Pegarle al chancho

"El respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad" publicó el viernes 11 el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a las compañías que más facturan en la Argentina.

El texto se difundió en réplica a la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien dos días antes había señalado al máximo tribunal como responsable de "encabezar y dirigir la articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores", también conocido como Lawfare. La reacción de los principales empresarios de la Argentina es la prueba palpable del íntimo vínculo que une a los tribunales con los dueños del dinero y el poder. Néstor Kirchner solía citar un dicho popular para graficar ese tipo de reacciones: "Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño".

El Foro nuclea a más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), la Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina, la Asociación de Empresas Exportadoras de Servicios (Argencom) y la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE). Son los ganadores permanentes del modelo de financiarización económica e inequidad distributiva que rige desde hace décadas en la Argentina. Cómo publicaron en El Destape Ezequiel Orlando y Ari Lijalad, las grandes empresas argentinas acumularon ganancias aún en plena pandemia, en medio del derrumbe general. El fenómeno es recurrente: los apellidos Rocca, Pagani, Magnetto, Bulgheroni y Pérez Companc, Lacroze, Roemmers, Bagó, Miguens, Braun, Stanley y Ratazzi -entre otros pocos-, llevan más de medio siglo en la élite de los negocios locales. ¿Cómo logran sortear los sucesivos naufragios económicos que cíclicamente hunden a la mayoría de los argentinos? El texto del Foro da la pista definitiva: ¡Es el Poder Judicial, estúpido!

Con cautelares, manejo discrecional de los plazos procesales y lawfare, los tribunales operan como arca, ariete y custodio del poder real. El paradigma es la Corte Suprema, presidida por un abogado de corporaciones que aceptó ser nombrado por decreto en los albores del macriato. Notable por lo obsceno, el caso de Carlos Rosenkrantz sirve como muestra del chiquero que le gusta a la convergencia empresarial.

El sistema político no es ajeno al actual estado de cosas. La naturaleza autocrática del Poder Judicial se potencia con un sistema de selección y remoción de magistrados que favorece el toma y daca corporativo y la rosca de palacio. Es la matriz del mal. 

Como apuntó el reconocido jurista Julio Maier, “el experimento de la reforma constitucional de 1994 con el Consejo de la Magistratura ha fracasado”. Pensado como “custodios de la independencia judicial, (los consejeros) han terminado por cumplir otra función” apuntó Maier, en un premonitorio texto de 2017 donde pregonaba la necesidad de modificar al Poder Judicial de raíz “a fin de garantizar valores esenciales como el federalismo, la participación ciudadana o una verdadera independencia en las decisiones” judiciales.

Ex juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, profesor emérito de la UBA y uno de los mayores especialistas en derecho procesal penal del país, Maier falleció a mediados de julio de 2020. En esos mismos días, el presidente Alberto Fernández -que estudió y enseña los textos de Maier- anunció la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, compuesto por una decena de juristas y magistrados de distintas doctrinas e identidades políticas. Su misión explícita y tácita: establecer un diagnóstico sobre el estado del Poder Judicial y proponer modificaciones para que la justicia deje de ser el chiquero de la convergencia empresarial.

Al cabo de tres meses de deliberaciones, el Consejo le entregó esta semana al presidente un mamotreto de 900 páginas con más interrogantes que certezas. La variopinta convocatoria leguleya derivó en un collage de opiniones donde cada experto asentó por escrito su mirada sobre los temas en debate, pero sin emitir recomendaciones conjuntas ni definitivas. “El informe es maravilloso, sin posiciones únicas, con diversidad, me pone contento porque habla de que elegimos académicos y abogados con miradas propias, es enriquecedor”, ponderó el presidente Fernández, acostumbrado a hacer de la carencia una virtud.

Lo cierto es que el informe es un incordio para el presidente, que pretendía apalancarse en las recomendaciones del Consejo para impulsar la reforma judicial que exige la hora. Y buena parte de su base electoral.

Aunque valioso en lo técnico, la inconsistencia política del informe experto inocula la necesidad de involucrar a la sociedad de lleno en la batalla por reconstruir el Poder Judicial. Si se hace bien, el desafío no será sencillo: el deterioro institucional es tan profundo que requiere de una reestructuración integral. "Un programa constitucional nuevo, ya no de reformas parciales, acorde con el siglo en el cual vivimos y con nuestras experiencias históricas" sostuvo Maier, en su esclarecedor texto de 2017. Y concluyó: "Cualquier destrucción, tanto la física como la institucional o la personal (psíquica), conduce siempre a eso, a la necesidad de comenzar desde debajo de cero, pues resulta necesario, antes de edificar, limpiar los escombros, la basura acumulada".

Que así sea.