La impronta que presenta el aumento alarmante de los contagios en esta segunda ola de la pandemia, concita una atención que coloca en un segundo plano otras temáticas de relevancia y de aparente menor urgencia sobre las cuales reflexionar. Sin restarle importancia al estado de emergencia que se vive, e incluso con relación a algunas de sus proyecciones colaterales, considero oportuno y necesario abordar cuestiones cuyo análisis no debiera postergarse.
Una ambigüedad descifrable
El interrogante que plantea el título de esta nota genera cierta ambigüedad a los fines de ensayar una respuesta, aunque en realidad lo que encierra es diversas alternativas de anclaje, algunas de las cuales -sin limitarse a aspectos geográficos o topográficos- serán exploradas para intentar dilucidarlo.
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La autopercepción posee particular significancia, siendo en definitiva lo que permite saber -o siquiera suponer- en que punto del camino uno se encuentra, si es que se ha decidido recorrer alguno; cuan cerca o lejos está la meta fijada; si nos quedamos varados o estamos en marcha; si nos hemos perdido y es necesario acudir a algún “geolocalizador” o recurrir a una referencia que nos oriente e impulse para tomar la senda correcta.
En el campo sindical tanto o más importante que la autopercepción, es la percepción que los demás tienen y, especialmente, las personas que integran el universo representado, porque tanto unos y otras inciden en la imagen social que se proyecta como en el grado de legitimación que efectivamente se les reconozca. Atributos, que son fundamentales para cumplir los cometidos gremiales propios a la par de otros roles que les corresponden desempeñar al conjunto del Movimiento Obrero.
El sindicalismo como tal no presenta una expresión única ni aún en épocas en las cuales se haya logrado un elevado nivel de unidad, sino que ostenta manifestaciones diversas que, a su vez, exhiben divergencias varias -naturales, salvables en mayor o menor medida y, también, irreconciliables-; por ende, dentro de ese mismo ámbito las percepciones -propias y ajenas- para nada son homogéneas, ni desprovistas de críticas.
Como ocurre en general con las demás organizaciones e instituciones, existen tendencias y hegemonías a las que se les debe prestar mayor atención, evitando quedarse en pliegues irrelevantes o en cuestiones meramente contingentes.
Ahora bien, en el afuera del mundo sindical es posible reconocer algunas valoraciones sociales predominantes, que también comprende a una parte de las personas que trabajan sean o no sindicalizadas o sindicalizables.
Curiosamente, en las sociedades modernas en las que los derechos civiles y sociales que se alcanzaron -hoy naturalizados- son en gran medida producto de las luchas entabladas por la clase obrera, la valoración que se hace de sus organizaciones es prevalecientemente negativa.
Nadie podría negar que existen comportamientos dentro del campo gremial que favorecen ese tipo de visión, que suelen registrarse burocratizaciones que alejan a los dirigentes de sus representados cuando no de las funciones encomendadas y de los principales deberes a su cargo.
Sin embargo, esa explicación es insuficiente. Por un lado, toda vez que similares conductas se verifican en muchas entidades intermedias -en particular en el gremialismo empresario-, sin que reciban similares reproches. Por otro, que la generalización que involucran esas percepciones sociales no se ajusta a la realidad del desempeño sindical, ni se corresponde con las prácticas que se advierten a lo largo y ancho de nuestro país, sino derivan de una focalización en niveles cupulares y en especial con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Igualmente, se comparta o no esa apreciación, lo cierto es que a esa desvalorización contribuyen -y mucho- los medios de comunicación ligados a intereses empresariales, con alta capacidad de penetración en las capas medias de la población que reniegan de los sindicatos, aún cuando sus derechos laborales y sus ingresos estén fuertemente ligados a la existencia y a la acción de los gremios.
Para el empresariado
La mejor situación es no tener sindicatos o cuanto menos mantenerlos lo más lejos posible de sus negocios, por la simple razón que su presencia importa la disputa por la distribución de las ganancias -hasta ahora expresada únicamente en la magnitud de los salarios- e, inexorablemente, por imponer límites a sus márgenes de discrecionalidad en las decisiones.
