Antes de asumir, Sturzenegger ya sentó las bases de su plan

Javier Milei no miente cuando se jacta de haber hecho “la reforma estructural más grande de la Argentina”. Las disposiciones del DNU 70/23, que sigue en vigencia (con la excepción de un puñado de artículos frenados por el Poder Judicial), sumadas a las que fueron sancionadas en el marco de la ley de bases, sentaron la arquitectura legal para dar vuelta el país como una media. Sus efectos pueden ser diferidos pero están destinados a cambiar, thatcherianamente, más temprano que tarde, el espíritu de la Nación, a quebrarlo hasta volverlo irreconocible. Ese es el objetivo explícito. El ejecutor es un viejo conocido: Federico Sturzenneger.

El problema es que todo lo que se hizo hasta ahora resulta insuficiente. Ni la aprobación tácita del DNU ni la explícita de la ley alcanzan para aplacar las dudas que generan un plan económico inconsistente y un gobierno sin palabra. Sin devaluación ni salida del cepo, nadie quiere apostar la suya: ni el campo, que liquidó apenas lo mínimo y necesario, ni el FMI, ni siquiera los empresarios locales que dictaron al oído del presidente las reformas que siempre soñaron y luego hicieron todo lo posible para conseguir su aprobación. Los grandes beneficiarios de estos primeros meses de Milei ya pasaron por caja, pero sólo retiraron su parte.

A partir del viernes 29 de diciembre del año pasado está vigente el DNU 70/23. Ya lleva más de medio año. Desde entonces rigen, entre otras, las siguientes reformas:

• Derogación de la ley de alquileres y desregulación del mercado inmobiliario.
• Derogación de la ley de tierras. Ya no hay límites para la adquisición de territorios limítrofes por capitales extranjeros.
• Derogación de la ley de abastecimiento. El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado interno en casos de escasez.
• Derogación de la ley de góndolas y el observatorio de precios, dos de los mecanismos que regulaban el comercio minorista para proteger a consumidores y empresas pequeñas y medianas de conductas predatorias de los grandes jugadores del sector.
• Desregulación del mercado aerocomercial. Esta semana se publicarán más decretos complementarios para avanzar en este sentido.
• Desregulación de la salud privada. Permitió la espiralización de los precios de las prepagas.
• Desregulación de las tarjetas de crédito. No hay límite para los intereses y punitorios por mora.
• Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, paso previo para su privatización.
• Eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y derogación de la ley de compre argentino. Condena a la desaparición a miles de PyMEs.
• Derogación de regímenes jurídicos que norman industrias con actores dominantes, como la del azucar.
• Eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que se encargaba de los controles de esa actividad.
• Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior para eliminar cupos, controles y tasas de importación y exportación.
• Modificaciones al Código Civil y Comercial para dar márgenes mayores de libertad contractual, erosionando la protección de la parte más débil.
• Obligación de pagar los compromisos en moneda extranjera en la misma divisa, no pudiendo saldarse en moneda de curso legal.

El decreto fue cuestionado judicialmente por no corroborarse las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional para que el presidente se arrogue facultades legislativas. Siete meses más tarde, la Corte Suprema no se explayó todavía sobre la cuestión. Resulta evidente que no existe tal urgencia, pero a efectos prácticos el máximo tribunal aceptó la validez del DNU. El Congreso tampoco pudo ponerle un freno. A pesar del rechazo en el Senado, la ley que reglamenta establece que para derogarlo es necesario el concurso de ambas cámaras. Hasta ahora, los diputados no lo han puesto en consideración.

En cambio el Poder Legislativo sí aprobó, finalmente, en los últimos días de junio, la ley de bases junto al acuerdo fiscal. En cuanto se publique la reglamentación (una tarea que se está demorando más de lo previsto y, según fuentes oficiales, podría ir ejecutándose de manera paulatina durante varios meses), tendrá plena vigencia otra serie de normas que avanzan en el mismo sentido que el decreto 70/23:

• Delegación de facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética.
• Reforma del Estado. Facultades para la modificación, reorganización, transferencia a provincias y eliminación de organismos públicos. Control sobre los fondos fiduciarios públicos.
• Privatización de empresas públicas (AySA, Nucleoeléctrica Argentina, los trenes, entre otras).
• Reforma de procedimiento administrativo. Interpretación positiva del silencio administrativo para ciertos casos.
• Reforma de la ley de empleo público. Eliminación de la estabilidad de la planta permanente. Se habilitan las jubilaciones forzadas. Prohibición de la actividad política a los empleados públicos. Endurecimiento de sanciones.
• Renegociación de todos los contratos de obra pública.
• Blanqueo laboral sin costos para el empleador.
• Reforma laboral. Reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese. Ampliación de los períodos de prueba. Eliminación de multas por subregistro. Flexibilización de las relaciones laborales. Límites en el derecho a protesta.
• Desregulación de la actividad hidrocarburífera. Se elimina la prioridad del abastecimiento interno.
• Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con beneficios estúpidamente generosos y garantía de estabilidad durante tres décadas.
• Blanqueo de capitales casi gratis, apalancado en una reforma fiscal que le baja el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos y vuelve a imponer Ganancias a un millón de trabajadores que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas.

