Cada modelo económico tiene un modelo de seguridad correlativo. Pasó en 1976, cuando la imposición del modelo de valorización financiera que venía a reformatear la Argentina industrial, de pleno empleo y de reparto 50/50 del ingreso entre capital y trabajo ideado por José Martínez de Hoz necesitó del terrorismo de Estado ejecutado por Jorge Rafael Videla. Ese sometimiento de millones a la miseria planificada, como describió Rodolfo Walsh, solo se podía implantar con el terror, con el miedo. Y pasa ahora, cuando Javier Milei ejecuta un plan económico donde el Estado garantiza la bicicleta financiera a costa de ajuste y Patricia Bullrich despliega su crueldad para aterrorizar a quienes se opongan. Y cada vez es más difícil llamar democrático a un gobierno que día a día se aleja del Estado de Derecho y enfila hacia el autoritarismo.
Esta semana fue un ejemplo cabal de ese binomio economía-violencia, expresado en deuda-represión. La cronología fue la siguiente.
El lunes Milei promulgó la ley Antimafias, el eufemismo que le pusieron a un nuevo instrumento de persecución de la protesta social. La ley dice que “tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. O sea, cualquier cosa puede ser una organización criminal. Que sean 3 o más personas es otra reminiscencia dictatorial.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
A contramano de todo el sistema penal, que sanciona conductas realizadas, el artículo 3 de la ley Antimafias dice que “se presumirá” que alguien está vinculado a una “organización criminal”. Un homenaje a Minority Report, la película protagonizada por Tom Cruise donde la división Precrimen detiene a personas antes de que ellas cometan un delito, incluso antes de que piensen en cometerlo. La película es vieja así que spoiler: termina mal, encarcelaban a cualquier persona y lo dan de baja. Pero Bullrich y Milei lo quieren aplicar en Argentina y presumen que alguien es parte de una organización criminal cuando, por ejemplo, detectan “provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales”. Es decir, si hay una marcha a Plaza de Mayo o al Congreso te pueden calificar como integrante de una organización criminal.
De hecho, salteando un poco los días, es lo que pasó: tras desatar una violenta represión sobre los manifestantes que fueron a apoyar el reclamo de los jubilados Bullrich anunció: "Con la nueva Ley Antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión". Lo cierto, como veremos más adelante, es que detuvieron más de 100 personas al voleo y no documentaron donde los apresaron ni de qué delito los acusaban, lo que determinó que la jueza Karina Andrade los liberara de inmediato ya que no tenía ningún elemento para privarlos de su libertad.
Pero volvamos a la letra de la ley Antimafia porque hay más: la ley establece zonas sujetas a “investigación especial” donde trastocan todo el andamiaje jurídico para manipular el control de un expediente judicial como se les antoje y, para colmo, agregan que un integrante de la organización criminal puede estar afuera de esa zona pero se le aplican las mismas penas. También habilita allanamientos sin control y que la policía pinche teléfonos y haga tareas de inteligencia en redes sociales, todo prohibido por la Ley de Inteligencia.
Y la frutilla del postre: a todos los que identifiquen como parte de una organización criminal se les puede aplicar la pena por el delito más grave que se acuse a cualquiera de ellos. Ejemplo real: Bullrich acusa de sedición a alguien que participó de la movilización del miércoles en defensa de los jubilados y, si logra una condena, puede extenderla a todos los que estuvieron en la movilización. Incluso a los que la promovieron por redes o a este periodista, que convocó desde su programa en El Destape.
El martes Milei publicó un DNU ilegal donde se auto firmó un cheque en blanco en la negociación con el FMI. La ley de Fortalecimiento de la Sustentabilidad de la Deuda establece de forma taxativa que “que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. O sea, digamos, no se puede aprobar un acuerdo con el FMI por DNU.
Milei ya advirtió, y es una de las promesas que se le creen, que pagará la esa nueva deuda con más ajuste. Imposible que ese ajuste no genere descontento social. Y ahí vuelve a aparecer Bullrich.
El miércoles, la ministra Bullrich publicó una resolución para castigar a los hinchas que fueran a apoyar el reclamo de los jubilados. La resolución modificó las reglas para restringir el acceso a las canchas. Por un lado, agregó que prohibir el acceso a la cancha a cualquier persona imputada, procesada o condenada por delitos dolosos con pena de prisión. Hasta el martes solo era para condenados. La imputación no implica culpabilidad. Cualquiera puede ser imputado por algún juez servicial y se queda afuera de la tribuna.
