El sindicalista Pablo Moyano denunció este miércoles en la justicia de La Plata al procurador bonaerense Julio Conte Grand y a otros cuatro fiscales locales. Los acusa de ser parte “de una organización de tráfico de influencias” que, en connivencia con la gobernación de María Eugenia Vidal, tuvo por objetivo “encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas” y abogados. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nº 16 a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 que comanda Federico Atencio.
Moyano, con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos, denunció en la justicia provincial “la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 –cuya vigencia y efectos aún perduran- estructurada dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”. Según la acusación, a la que accedió El Destape, dicha organización contó “con la asistencia y colaboración de funcionarios –aún no suficientemente identificados-” del gobierno de Vidal y la connivencia de “miembros del Poder Judicial y de Ministerio Público Fiscal”.
De acuerdo al denunciante, el objetivo de esa organización fue “procesar y encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas, y en algunos supuestos los abogados que intervenían en las Defensas, extremos que se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor Víctor Hortel y el firmante”. La acusación se centra en la causa Independiente y en una derivada que apuntó contra Llermanos -abogado de Moyano- y Hortel -abogado del barra de Independiente Damián Lagarone-.
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En la presentación, que se hizo este miércoles, se acusa al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, de “instigación al Prevaricato y Abuso de Autoridad”. Pero también al Fiscal General Adjunto Sebastián Scalera por “prevaricato y coacción a detenidos”; a los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert también de prevaricato y al fiscal Javier Martínez además de prevaricato por los delitos de “desobediencia y abuso de autoridad”.
La acusación es por:
- Instar denuncias falsas.
- Generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios.
- Infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados contratados para influir en los testimonios falsos.
- Manipular material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales.
- Emplear medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas.
- Utilizar ilegalmente fondos estatales.
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Conte Grand y la detención de Moyano
Llermanos resaltó en su presentación que Conte Grand se refirió públicamente en reiteradas ocasiones a “su intención de que los fiscales a su cargo detuvieran a Pablo Moyano”. Por ejemplo, citó declaraciones del procurador en el programa “A dos Voces” que se emite por la señal TN donde aseguró el 31 de octubre de 2018 que “existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido y que podía revertirse el principio de la libertad en el proceso por el de la prisión preventiva”.
El abogado de Moyano también citó declaraciones de dos jueces provinciales y de un fiscal bonaerense que acusaron a Conte Grand. Por ejemplo, hizo referencia a afirmaciones del juez Gabriel Vitale, quien declaró en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia el 2 de marzo pasado. Allí, Vitale dejó un documento que le llevaron agentes de la AFI para detener a Pablo y Hugo Moyano. Según Llermanos, en su testimonio en el Congreso, Vitale también apuntó contra el secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense, Francisco Pont Vergés, un funcionario de estrecha confianza de Conte Grand. Y aseguró que los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert son “obedientes, de manera ciega, a las órdenes que establece el procurador”.
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En otro pasaje de su acusación, Llermanos recordó las denuncias del juez suspendido Luis Carzoglio contra Conte Grand. Carzoglio recibió la visita de los mismos dos agentes de la AFI que fueron a ver a Vitale y con una exigencia similar: que ordene la detención de Pablo Moyano. Pero Carzoglio rechazó ese pedido de detención que se iba a formalizar a través del fiscal Scalera, quien consideraba al gremialista de Camioneros líder de una asociación ilícita. “Ante la medida tomada por Carzoglio que no había sido difundida por el juez pero que ya era comentada en medios desde la mañana, el magistrado decidió a última hora del día del martes realizar una conferencia de prensa en donde indicó que desde la procuración General bonaerense se había filtrado la información de su resolución que hasta ese momento no era pública”, recordó Llermanos en su escrito.
Finalmente, Llermanos retomó las declaraciones del Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, quien señaló que “Conte Grand disponía de una unidad especial para armar causas contra personajes del ámbito político contrarios al macrismo”.
En el escrito de 40 páginas, el letrado del líder de Camioneros mencionó diversas irregularidades que surgieron en la causa Independiente y en la derivada que lo involucró:
- El abogado recordó que hubo escuchas telefónicas de una conversación que mantuvo con su cliente Pablo Moyano que surgieron de esa causa y “debieron ser custodiadas por el doctor Scalera” pero “terminaron en manos del periodista Luis Majul”.
- Indicó que cuando Conte Grand declaró en TN que Pablo Moyano sería detenido ya se “había previsto el calabozo”. Mencionó “la celda 13 de la Alcaidía 3 de Melchor Romero”, que fue cableada por la AFI al igual que el locutorio para abogados. “Allí se instalaron equipos de videovigilancia coordinando la actividad con el Subsecretario de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos aires, Juan José Baric”, indicó.
- También señaló que “uno de los detenidos ‘convencido’ por Scalera para declarar falsamente contra Pablo Moyano, le explicó al fiscal que ‘no lo conocía, salvo de algún partido’”. La referencia es a Lagarone. Por ejemplo, sostuvo que “para que Lagarone pudiera tomar constancia de las oficinas de Moyano en el Sindicato, (el fiscal) forzó un allanamiento que tenía como única finalidad ilustrar al testigo mendaz”.
- Lagarone declaró contra Moyano “pero pronto se arrepiente, contrata al Doctor Víctor Hortel y le entrega una carta de puño y letra explicando la extorsión padecida”. Pero como "castigo", Lagarone “quedó unos cinco días en Melchor Romero sometido a las presiones de los ‘enemigos’ de Moyano quienes lo ‘convencieron’ de que se desdijera de sus acusaciones contra Scalera”. Finalmente, entre idas y vueltas, Lagaronne “terminó firmando una denuncia falsa contra los Dres. Hortel y Llermanos. Y con ese solo elemento, que se contradecía con un cúmulo gigantesco de pruebas, se inventó otra causa persecutoria”.
- Finalmente, en la denuncia también se mencionó el testimonio de un compañero de celda de Lagarone, Adrián Castillo. Entre otras cosas, se cita que Castillo relató en otro expediente haber visto a Lagarone “muy nervioso”. “Me dijo que había mantenido una reunión con su nuevo abogado, el fiscal Sebastian Scalera y la Dra Nini”, dijo Castillo, según se rememora en la denuncia. No fue la única referencia al compañero de celda del barra de Independiente. En otra cita de Castillo, se indica que Lagarone le contó que el fiscal Scalera le dijo “que de la única manera que iban a salir era haciendo caer a Pablo Moyano, que este sea detenido como jefe”.