Claro que una mayor tolerancia empresaria se advierte cuando, ya sea con respecto a la dirección del sindicato o de su representación de base, se obtiene una cooptación adecuada que garantice invertir el sentido de la actuación gremial y de los intereses que defienden. Alternativa que implica un costo más para la empresa, pero que se compensa sobradamente con la neutralización de un riesgo muy temido: la democratización del espacio en que se desenvuelven las relaciones de trabajo.
Es un error pensar que señalamientos como los precedentes son anacrónicos, que eran actitudes que pertenecen al pasado, a los albores del Capitalismo. Más todavía, creer en la retórica empresarial favorable al diálogo horizontal, gustosa de las mesas de negociación y de privilegiar los consensos.
Ese discurso aparece toda vez que se le impone, cuando el sindicato se planta y demuestra una real capacidad de conflicto -aunque no la ejerza, pero la haga notar-, es recién entonces cuando se manifiesta disposición patronal a consensuar y a la espera de mejores escenarios que permitan prescindir de ese “mal necesario”.
Ejemplos abundan porque el Neoliberalismo al que le es tan afín exhibe la verdadera esencia del Capitalismo liberal, su raíz salvaje, desaprensiva, autoritaria, animada por un insaciable deseo de enriquecimiento consciente de que a mayor acumulación mayor pobreza, peores condiciones de vida y de trabajo.
Cuando el Neoliberalismo cobra injerencia en el Estado, colonizando o condicionando los gobiernos, corroe sus estructuras y corrompe sus instituciones en beneficio de intereses extranacionales y de una elite nativa sólo de nacimiento.
Si bien esos comportamientos son ostensibles en los grupos concentrados, en las grandes corporaciones, no deja de ser un fenómeno que se replica en otras escalas (Pymes) y al que se someten mansamente sectores de la población con aspiraciones de poner distancia con los de abajo -y sus organizaciones más emblemáticas-, sin meditar en ambos casos que su suerte es común con la de la mayoría del Pueblo.
Para el Frente Gobernante
En materia electoral suele sostenerse que el sindicalismo resta más de lo que suma en votos, una convicción extendida que se sustenta no tanto en comprobaciones irrefutables ni en especulaciones válidas en todo tiempo y lugar, sino en función de determinados estadios sindicales marcados por la degradación de cierta dirigencia gremial que ocupa puestos encumbrados, alentadas también por parte de la clase política no dispuesta a competir o ceder en postulaciones a cargos de representación y de gestión.
Sin desmedro de catalogaciones de esa índole, lo que no ofrece duda es la utilidad del aparato sindical para los comicios, su contribución a una logística imprescindible y el indiscutible aporte de sus cuadros militantes fogueados en esas lides.
En lo que concierne al Frente de Todos, la amplitud lograda por la coalición a que dio lugar la deslumbrante iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner contó, entre los factores que la hicieron posible, con la adhesión de un amplísimo espectro sindical que abarcó a sus expresiones más dispares y que, en lo que al Peronismo concierne, posibilitó amalgamar agrupaciones y sectores que hasta mediados de 2019 parecía imposible reunir detrás de una misma candidatura.
El ejemplo que ofrecen las elecciones en Ecuador, da cuenta de la relevancia que reviste la unidad en la diversidad detrás de un proyecto que, cuanto menos en la identificación de un enemigo común -no un simple adversario- y con un programa de raigambre popular antiliberal, permita ganar en primera vuelta. Un punto de partida imprescindible, no de llegada, que abre un camino plagado de dificultades para transitar y en el cual deberán ir definiéndose hegemonías que permitan la consolidación de ese frente político, que perdure lo suficiente como para llevar a cabo las transformaciones postuladas y en su consecuencia retenga el favor popular
En la comparación aludida no es posible pasar por alto las muchas diferencias que exhiben los procesos recientes e historia de ambos países, aunque sobresalen nítidamente dos en favor de Argentina: un Movimiento Nacional con centralidad en una identidad política como la del Peronismo y la sustentabilidad que le confiere uno de sus más valiosos emergentes, un Modelo de organización sindical concentrado y de enorme fortaleza como ningún otro de la región.