Por otro, la reglamentación establecía que podían dejar afuera del estadio a un hincha por desmanes en el camino a la cancha. Ahora dice que pueden restringirle el acceso a cualquiera que “Hubiere tenido conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de una manifestación o congregación en la vía pública o en lugares abiertos al público en general, con o sin desplazamiento, cualquiera sea su naturaleza”. O sea, si protestás quedás afuera de la cancha. Castigan la protesta social con el cercenamiento de la pasión futbolera.
En este contexto llegó la movilización del miércoles. Estaba convocada para las 17 pero Bullrich decidió que la represión comenzara antes. La idea era impedir una concentración masiva. Los gases y balazos empezaron antes del horario de convocatoria y las patotas policiales desplegaron una estrategia de pinzas entre el Congreso y la 9 de julio para atrapar a los que huyeran de la represión.
Jubilados, hinchas, militantes, ciudadanos, no hubo distinciones para la saña policial que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo con una herida grave y pronóstico reservado y al menos 114 detenidos. La jueza Karina Andrade resolvió que en su juzgado aún rige el Estado de Derecho y dispuso la liberación de los detenidos por un simple motivo: no la policía ni el fiscal le indicaron por qué los tenían detenidos, de qué delito se los acusaba ni donde los habían cazado. Tenía 114 personas detenidas sin un sólo dato para justificarlo. Por eso ordenó que los liberen lo que, vale aclarar, no significa que la investigación no sigue ni un prejuzgamiento de su parte, sino simplemente que no podía tener a personas encarceladas por simple decisión de una razzia ordenada por Bullrich.
En su resolución, la jueza Andrade escribió:
- Comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después.
- A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fuebajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.
- En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados. Situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento. Sobre los detenidos 109) a 113), no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones.
- Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo la exigencia de comunicación inmediata se anuda directamente con la garantía de libertad personal como parte inviolable de la dignidad de las personas para tornar operativa la facultad de los jueces de ejercer sus funciones judiciales, sin demoras, cuando una persona fue sometida a una medida de coerción personal sin orden judicial
- Dicha comunicación inmediata debe cumplir con ciertas exigencias que me permitan, como jueza de garantías, poder realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención. No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación”. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en “flagrancia”, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle.
- El déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad
Desde el gobierno respondieron furiosos. Bullrich dijo que iban a “actuar contar la jueza” y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona la amenazó con un jury en el Consejo de la Magistratura porteño, algo por fuera de su jurisdicción.
En su cuenta de X, Cúneo Libarona dijo que “Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”. Pensó que nadie recuerda que parte de su fortuna la hizo como abogado de los barras Rafael Di Zeo y Alan Schlenker, que se ve que o no eran “criminales organizados” o el hoy ministro no tiene problemas en defenderlos. Todos tienen derecho a defensa, sí, pero un abogado es los casos que acepta tomar.
La jueza Andrade, por su parte, en diálogo con El Destape Radio afirmó: “A mi no me trajeron la información de que los detenidos eran barras”. Fin, diría Manuel Adorni, que cree que todo el mundo comparte su precariedad intelectual y difundió un falso panfleto firmado por el Frente de Izquierda con instrucciones de cómo actuar en una movilización que incluían agredir a los policías y luego victimizarse.
El ataque a la jueza, sin embargo, no se limitó al gobierno. El diario Clarín puso como título central de su tapa que “una jueza camporista liberó a barras y militantes”. Tiene una explicación: el holding que comanda Héctor Magnetto ya tiene Telecom y anunció la compra de Telefónica, operación que lo transforma en el monopolio de telecomunicaciones. La operación requiere de la autorización del Estado, que Milei adelantó que sería negativa. Pero parece que será otro de sus archivos contradictorios. Todo indica que Milei y Magnetto arreglaron y el diario Clarín es simplemente la gacetilla de un grupo empresario para garantizar otros negocios.
En estas horas renunció el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Alexis Pirchio. Era uno de los funcionarios que iba a intervenir en esta fusión Telecom-Telefónica. Parece que el escándalo por la aprobación de esa fusión será mayúsculo.