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea. Para sus primeros días en el cargo promete una nueva tanda de reformas. Gracias a la tarea de diputados y senadores, muchas de ellas podrán llevarse a cabo sin pasar por el Congreso; entre ellas algunas de las iniciativas que eran parte de la ley de bases original y quedaron por el camino fruto de las negociaciones con sus aliados.

Entre los planes inmediatos del flamante ministro están:

• Despido de alrededor de 30 mil empleados estatales, entre contratados, transitorios y permanentes.
• Una ley (bautizada “hojarasca”) y varios decretos simples que eliminarán regulaciones para el sector privado, incluyendo normas de control ambiental, bromatología, de seguridad, entre otros.
• Profundización de la apertura comercial, con eliminación de aranceles, cupos y controles.
• Reforma electoral y política. Eliminación de las PASO. Boleta única. Relajamiento en los límites para el financiamiento privado de la política.
• Privatizaciones de las empresas que fueron excluidas de la ley de bases.
• Derogación o modificación de leyes ambientales, como la ley de fuegos, ley de bosques y ley de glaciares.
• Reforma educativa, incluyendo el arancelamiento universitario.
• Derogación de la ley de competencia.
• Desregulación de la actividad editorial
• Desregulación del mercado de compra, venta y reventa de entradas para espectáculos.
• Eliminación o reducción del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA, del Instituto Nacional de la Música y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Nunca está de más recordarlo. Estamos transitando la tercera experiencia de Sturzenegger en el gobierno. Las otras no terminaron bien. En el sector privado nunca serían tan indulgentes. Para peor, las similitudes son alarmantes. En marzo de 2001, asumió, jovencísimo, como número dos de Domingo Cavallo en el ministerio de Economía, para salvar el gobierno de Fernando De La Rúa. Contaban, para esa tarea, con facultades extraordinarias aprobadas con pocos días de diferencia en el Congreso. La consigna, igual que ahora, era déficit cero. Con la recaudación fiscal se debían pagar intereses de la deuda antes que los salarios.

Fue el autor intelectual y material del “megacanje”, una operación que engrosó criminalmente la deuda pública y empapeló a los bancos con letras del Tesoro garantizadas por el dinero de los impuestos. Con una recesión galopante, la actividad cayó a pique y, con ella, la recaudación que respaldaba esos papeles. El final de la historia lo conocemos. Depósitos incautados, muertos en las calles y la sucesión de cinco presidentes en una semana; pero para Sturzenegger y algunos bancos intermediarios fue una operación por demás lucrativa. Fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo sobreseyeron 15 años más tarde, convenientemente a poco de comenzar su segundo paso por la administración nacional, en esta ocasión como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. En aquel momento decidieron sacar el cepo de golpe pero no tocaron el déficit fiscal, que incluso aumentó. Exactamente al revés que ahora, que fueron a fondo por el superávit pero no levantan las regulaciones cambiarias. No es casualidad: hasta ellos saben que si aplican las recetas que predican, todo vuela por los aires. Por eso intentan, cada vez, distintas combinaciones de shock y gradualismo, ortodoxia y heterodoxia. Nunca funciona.

Uno podría creer que, a esta altura del partido, existió un aprendizaje y esta vez las cosas pueden terminar distinto. Pues no. Como casi todos los especímenes del ecosistema Milei, el flamante ministro está fascinado con Elon Musk. Su biografía circula de mano en mano en el gabinete. En las habituales charlas que da con empresarios, Sturzenegger destaca un pasaje de ese libro que sirve para explicar a la perfección qué podemos esperar de esta, su tercera experiencia en el gobierno. Se refiere a SpaceX, la empresa que tiene el dueño de Tesla y que se dedica a desarrollar vehículos de transporte espacial.

En sus charlas, el ministro cuenta que cuando empezó a desarrollar cohetes, un ingeniero le advirtió a Musk que había que hacer una serie de pruebas antes del primer lanzamiento. El magnate amenazó con echar al ingeniero hasta que le explicaron que eran requerimientos de la NASA. “Por eso los cohetes de la NASA salen 2000 millones y yo voy a fabricarlos por 100 millones”, dijo. Sturzenegger explica que Musk prefiere no hacer ningún test y dejar que los cohetes fallen y exploten que sobrecargar los costos con exámenes preventivos. “No se trata de evitar riesgos sino de encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo”, es la lección.

Musk necesitó tres despegues fallidos antes de anotar su primer éxito. Ninguno de esos cohetes estaba tripulado. Sturzenegger intentará, por tercera vez, hacer despegar su experimento económico. A bordo viajamos los 47 millones de argentinos.