El Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, fue un actor clave en la persecución judicial que impulsó Mauricio Macri mientras gobernó el país. Fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, institución desde donde Cambiemos ejecutó la presión sobre los jueces que no fallaban en sintonía con los intereses de la Casa Rosada.
En el órgano que selecciona y sanciona jueces, Mahiques tuvo a su cargo expedientes muy sensibles como los de los jueces laborales que se manifestaban a favor de los trabajadores atacados por el Gobierno. También instruyó la denuncia contra la camarista Ana Figueroa, la misma jueza que dio a entender que este funcionario la visitó en su despacho para influir en su voto en la causa del Memorándum con Irán. Y tuvo un rol central en la destitución del camarista Eduardo Freiler, el hecho que marcó el inicio del copamiento macrista de la Cámara Federal porteña. También fue quien presentó el pedido de juicio político contra el juez del D'Alessiogate, Alejo Ramos Padilla.
Las denuncias del Gobierno
El expediente 106/17 se inició hace tres años a partir de una denuncia que impulsó el apoderado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Manuel Cañada, contra los camaristas del fuero laboral, Luis Raffaghelli y Diana Cañal. El Gobierno pidió el juicio político y destitución de esos dos magistrados por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de un grupo de trabajadores despedidos del Afsca. Los jueces consideraron que esos empleados fueron despedidos por razones discriminatorias, es decir, por pertenecer a una agrupación política. El instructor de ese expediente fue Mahiques. Lo curioso es que la presentación se hizo un año después de los hechos.
Se trató a todas luces de una denuncia que se abrió por el contenido de la sentencia de estos camaristas, lo que implicaba que debía cerrarse de inmediato: tendría que haberse desestimado in limine. Pero era difícil pensar que una denuncia que impulsó el Gobierno iba a ser rápidamente cerrada por el representante del Ejecutivo en el consejo. La denuncia, que buscaba el desplazamiento de los magistrados, estuvo un año abierta en medio del intento de reforma laboral que agitaba el macrismo. Se cerró el 29 de mayo de 2018. En tribunales interpretaron el hecho como una forma de intimidación de los “jueces díscolos”.
La denuncia contra aquellos magistrados que no fallaban según los intereses de la Rosada fue moneda corriente en la administración anterior.
Por ejemplo, la jueza Mirta González Burbridge reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional y fue denunciada en mayo de 2017 por la Dirección Nacional de esa entidad del Estado. Pedían su destitución. El 5 de abril, Juan Bautista Mahiques pidió la postergación del proceso disciplinario a los efectos de que el caso siguiera vigente y así continuase la presión sobre los jueces de ese fuero, que era clave a la hora de defender los derechos de los trabajadores en medio del intento de reforma laboral. El ataque contra González Burbridge también fue por el contenido de su sentencia.
Otro caso que tuvo a jueces laborales en la mira de la Casa Rosada y pasó por el consejo fue el de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes el gobierno de Macri denunció luego de que dieran lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 y que el Ejecutivo no quiso legitimar. El Ministerio de Trabajo pidió su juicio político. El expediente (146/17) se abrió en julio de 2017. Si bien estuvo bajo la instrucción del diputado PRO Pablo Tonelli, un hecho refleja el grado inquisidor del entonces consejero Mahiques. En el marco de esta denuncia, el representante del Ejecutivo reclamó medidas de prueba respecto a esos magistrados. ¿Qué requirió? Entre otras cosas, pedir a Facebook todos los posteos del perfil de Arias Gibert. La media no fue aprobada porque los consejeros que representaban a los magistrados se opusieron. Era evidente: ninguna de esas medidas tenía relación con el objeto de las denuncias.
El caso Freiler
La destitución del juez de la Cámara Federal porteña (la instancia que revisa lo que sucede en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py) fue la punta de lanza del macrismo para arrasar ese tribunal. Y Mahiques cumplió un importante rol.
