La Corte Suprema de Justicia rechazó todos los planteos de Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la Obra Pública Vial y allanó el camino para que el juicio oral concluya en plena campaña electoral. Los ministros cortesanos no tienen plazos para expedirse y decidieron no hacer lugar a los planteos de la vicepresidenta, que está sentada en el banquillo de los acusados, justo en la previa del alegato de la fiscalía que apuntará contra ella. Todo indica que la decisión unánime de los supremos empuja a una condena de la exjefa de Estado en una de las causas paradigmáticas del Lawfare. “Es un apoyo a la condena de los imputados”, interpretó uno de los abogados defensores en diálogo con El Destape.
La causa conocida como “Obra Pública Vial” o “Vialidad” se abrió por una denuncia de Javier Iguacel en enero de 2016 y versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación gira en torno al presunto direccionamiento de esas obras. El pleito se encuentra en juicio oral, en su etapa final. Está pautado que el 11 de julio comiencen los alegatos. El veredicto se espera entre finales de este año y comienzos del 2023, es decir, en plena campaña electoral.
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En este marco, este martes, en una resolución de 48 páginas, los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron una serie de planteos claves para la pesquisa que había realizado el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi. Con su decisión, los supremos dejaron en pie una serie de irregularidades cuestionadas por las defensas. Es que los recursos abordaban cuestionamientos a la prueba que contempló el TOF 2, como que solo se analicen 5 obras de las 51 que se denunciaron; sostenían que el mismo hecho ya fue juzgado en la Justicia de Santa Cruz y que además los tribunales federales porteños son incompetentes para actuar en este proceso; y rechazaban la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, que actualmente integran los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitantes de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
En diálogo con El Destape Radio, el exjuez de la Corte Interamericana de DD.HH. y exministro supremo, Raúl Zaffaroni, aseguró que "la Corte está dejando avanzar causas con irregularidades sin meterse".
Básicamente, este martes, el Alto Tribunal avaló lo actuado por el TOF 2, y lo hizo cuando mantiene una pulseada de poder con CFK, que critica a los supremos abiertamente. La Corte no aplicó el artículo 280 del Código Civil conocido como la plancha, por el que los cortesanos suelen esquivar el abordaje de un caso. Los cuatro magistrados contestaron los planteos de las defensas, y sentaron posición en favor de la acusación en tres puntos clave:
- Las medidas de prueba
Uno de los puntos que abordó la Corte fue el de las medidas de prueba requeridas por las defensas. Entre ellas el peritaje de las obras en cuestión que se limita solo a 5 de las 51 obras. El TOF 2 solo autorizó que se auditaran 5, porque, adujeron, son las que la fiscalía consideró que contienen supuestas inconsistencias. Esta decisión fue recurrida por la defensa de CFK ante la Corte. De hecho, fue lo que motivó que en mayo de 2019, antes de que comenzara este juicio, el Alto Tribunal pidiese las actuaciones del caso para analizarlas. Pero los ministros cortesanos devolvieron rápidamente el expediente cuando Clarín multiplicó la presión sobre ellos. Por cierto, para hacer el estudio sobre las 5 obras, el TOF 2 contó con el perito oficial Eloy Bona, quien registraba tuits ofensivos contra Cristina.
¿Qué dijo la Corte sobre este tema? Que en la decisión del TOF 2 no hay un agravio ahora sino que puede haberlo cuando haya una condena. Por lo que este no es el momento para que sea tratado ese planteo. Hizo, de mínima, una plancha. Con su decisión esquivó el tema. Y legitimó tanto a la fiscalía como al tribunal en su avanzada contra CFK. Entre otras cuestiones, sostuvo que las defensas ofrecieron medidas de prueba, algunas de las cuales fueron concedidas, y que también hubo rechazos de prueba solicitada por la fiscalía. De alguna forma, e insólitamente, consideró que no fue vulnerado el derecho a defensa.
El punto en cuestión que queda abierto para las defensas, ya que es interpretable, es si esta cuestión podrá traerse a debate ante el máximo tribunal si se da una condena. Porque los ministros cortesanos no sostuvieron que fue correcta la decisión de solo peritar 5 de las 51 obras sino que eso no afecta el proceso en esta instancia.
- La "cosa juzgada" y la "incompetencia"
Otro de los puntos centrales de este caso es que estos mismos hechos ya fueron juzgados en la justicia santacruceña. CFK planteó que en Santa Cruz “se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez”. En distintas causas que tramitaron por la justicia provincial se analizaron 49 de las 51 obras que son investigadas en esta causa y las mismas fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado del sobreseimiento de Báez. Por esa razón, la defensa de la vicepresidenta hizo dos planteos que escalaron a la Corte: por un lado, que hay “cosa juzgada” (nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho) y por otra la incompetencia de la justicia federal porteña.
Con argumentos arbitrarios los cuatro supremos sostuvieron que los hechos que se investigaron en Santa Cruz son diferentes. Así, respaldaron la postura del TOF 2 según la cual “’la hipótesis acusatoria de este proceso […] resulta a todas luces más amplia e involucraría —más allá del sitio donde se encuentren las obras cuestionadas— la toma de decisiones y la ejecución de actos que habrían tenido lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional’, lo que explica que la causa deba tramitar en esta sede y no en la Provincia de Santa Cruz”, señalaron.
