas en la Argentina desde el asesinato con este arma del docente Carlos Fuentealba en una protesta en Neuquén en 2007. Patricia Bullrich derogó esa prohibición en diciembre de 2023.

Grillo no fue el único reportero agredido en la marcha del miércoles. Al fotógrafo Marcos Sierra un comisario le partió la nariz de un bastonazo cuando trataba de retratar con su cámara las detenciones y luego fue golpeado varias veces en la cabeza por cinco agentes. El equipo de Crónica TV estaba registrando la represión desde la vereda cuando fue atacado por la Policía Federal: el camarógrafo Guillermo Lépore y el cronista Emanuel Herrera recibieron balazos de goma.

El ataque a camarógrafos y reporteros para encubrir la violencia policial es un clásico del esquema de seguridad del PRO desde que Mauricio Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y que luego Bullrich adoptó con coherencia en sus dos gestiones como ministra del área. El bautismo de fuego fue en el Hospital Borda en 2013. El jefe de ese operativo fue Horacio Giménez, que asumió recientemente como ministro de Seguridad en la Ciudad. La policía porteña que conduce fue la responsable de la mayor parte de las detenciones irregulares: 94 sobre 114.

El tercer acto de esta tragedia fue la defensa oficial a los agresores. La ministra de Seguridad reaccionó con el manual del macartismo (“Grillo era kirchnerista”, los detenidos "barrabravas y militantes") y del corporativismo. “Quien disparó el arma lo hizo correctamente”, dijo en una entrevista. “No vamos a abrir ningún sumario contra ningún policía”, zanjó la cuestión. Tampoco dio a conocer la identidad de los agresores, que actuaron con el rostro cubierto y sin la identificación reglamentaria, otra ilegalidad flagrante.

El viernes Milei se mostró con la ministra estrella en ExpoAgro y se sacaron fotos destinadas a su exhibición en redes sociales. Participaron del shooting el vocero Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert, posibles candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Allí el presidente dio un discurso que ratifica la línea oficial: “Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y prenden fuego autos tienen que ir presos”.

El problema es que los que andan con trapos en la cara y prenden fuego autos nunca van presos. La lapidaria resolución de la jueza Karina Andrade que dejó en libertad a los 114 detenidos durante esa tarde noche dice que “a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.

Así como aún no conocemos la identidad de los que hace 9 meses incendiaron el móvil de Cadena 3 en otra protesta en el mismo lugar (pero hubo más de 30 personas inocentes presas por eso), esta vez no se identificaron entre los 114 detenidos a quienes vandalizaron un patrullero sospechosamente abandonado y abierto en el medio de la manifestación ni a los que hirieron de bala a un policía ni a los mitológicos barrabravas que usó el gobierno para justificar la violencia. 

Por el contrario, las cámaras registraron a un policía intentando plantar un arma de fuego de utilería, empleados sin identificación rompieron las veredas a la vuelta del epicentro de la manifestación y los infiltrados, un sello de autor de la ministra, estuvieron a la orden del día. Estaban allí para causar los disturbios que explicaran la represión letal, decidida de antemano. Los que andan con trapos en la cara y prenden fuego los autos, cuando está Bullrich cerca, suelen ser los de azul.

Los hechos profusamente documentados dan cuenta de que el gobierno no buscaba evitar la violencia sino que, por el contrario, hizo lo posible por provocarla. El uso normalizado de armas letales de forma tal que maximizan el riesgo de cobrarse una vida revela que el descuido por la vida de los ciudadanos baja de una orden política. La defensa cerrada de los autores del crimen una vez que sucedió ratifica que Milei y Bullrich no encuentran un límite en el mandato moral de no matar.

Es decir que no se trata simplemente de un gobierno dispuesto a derramar sangre, sino de un gobierno decidido a provocar una o muchas muertes como táctica de terror desde el Estado para conseguir que la sociedad acepte un ajuste que se parece demasiado a un suicidio colectivo. La violencia represiva, en ese marco, no debe leerse como una reacción que busca reponer un orden amenazado sino como un ataque para desarticular cualquier resistencia a un plan de destrucción nacional.

