El día después del acuerdo con el FMI: internas, inflación y el futuro de Guzmán

Esta semana se conocerán los detalles del entendimiento técnico que se aprobará antes del 21 de marzo. Cerca de Alberto piensan en un relanzamiento. El desafío de la inflación y la incógnita Guzmán.

19 de febrero, 2022 | 19.48

Esta semana se pondrá punto final al documento con las condiciones de lo que será el nuevo programa del Fondo Monetario Internacional para la Argentina una vez que ese texto sea aprobado por el directorio de ese organismo y el Congreso de la Nación. El apoyo del board fue anticipado este miércoles, después de una reunión informal entre los directores y los técnicos que encabezaron las negociaciones, Julie Kozack y Luis Cubbedu. La ratificación en el parlamento argentino, si el documento no se aparta de las condiciones que se conocen hasta ahora, también está garantizada, a pesar de la resistencia testimonial de algunos sectores del oficialismo, por izquierda, y de la oposición, por derecha. En la Casa Rosada ya piensan en el día después.

A la luz de los últimos acontecimientos, cerca del presidente creen que el tren del albertismo puede volver a pasar y aseguran que, esta vez sí, Alberto Fernández va a subirse. Leen que la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados anticipó los tiempos de una interna que el propio mandatario había habilitado en su discurso en Plaza de Mayo de noviembre del año pasado. El lanzamiento, si no se posterga por enésima vez, sería el discurso del primero de marzo ante la Asamblea Legislativa. Ese día Fernández tendrá la posibilidad de explicar los pormenores del acuerdo a un sector de la sociedad que todavía desconfía de los términos alcanzados y a los diputados del Frente de Todos que los representan.

Pero sobre todo tendrá la chance, una más, de darle a su gobierno un sentido y de proponer a los argentinos un futuro más allá de la nostalgia por tiempos pasados que fueron mejores y del estado de excepción permanente que caracterizó hasta ahora su paso por la Casa Rosada, entre pandemia y negociaciones por deudas imposibles. Sin eso, el acuerdo con el FMI no será, en el mejor de los casos, más que un dispositivo para estirar durante otros dos años la deriva lenta de una nave cuyo rumbo no está claro para la mayoría de la tripulación, no porque no exista (¿existe?) sino porque nadie se tomó el trabajo de explicarlo. Así, sin mapas, es difícil llegar a buen puerto pero más difícil todavía convencer a la sociedad de que el camino que se eligió es el adecuado.

Esta semana circularon, en algunos despachos importantes del gabinete y entre diputados y senadores del Frente de Todos, al menos dos borradores distintos del acuerdo con el Fondo, con diferencias significativas entre ellos y algunas cláusulas que se apartan de lo que se dio a conocer hasta ahora y pusieron en guardia a algunos legisladores del oficialismo. En el gobierno advierten que ninguno de esos textos es la versión final, que por otra parte se seguirá trabajando en reuniones online con Washington que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tienen agendadas para este lunes. Y aseguran que no habrá sorpresas en el proyecto que, prevén, entrará al Congreso antes del viernes.

“Si hay sorpresas va a costar aprobarlo”, advierte un diputado que viene midiendo la temperatura del bloque. Es un hecho: al gobierno no le sobra nada. No es tanto una cuestión de cantidades como una apreciación cualitativa. Muchos de los diputados y senadores que tienen previsto votar a favor, tanto en el oficialismo como Juntos por el Cambio, lo harán con más responsabilidad que convicción. Cualquier sobresalto puede generar reacomodamientos que pongan en riesgo la delicada estrategia parlamentaria: un tratamiento intenso pero corto, votaciones ajustadas pero sin suspenso y un resultado que permita que todas las posiciones al interior de cada coalición queden expresadas. Apuestan a que esas diferencias terminen resultando más costosas para la oposición.

