El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó semanas atrás el "Protocolo Bullrich", un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. En los detalles de la resolución advierten que se les podrá hacer responsables de los costos del operativo de seguridad a quienes lleven adelante las protestas o cortes en la vía pública, tal como anunció el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana sobre la marcha que ocurrió el pasado 20 de diciembre, por la cual 14 organizaciones deberán pagar 60 millones de pesos.
Según figura en la Resolución 943/2023 publicada en el Boletín Oficial, el protocolo "tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además, se indica que se "podrá demandar judicialmente a las organizaciones" así como a "las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos". Ahora, desde la cartera que lidera Patricia Bullrich indicaron a través de la Resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, cómo es el calculo de los costos que deberán enfrentar las organizaciones sociales.
Cómo se calculan los gastos del operativo de seguridad
La resolución precisa que en la evaluación de los costos de los operativos de seguridad se debe tener en cuenta "las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo".
"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", dice la resolución.
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Artículo 11.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8º, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a la jurisdicción pertinente, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes.
Artículo 12.- Por vía de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLITICA CRIMINAL, o el área que en el futuro la remplace, de este Ministerio, se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones referidas en el artículo 1º, así como del número de infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas.
Cobrarán 60 millones de pesos a quienes marcharon
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes en conferencia de prensa que hay 14 organizaciones sociales que deberán cubrir los gastos del operativo de seguridad por la marcha del miércoles 20 de diciembre "contra el ajuste económico" de Javier Milei.
El funcionario consignó que el gasto por el despliegue del protocolo de seguridad con motivo de la marcha ascendió a 60 millones de pesos. "Será la factura que se le pasará a los movimientos sociales", confirmó el vocero presidencial y dijo que se van a intimar a las organizaciones "para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía".
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