El juez penal porteño Pablo Cruz Casas rechazó el pedido de la fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires Celsa Ramírez para bloquear el acceso a la página web mapa de la policía, un espacio que permite denunciar abusos de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, echaron por tierra el pedido que había realizado la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto. El Destape se comunicó con el Gobierno de la Ciudad, desde donde recordaron que no hicieron ninguna demanda para frenar el Mapa.
Arietto había denunciado a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández por presunto "abuso de autoridad" y la fiscal Celsa Ramírez, en esa misma línea, había pedido el bloqueo de la página. Pero el juez consideró que "carece de sustento el señalamiento realizado por la denunciante de que la web -que ha sido desarrollada por actores particularmente interesados en la prevención, visibilización y denuncia de hechos de violencia institucional- tenga idoneidad objetiva para constituir un canal de recepción de denuncias que de algún modo busque sustituir y/o reemplazar los canales oficiales y/o institucionales".
"La iniciativa tampoco tiene idoneidad para generar confusión en la ciudadanía en relación a cuáles son los canales de denuncia institucionales vigentes, ni ‘desinformar al ciudadano con información falsa y/o errónea’", añade la resolución, a la que tuvo acceso El Destape.
Uno de los argumentos de la denuncia es que la página podría hacer creer a alguien que hubiera sufrido un episodio de violencia institucional que estaba haciendo una denuncia penal, e incluso confundía sobre a qué jurisdicción debía dirigirse.
"Si alguna confusión pudiera caberle a la ciudadanía en general, la responsabilidad por ese estado de cosas sería atribuible a las autoridades públicas que tienen una deuda con la autonomía de la Ciudad hace casi 28 años, antes que a una legisladora de la Ciudad que tiene 22 años, o a las organizaciones y asociaciones de derechos humanos con las que milita", replicó el juez.
El magistrado argumentó su decisión al sostener que "el acceso a la información pública es una herramienta indispensable para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, necesaria derivación de la forma republicana de gobierno".
La fiscal Ramírez había pedido la medida cautelar de bloqueo y, además, que se ordenara al servidor donde está alojada la página y a las autoridades que regulan internet que bloqueen el acceso para "hacer cesar" un supuesto delito. La denunciante Arietto cuestionó a la legisladora Fernández por el impulso que dio a la página y la acusó de "conceptualizar la violencia institucional como una violación a un derecho producto del accionar de un agente policial".
El mapa para mostrar los delitos fue desarrollado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Equipo de Investigación Política (EDIPO), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), el portal Grito del Sur, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre otras organizaciones de la sociedad civil.
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