El gobierno comunicó este martes que el abogado Santiago Castro Videla será el nuevo procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el encargado de defender los intereses del Estado. Se trata de un joven de 43 años que es socio del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”, un bufete que representa a grandes corporaciones, entre las que se destacan mineras, petroleras, empresas de telecomunicación y entidades financieras, que podrían litigar contra el Estado lo que provocaría un choque de intereses. La corta trayectoria de Castro Videla se contrapone con la de su antecesor, Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem. Por eso, en tribunales no dudan en afirmar que detrás de Castro Videla asomará su socio, el experimentado letrado Alberto Bianchi cuyo apellido encabeza el nombre del estudio que comparten. Bianchi tiene aceitada relación con el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se dirimen la mayoría de las controversias que hacen al Estado. Sin ir más lejos, actuó como conjuez en la cámara de ese fuero.
El estudio de abogados detrás del procurador
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Castro Videla se presenta como “experto en Derecho Administrativo y Constitucional”. Formado en la Universidad Austral, docente y autor de dos libros, integra la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y es el socio más joven del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”.
En la página web del estudio que el procurador comparte con Bianchi y Galarce se cuenta que tienen por clientes a “empresas que llevan a cabo diferentes actividades vinculadas con la llamada regulación económica. Entre ellas hay prestadoras de servicios públicos (transporte, gas, telecomunicaciones), productoras de gas y petróleo, mineras, constructoras, empresas industriales y entidades financieras”. A esto se suma que el estudio litiga contra el Estado: “La práctica profesional que desarrollamos abarca un amplio campo dentro de las múltiples relaciones jurídicas, tanto contractuales como litigiosas, que pueden trabarse entre los particulares, el Estado Nacional, las provincias, los municipios y otros entes públicos”. Esto abre un interrogante: ¿Qué sucederá si el estudio del que es socio Castro Videla litiga contra el Estado? ¿Alcanzará con que se excuse el nuevo procurador? ¿De hacerlo, quien firme en su lugar podría estar condicionado?
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Los constitucionalistas que conocen a Castro Videla reconocen su trayectoria académica, lo consideran bien formado, pero no ven paralelismo posible con su antecesor, Rodolfo Barra, quien además de un pasado como ministro cortesano y ministro de Justicia tenía una importante ascendencia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde por ejemplo se cuestionó jurídicamente al decreto 70/2023. Por ello, no dudan en afirmar que es muy probable que Bianchi termine teniendo ascendencia sobre él.
¿Quién es Alberto Bianchi?
Es el socio que lidera con su apellido el nombre del bufete que comparte con Lino Galarce y Castro Videla. En la página del estudio se lo presenta a Bianchi como “en la actualidad, uno de los principales especialistas en su materia”. No parece casualidad que sea quien se lleve todos los reconocimientos en la página del estudio y no el joven Castro Videla. Doctor en Derecho, tiene un aceitado vínculo con el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde actuó como conjuez en la cámara de ese fuero, que es la máxima instancia previo a la Corte. Allí, por ejemplo, falló como conjuez de la sala III en junio de 2016. Esto ya no se podrá repetir porque según la ley de subrogancias de 2018 solo quedan conjueces abogados para la Corte Suprema. No obstante, su vinculación con ese fuero, donde pisa fuerte Sergio Fernández, quedó más que expuesta. Esto implica que a partir de ahora un socio del estudio se vincula con el fuero Contencioso Administrativo Federal y otro socio asume como jefe de los abogados del Estado. Total normalidad.
El 23 de diciembre de 2023 Bianchi escribió un artículo en el diario La Nación titulado “El megadecreto de Milei frente al espejo de la Constitución”, en el que respaldó la decisión política de Javier Milei de emitir el DNU 70/2023. Allí dijo que ante una crisis extrema “el gradualismo es un mal consejero”. Y cerró el artículo afirmando: “No veo, entonces, razón alguna para las invocaciones apocalípticas que anuncian el fin de la República”.
“Finalmente Bianchi toma el control de Procuración del Tesoro de la Nación a través de su socio Castro Videla. Nuestros litigios internacionales quedan en manos de quien litiga contra nosotros. Bianchi es experto de nuestras contrapartes en todos los casos internacionales”, afirma quien sigue de cerca los litigios que tiene el Estado argentino en el exterior. Por ejemplo, menciona que Bianchi fue testigo experto pago por fondos buitres en Nueva York. Según precisó la misma fuente, Bianchi trabajó como experto presentado por los demandantes en el juicio Petersen y Eton Park contra Argentina, impulsado por el fondo Burford Capital Limited en la corte del Distrito Sur de Nueva York (cuya titular es la jueza Loretta Preska), que dio lugar a la condena por US$16.100 millones contra la Argentina, fallo que el Estado argentino apeló. Se trata del caso por la estatización de YPF. "Bianchi presentó informes escritos en el juicio y dio su testimonio en la audiencia de daños en Nueva York respaldando los argumentos de Burford. Además, ha participado como experto del lado de los demandantes en por lo menos una docena de arbitrajes contra Argentina en el CIADI", agregó el especialista.
Otra curiosidad que da cuenta de la amplitud de la familia judicial es que Rafael Castro Videla, familiar de Santiago, fue Procurador del Tesoro de la Nación durante la dictadura genocida. Ejerció el cargo durante el gobierno de facto del dictador Jorge Rafael Videla. Estuvo de 1977 a 1981. Según fuentes judiciales fue tío abuelo del nuevo procurador.
El procurador que no fue
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el nuevo procurador del Tesoro de la Nación sería Santiago Castro Videla pocos minutos después de que el candidato que el gobierno hizo trascender que quería para el cargo, Ricardo Manuel Rojas, informara en redes sociales que rechazaba el puesto que le habían ofrecido. Rojas fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y juez en lo Criminal de Buenos Aires.
Rojas tuiteó en X en la mañana de este martes: “Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor.” Había estado el lunes en Casa Rosada reunido con Caputo.
Rojas, a diferencia de Castro Videla, se muestra bastante activo en redes sociales como un feroz antikirchnerista. Por ejemplo, retuitea memes sobre que no fueron 30 mil los desaparecidos por la última dictadura, de que CFK es una “chorra” o de que Nisman fue asesinado. También retuiteó una “broma” que hacía referencia a la Gestapo, la policía de la Alemania Nazi.
A su vez, Rojas escribió sobre la “Inflación como delito” y hasta desarrolló la idea de que durante los gobiernos kirchneristas hubo “Un plan sistemático de corrupción”. Para Rojas: “El presidente de la Nación, como cabeza de ese mismo Poder Ejecutivo, podría disponer mediante un decreto que se implementen las acciones necesarias para que se denuncie y se investigue la responsabilidad de las cabezas de la administración anterior, por la creación de un plan sistemático de corrupción”. “La generalidad de la corrupción advertida durante el gobierno anterior, amerita una investigación a sus cabezas. Si en cada caso obtuvieron o no una participación económica se discutirá luego en las causas que ya están tramitando, pero la creación del plan sistemático de corrupción debe ser investigado de manera independiente, y esa investigación debería iniciarse ahora.”, añadió en un texto que circuló por las redes sociales.
Si bien rechazó el cargo de procurador del Tesoro, Rojas se postuló para “colaborar del modo que sea mejor” con el gobierno de Mieli. En la Casa Rosada dejan correr la versión de que podría ocupar algún otro cargo.