El jueves, al día siguiente de la represión, hubo premios. La SIDE amplió su presupuesto en 7.366 millones de pesos de los cuales 1.655 fueron para gastos reservados. Pero fue Bullrich la que se llevó el premio mayor: 25.000 millones de pesos. En una nota en El Destape Fernando Alonso detalló que “la ampliación del presupuesto reservado que manejará la ministra se distribuyen $4.750 millones en Actividades Centrales y $20.250 millones sin rendición de cuentas para que la Policía Federal Argentina contrate personal tareas de inteligencia”.
Por si esto fuera poco, el gobierno también prohibió el uso de drones en a 10 cuadras a la redonda de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. El objetivo es claro: evitar que capten imágenes comprometedoras de futuras represiones en las marchas que se vienen. El miércoles se convoca de nuevo a apoyar el reclamo de los jubilados; el otro lunes es 24 de marzo, aniversario del golpe empresario-militar de 1976.
Fue en esa dictadura que Clarín y La Nación se asociaron (en ese entonces también con La Razón) para robarse Papel Prensa, la única fábrica de papel de diarios que estaba próxima a ponerse en funcionamiento. Lo coordinaron con la dictadura genocida, que se encargó del secuestro, tortura y asesinato de integrantes de la familia Graiver, dueña de la fábrica.
Desde entonces Clarín y La Nación son socios en Papel Prensa y en otros negocios, como Expoagro, la feria agroindustrial más grande de la región. Allí fue Milei el viernes, donde aprovechó para respaldar públicamente a Bullrich y para continuar la campaña electoral con José Luis Espert. Hicieron lo mismo en Bahía Blanca, donde aprovecharon la tragedia para mostrar al diputado Espert, ejecutor del boicoteo al presupuesto 2025. Milei recorrió Expoagro casi sin custodia y recibió saludos y afecto; todo lo que no pudo hacer en Bahía Blanca, donde se mantuvo alejado de la gente y rodeado de policías.
"Esto cada día se parece mas a un milagro, que en realidad no tiene nada de milagro, es solo aplicar la buena teoría económica”, afirmó Milei ante empresarios del agro. El día anterior el INDEC informó que la capacidad instalada de la industria está en promedio en el 55%. O sea, casi la mitad de las máquinas del país están paradas. Un milagro que logra el ministro de Economía Luis Caputo.
Caputo aprovechó la visita de Milei a Expoagro y tuiteó: “Expoagro: 7.3 billones de pesos los pedidos de crédito para maquinaria agrícola, solamente con Banco Nación (3 veces más que a todo el sistema financiero el año anterior). El campo invirtiendo más que nunca! La libertad y Argentina avanzan, aunque a algunos les duela”. Esa es justamente la razón por la que no tiene que avanzar el proceso de privatización del Banco Nación que inició el gobierno.
El Banco Nación es uno de los principales sponsors de Expoagro y hace años que otorga créditos al sector, muchas veces a tasa negativa pero con un efecto virtuoso: si el campo produce más exporta más, si exporta más genera más dólares, si genera más dólares es provechoso para el país. Solo la banca pública puede aplicar esa lógica y por eso son los productores agropecuarios los que tendrían que encabezar las protestas contra su privatización.
De eso, por ahora, se encarga el juez Alejo Ramos Padilla, que resolvió darle lugar a una medida cautelar que frena la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, el paso previo a la privatización.
Paradoja: el motivo por el cuál Milei y Caputo quieren vender el Banco Nación es el mismo por el cuál debe permanecer como banco público, la falta de dólares. En lugar de conseguir dólares vía producción y exportación apuntalada desde el Banco Nación, un proceso virtuoso y continuo, quieren vender el principal banco del país y con eso tener dólares para garantizar la fuga, un proceso especulativo y al plazo de la punta de la nariz.
El mismo viernes Caputo manoteó casi 500 millones de dólares para mantener planchados los dólares financieros. En un día se gastó en esta ficción más de lo que cuesta la reconstrucción de Bahía Blanca.
¿Cómo va a cubrir ese pozo que cava día a día en las reservas? Con más deuda. ¿Como va a cubrir la nueva deuda? Con represión. El combo Milei-Bullrich hacia el autoritarismo.
Cerrar sesión