La sociedad también dio un mensaje el miércoles. Después de cada avance de la policía los manifestantes, en lugar de dispersarse, se reagrupaban, como si una convicción colectiva alimentara la necesidad de permanecer en la calle. La represión duró casi cinco horas, hasta pasadas las nueve de la noche. Las protestas, en cambio, se extendieron hasta la madrugada, alimentadas por columnas que se formaron espontáneamente en los barrios de la ciudad y marcharon hasta el centro.

El próximo miércoles la marcha de los jubilados volverá a convocar a miles de personas. Las dos CTA y otras organizaciones anunciaron la presencia plena de sus columnas, que se sumará a los partidos de izquierda y los sindicatos que ya marcharon la semana pasada. Desde el gobierno aseguran que el operativo de seguridad será más grande. El miércoles pasado se ocuparon más de mil agentes entre todas las fuerzas destinadas a la represión.

De acá a una semana llegará otro 24 de marzo y con él una manifestación multitudinaria, festiva y pacífica, como todos los años. ¿Se animarán Milei y Bullrich a buscar la violencia también en esa fecha? El año pasado no lo hicieron pero las cosas ahora son distintas. Como una señal, el gobierno mandó el viernes a la policía a bloquear el acceso a trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos en la EX ESMA. Provocaciones. La violencia surge de un solo lado.

Pero cuando la violencia es persistente, aunque su origen sea unilateral, es inevitable que termine causando una reacción, que a su vez es utilizada para justificar una respuesta aún más violenta. Aunque el recuerdo vivo en la memoria de los argentinos remite a una crisis rápida y furiosa como la de diciembre de 2001 es el momento de preguntarnos si no nos dirigimos hacia algo más parecido a lo que sucedió en octubre de 2019 en Chile: una batalla extensa, sucia y dolorosa.

La otra pregunta que cabe hacerse es cuánto tiene el gobierno, más que su voluntad y la pólvora, para afrontar un conflicto así. Las imágenes del espacio público militarizado, de ancianos y niños sometidos por cosplayers de Robocop, del suelo regado de cascos de munición, no proyectan fortaleza sino que exponen la debilidad de un Milei que sabe que cuando baje de esta montaña rusa la misma policía que ahora usa para reprimir va a esperarlo con el patrullero en la puerta.

Es la misma debilidad que lo obligó a bajarse rápidamente de la guerrita con Clarín, montada por el presidente en nombre de empresarios amigos, sin medir costos ni fuerzas. El jueves dejó su cargo el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, responsable de la investigación por monopolio de la compra de Telefónica por parte de Telecom, del mismo grupo empresario que el llamado gran diario argentino. Su renuncia allana el camino a la fusión.

Clarín anunció el acuerdo con bombos y platillos en la tapa de su diario, que ya no lee nadie pero sirve para enviar esa clase de mensajes a quien quiera recibirlos. “Destrozos en el Congreso: una jueza camporista liberó barras y militantes”, tituló el viernes para celebrar la adquisición, que le otorgará el control del 80 por ciento del mercado de telefonía fija, el 61 por ciento de la telefonía móvil, el 48 del internet en los hogares y el 37 por ciento de la televisión paga.

A Milei tampoco le quedan cartas para jugar con el Fondo Monetario Internacional. Después de un inexplicable viernes negro que concluyó con récord en la venta de divisas en el MULC y en el volúmen operado en MEP, comenzará la semana urgido de novedades de un acuerdo que ya anuncio varias veces pero todavía no existe ni, mucho menos, se puede contabilizar en las arcas del Banco Central. Si no se asegura un desembolso en pocos días, el escenario puede volverse explosivo.

Así, el presidente estará obligado a firmar las condiciones que le pongan adelante. No puede decir que no, porque si el Fondo le saca el banquito es game over. Son las reglas del juego, que él debería saber. Una serie de decisiones estúpidas dejaron el destino de Milei y del país en manos de tres viejos conocidos: el FMI, Clarín y las fuerzas de seguridad. Nada bueno sucede cada vez que las cosas llegan a ese punto, algo que nos viene pasando demasiado seguido últimamente.