Freiler fue desplazado de forma escandalosa de su cargo en noviembre de 2017. Previo a su corrimiento se dio su suspensión y envío a jury en el consejo. El macrismo no tenía los votos para avanzar contra el camarista (necesitaba 9 voluntades sobre las 13 del plenario y tenía 8). ¿Qué hizo entonces Cambiemos con sus aliados de entonces en esa institución? Aprovechó el día de la jura en la Corte de un nuevo consejero (el senador peronista Mario Pais) para avanzar contra Freiler. Así, trabajó con una conformación reducida del consejo de 12 miembros. Eso habilitó que la mayoría se conformarse momentáneamente con 8 votos en lugar de 9.
Para poder votar rápidamente con esos números, tal como consta en actas, Mahiques pidió en ese plenario que se altere el orden del día. Fue el principio de la maniobra. Porque su moción logró los votos necesario para avanzar. Si se hubiera esperado a que se diera el curso normal de esa sesión, Cambiemos no hubiera tenido mayoría. El caso de Freiler estaba muy abajo en el temario y para cuando se iba a tratar, Pais posiblemente hubiera llegado. Por eso se hizo todo a las apuradas. Con el pedido de Mahiques se logró evitar, por ejemplo, las entrevistas de 37 postulantes para los concursos. Su rol no fue nada inocente.
En febrero de este año se cerró en sede penal la investigación contra Freiler que hacía foco en su crecimiento patrimonial, justamente la excusa que se usó en su contra para avanzar contra él en el consejo.
La presión a Figueroa
Mahiques fue el consejero que instruyó la denuncia que tramitó en el consejo contra la camarista Ana Figueroa, integrante de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trató del expediente 185/16 y acumulados. La denuncia contra Figueroa la realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (de la calle Montevido), donde se juntan abogados de empresas y escribas de las dictaduras. El disparador fue un artículo en el diario La Nación escrito por Carlos Pagni (Impunidad y hostigamiento, las dos caras de una Justicia degradada).
En este expediente Mahiques impulsó un sinnúmero de medidas de prueba. Una de las denuncias acumuladas la había realizado el colega de Figueroa, Juan Carlos Gemignani, por un conflicto en torno a mobiliario y computadoras que había en la Cámara de Casación. El inicio de ese episodio del mobiliario terminó con una secretaria de la cámara encarcelada por decisión de Gemignani. Esto le valió al camarista una sanción en el consejo.
La denuncia contra Figueroa terminó archivada luego de que se cumpliera el plazo de los tres años sin una resolución. Es decir, estuvo abierta tres de los cuatro años que gobernó el macrismo. En ese tiempo, Figueroa fue compañera de sala de Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, quien llegó a la Casación por decisión de Macri, a dedo.
Nast: ayer y hoy
Otros dos jueces de Casación que tuvieron una causa abierta en manos de Mahiques entre 2016 y 2019 (es decir, no se desestimó) fueron Alejandro Slokar y Pedro David (renunció en 2017). Curiosamente, ninguno de los dos solía fallar a favor de los intereses de la Casa Rosada. El expediente 261/16 se inició por una denuncia de un grupo de represores. Se caratuló “Nast Lucio Cesar y otros c/ Dres.Alejandro Slokar y Pedro David”. Se cerró el 12 de septiembre del año pasado. Paradojas de tribunales: el genocida Lucio Nast que impulsó la acusación fue recientemente favorecido con la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus. El beneficio se lo otorgó la sala II de la Casación Federal que integran Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista. Slokar votó en disidencia.
El juicio político a Ramos Padilla
Otro hecho paradigmático del Consejo de la Magistratura que tuvo a Juan Bautista Mahiques como protagonista fue la avanzada contra el juez federal de Dolores que impulsó el D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. El representante del Ejecutivo fue el que presentó el pedido de juicio político en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Lo hizo a pedido del entonces presidente Mauricio Macri, quien estaba muy molesto con el magistrado por haber destapado una red de espionaje ilegal con terminales políticas, judiciales y periodísticas. No era para menos: salpicaba a su entorno político. Ese expediente sigue abierto en el consejo.
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