Otro documento diferente que también rebotó profusamente entre whatsapps oficialistas en los últimos días se presenta como un complemento de aquel: consta de una serie de propuestas que deberían acompañarlo para morigerar su impacto político y económico, direccionar su costo hacia los segmentos más acomodados de la sociedad y particularmente quienes se beneficiaron adquiriendo los dólares del FMI a precio de remate para sacarlos del país. Se habla de impuestos a la propiedad, de suba de retenciones y de transferencias directas de recursos hacia los sectores postergados. Aunque el sentido del texto va en dirección con las manifestaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nadie reivindicó su autoría.

En el gobierno dicen desconocer esos planes y apuntan la dificultad de aprobar leyes con ese espíritu en un escenario de polarización exacerbada. En cambio, proponen fortalecer la recaudación adoptando otros mecanismos que permitan avanzar sobre una enormidad de recursos que hoy en día se pierden entre la evasión, la elusión y la economía informal. Por otra parte, el nudo de los subsidios a las tarifas de energía se enredó más de lo previsto a partir de una suba pronunciada del precio internacional del gas que dejó obsoletas todas las previsiones de recorte del déficit en ese rubro. El escenario, que ya es problemático, puede convertirse en un infierno si finalmente las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania derivan en un conflicto que corte el flujo de gas ruso hacia Europa.

La sábana corta en este caso es, apenas, un pañuelo. A no engañarse: para devolver 45 mil millones de dólares es necesario hacer sacrificios. El gobierno tiene el poder para direccionarlos, hasta cierto punto. Sólo si se aboca a esa tarea y tiene éxito podrá decirse, con el diario del lunes, que su plan dio resultado. Las únicas herramientas buenas son las que funcionan y la única medicina que sirve es la que hace efecto. Pero este gobierno, con dos años de gestión sobre sus espaldas, no solamente tiene que hacer esa tarea, también tiene que volver a convencer a un electorado que hace pocos meses le dio la espalda. El asunto es que no puede haber un ajuste, porque no es políticamente viable. Pero tampoco puede parecer que haya un ajuste. No queda margen ni para eso.

Así, resulta incomprensible la falta de timing que tuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que el jueves dijo que no se otorgarían, a partir de ahora, nuevas altas a los planes sociales, para enfocarse en un nuevo esquema que sirva para darle a los actuales beneficiarios una salida laboral en el mercado. El anuncio tiene tres problemas. El primero es que mucha gente no conoce la diferencia entre un plan y un programa y creyó que se interrumpía la AUH. El segundo es que resulta difícil evitar la idea de que fue una condición en el marco de las negociaciones con el FMI, aunque el gobierno jure que no es así. El tercero es que, en caso de que el crecimiento de la actividad económica no sea el esperado, resultará imposible sostener la medida por mucho tiempo.

Lo cierto es que la cantidad de planes sociales, hoy unificados bajo el programa Potenciar Trabajo, se multiplicó por cinco en poco más de un lustro. En 2015, cuando concluyó el gobierno de CFK, los beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen eran 200 mil. Durante el gobierno de Mauricio Macri esas dos iniciativas se unificaron bajo el nombre Hacemos Futuro y la cantidad de personas alcanzadas prácticamente se triplicó: en diciembre de 2019 el nuevo gobierno se encontró con más de 550 mil. Pasó la pandemia y hoy la cantidad se disparó a 1,2 millones. Es razonable recorrer un camino que revierta la situación, pero no así: se dilapidó el capital político de una medida que va en línea con un reclamo transversal y causó un profundo malestar en su propia base.

A más tardar, el 21 de marzo, 30 días desde hoy, el acuerdo con el Fondo estará resuelto. Para entonces, el precio de muchos productos de primera necesidad habrán vuelto a aumentar de manera significativa, igual que el mes anterior y el que vino antes. Cumplida su tarea como negociador, el ministro Guzmán deberá decidir si asume la responsabilidad de solucionar ese problema, que encabeza la lista de preocupaciones en todos los estudios de opinión pública o si deja su lugar. Guzmán, o el que ocupe su despacho no solamente deberá resolver el problema. También deberá hacerlo de cara a la sociedad. Un indicador esotérico y caprichoso, pero sintomático: la búsqueda “Guzmán inflación” en Google arroja 174 mil resultados, mientras que “Guzmán FMI” da 960 mil, cinco veces más.