Poco les importó a los supremos que antes de la denuncia de Iguacel, Ercolini haya tenido una causa similar y se haya declarado incompetente.
“En su presentación ante el tribunal casatorio, en términos reiterados en el remedio federal, la defensa no refutó debidamente lo resuelto por el tribunal oral que entendió que el presente caso es de competencia de la justicia federal —y de la que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires— toda vez que la hipótesis acusatoria en este proceso —más allá de lo que luego se compruebe en su ámbito natural del juicio— comprende centralmente la toma de decisiones por parte de funcionarios federales y su correlativa ejecución de actos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en perjuicio de las arcas y los intereses del Estado Nacional”, indicaron los supremos este martes.
Y añadieron: “La apelante yerra en la jurisprudencia que invoca para sostener que resultaría competente la justicia provincial de Santa Cruz. Como se verá, la defensa no logra demostrar de qué manera un criterio fijado en supuestos en que estaban imputados únicamente funcionarios provinciales o en que no se analizó la eventual afectación del erario nacional deba ser aplicable a una hipótesis delictiva como la del presente en el que –más allá de lo que se concluya en el debate– comprende a funcionarios federales y la afectación de las rentas de la Nación”.
Para más de un abogado, los cortesanos espetaron agravios gratuitos a Beraldi a modo de devolución de gentilezas por los distintos pedidos de reforma judicial que realizó el defensor de CFK.
Respecto a la cosa juzgada, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti indicaron que “no hay identidad subjetiva” entre los procesos porque CFK no estuvo involucrada en las causas penales que tramitaron en Santa Cruz: “Ya sea atendiendo a uno u otro fundamento de la cosa juzgada, no es la primera vez que este Tribunal entiende que su alcance constitucional requiere también identidad subjetiva o, puesto en otras palabras, que la misma persona esté involucrada en ambos procesos penales”, señalaron los supremos.
- La legitimación de Hornos y Borinsky
Por otro lado, cual si fuera una provocación, los cuatro ministros cortesanos legitimaron la intervención de la sala IV de la Cámara de Casación en este proceso. Esa sala está conformada por Hornos, Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros son los camaristas que tal como reveló El Destape visitaban con asiduidad a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Ambos fueron denunciados penalmente por esos hechos y recientemente recibieron un escandaloso sobreseimiento.
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La defensa de CFK había planteado que las actuaciones debían quedar radicadas en la sala I ya que por allí tramitan las que llaman “causas conexas” como Hotesur y Los Sauces. “Cuando esta causa llegó a Casación, insólitamente se la quedó la sala IV”, explicaron desde las defensas.
La Corte volvió a decir “siga, siga”: “Debe señalarse que los agravios vinculados a la pretendida vulneración de la garantía del juez natural por haber intervenido la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en lugar de la Sala I no han sido fundados mínimamente”, sostuvieron los cortesanos este martes.
“Es muy complicado que convaliden la intervención de la sala IV como tribunal de alzada de la sentencia que va a dictar el TOF 2”, consideraron desde las defensas. El temor es fundado: resaltan que Hornos y Borinsky se reunían con Macri previo a fallar en contra de dirigentes kirchneristas en diversas causas de persecución judicial.
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Azares judiciales
La Corte tenía estos planteos para resolver hace tres años. Y no tiene plazos para expedirse. Coincidencias del mundo político-judicial, los supremos decidieron resolverlos este 21 de junio, en la víspera del alegato que prepara la fiscalía en esta causa y justo cuando la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo con el Judicial es particularmente tirante.
El caso y las irregularidades
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el TOF N° 2 y el fiscal Diego Luciani.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.
Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista cuando declaró como testigo. También dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. La inmensa mayoría de los testigos que prestaron testimonio en esta causa se manifestaron de forma similar, derribando la acusación. Entre los testigos estuvo hasta el presidente Alberto Fernández, por ser jefe de gabinete de CFK al momento de los hechos investigados.
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¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.
En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. Durante aquella ponencia, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.
El veredicto
El veredicto de este caso se espera para fines de este año o comienzos de 2023, el año electoral. Según el cronograma, este 11 de julio comenzarán los alegatos. La apertura está a cargo de la UIF. Luego vendrá el receso invernal. A la fiscalía le otorgaron 9 audiencias para que se explaye (hay 3 audiencias por semana). Luego, será el turno de las 13 defensas. CFK figura sexta en el orden de expositores, que se definió por orden alfabético. El desarrollo del proceso puede extenderse si la fiscalía replica y las defensas hacen sus dúplicas. A lo que se suma que los imputados pueden pedir tener las palabras finales.
En este contexto, y tras esta resolución cortesana, hay defensas que analizan pedir veedores para lo que se avecina en el juicio. El análisis que hacen es que el Poder Judicial está decidido a disputar poder con el Ejecutivo y el Legislativo y esta causa se transformó en una excelente excusa para profundizar esa puja.
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