Más que un jefe de Gabinete, Guillermo Francos continúa siendo algo así como un ministro del Interior con algunas funciones extra y rol de vocero oficial. En esa lógica de ministro del Interior, citó para este jueves a los bloques de la oposición dialoguista en Diputados para trazar las líneas generales de un proyecto de reforma política que el Congreso debería aprobar antes de fin de año. Como sucede co n todos oficialismos, sean de la orientación que sean, el objetivo de la Casa Rosada es derogar las PASO, pero entre los opositores hay dudas. Prefieren poner al tope de la lista la aprobación de la boleta única, trabada en el Senado.
La cita es exclusiva para dialoguistas, ya está institucionalizado que Unión por la Patria no corre en las discusiones previas. A lo sumo, le queda tratar de sumar alguna modificación en comisión o en el recinto, dado que cuenta con los dos bloques más importantes. Al encuentro con Francos y el vicejefe Lisandro Catalán irán, en principio, Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal). Vale recordar que la ley Omnibus original que se envió al Congreso a fin de año incluía una reforma política que no sólo eliminaba las PASO y establecía la Boleta Unica de Papel, sino que avanzaba en una sorpresiva propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones.
Ese punto, que de inmediato generó polémica, perjudicaba a las provincias menos densamente pobladas y beneficiaba a las más grandes. Así, Tierra del Fuego y Santa Cruz pasaría de tener cinco diputados a uno y dos, repectivamente, en tanto Buenos Aires aumentaría de 70 a 97 legisladores. Además, las provincias se dividían en circunscripciones y se votaba un diputado uninominalmente por cada una de ellas. Por otro lado, se eliminaban los topes de aportes de personas físicas y jurídicas, y los gastos para las campaña electorales. Finalmente no se trató, pero dudosamente estos puntos hubieran conseguido un consenso mayoritario.
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No hay precisiones, pero se supone que la reforma que propondrá Francos será menos ambiciosa. El jefe de Gabinete ya opinó que, a su entender, las PASO "no sirven para nada". Es una constante de todos los oficialismos, que prefieren resolver las listas entre cuatro paredes. Quien detenta el Gobierno tiene la lapicera para definir sus candidatos. En las fuerzas opositoras se mira con otro cristal: las PASO sirven para resolver diferencias y liderazgos y, eventualmente, sumar aliados a una coalición. El PRO ahora quiere que se mantengan mientras que en la UCR coexisten posiciones diferentes. De Loredo, por ejemplo, quiere que sigan. Los gobernadores, mayoritariamente, están por su eliminación.
Lo mismo ocurre en el bloque de Pichetto, quien ya adelantó que apoya a Francos en su cruzada por quitar las primarias. Sin embargo, otros integrantes de su bloque como Emilio Monzó y Nicolás Massot prefirirían que sigan aunque sin ser obligatorias. Con todo, Pichetto le hizo llegar el mensaje a la Casa Rosada de que antes de eliminar las PASO tendrían que aprobar la Boleta Unica de Papel, un proyecto que tiene media sanción de Diputados y cuenta con dictamen de comisión en el Senado. Pero el oficialismo y la oposición dialoguista no suman los apoyos para aprobarla. Un voto clave es el de la senadora rionegrina Mónica Silva, quien responde al gobernador Alberto Weretilneck, que rechaza la BUP en tanto se mantenga la opción de votar lista completa, algo que perjudica a las fuerzas provinciales.
Respecto al financiamiento de las campañas -que en el Ejecutivo pretenden que sea exclusivamente privado- es más difícil que consigan los votos necesarios. Otra propuesta que circuló en las últimas semanas fue la de bajar aún más la edad de votación, que podría pasar de 16 a 14 años. El interés del oficialismo tiene que ver con la popularidad de Javier Milei entre los más jóvenes, objetivo principal del trabajo que realizan en las redes. Parecen discusiones fuera de contexto en medio de las urgencias de la economía, pero las reformas políticas no pueden aprobarse en años electorales.
Por eso, el Gobierno tiene cinco meses por delante para elaborar el proyecto y conseguir la aprobación de ambas cámaras. Lo que no quiere Francos es repetir el esquema de la ley Bases, con una discusión infinita en el Congreso. Su idea es consensuar de antemano los ejes principales con la oposición amiga para asegurarse que no sufrirá de nuevo para conseguir la aprobación. Este jueves verá de primera mano cuáles son las propuestas que tienen más posibilidades.
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