Para el Gobierno
En una democracia social y participativa no basta conformarse con los canales de representaciones republicanas, diseñadas en base a una matriz liberal decimonónica como la que dio origen a nuestra Constitución de 1853 y que en su parte dogmática no introdujo modificaciones la reforma de 1994.
Es preciso abrir otras vías de participación, de incorporación institucional y de obtener compromisos efectivos de los aliados naturales de un gobierno que se propone políticas de neto corte nacional y popular, que no son otras que las organizaciones libres el Pueblo y entre las cuales se destacan las sindicales.
Pues, más allá de la valoración que se haga en cuanto a su rol para ganar una elección, es indudable que las organizaciones gremiales, y las máximas representaciones confederales, cumplen un papel preponderante en orden a la gobernabilidad. El acompañamiento o resistencia a medidas de gobierno, constituye un factor de enorme peso para el sostenimiento de las políticas que se formulen y para una gobernanza sustentable.
El protagonismo sindical es propio e inexcusable de un gobierno imbuido de la doctrina peronista, que no pierde esa condición por conformar una alianza con otras fuerzas políticas, en razón de la centralidad innegable que ostenta y que se compadece con la vocación frentista que desde sus inicios distinguió al Peronismo.
Al Ministerio de Trabajo le cabe una responsabilidad principal para articular esa sinergia, en tanto su función no se agota en la administración del conflicto laboral ni puede en ese terreno plantearse neutral su intervención. A esa cartera corresponde mantener una interlocución permanente, que recoja las demandas e inquietudes gremiales pero que también opere como una usina de propuestas al Gobierno para darle respuestas oportunas, tanto como para orientar políticas específicas que garanticen la libertad sindical y diseñen mecanismos que coadyuven a mejorar los estándares de representatividad.
Pronunciarse acerca del lugar que se reconozca a la vertiente sindical, definir una política concreta con respecto al Movimiento Obrero y ponerla en práctica, son imperativos impostergables para robustecer la acción de gobierno frente a tantas emergencias y obtener un reaseguro necesario para la vigencia del sistema democrático.
Voces ausentes o apagadas
Son muchas, recurrentes y crecientes las operaciones desestabilizadoras, algunas francamente destituyentes, que exigen respuestas contundentes que recaen primeramente en el Gobierno nacional pero no eximen de un imprescindible acompañamiento y respaldo sindical.
La soberanía sanitaria y la salud pública es jaqueada cuando se cuestionan infundadamente la compra de determinadas vacunas y su distribución, los programas de vacunación o las medidas restrictivas ante el peligro de colapso del sistema de asistencia médica y los riesgos que implica la presencialidad escolar directa e indirectamente ligada al aceleramiento de los contagios.
Frente a esos embates, ni en lo que respecta a la situación que viven las y los trabajadores de la salud y de la educación como con relación a sus respectivas organizaciones gremiales, se advierte una solidaridad activa del conjunto del Movimiento Obrero.
Se atenta contra la soberanía alimentaria, se registran maniobras de agio y especulación, se verifican desabastecimientos de productos básicos que afectan a la población en general pero particularmente a los sectores más vulnerables, sin que se realicen ni se propongan acciones útiles desde los sindicatos concernidos y a cuyo alcance están los controles que habiliten denuncias para neutralizarlos.
El servicio de justicia está severamente deteriorado, no sólo por las graves anomalías detectadas en los tribunales penales muchos de los cuales están seriamente sospechados de conductas mafiosas, sino en todos los Fueros y con una Corte Suprema en avanzado estado de descomposición. Tampoco a este respecto aparece un reclamo y una repulsa gremial, acorde con las implicancias que supone en general y, en especial, para el sector laboral por la virtual paralización de la Justicia del Trabajo.
La apropiación privada de recursos naturales estratégicos como su explotación irracional en menoscabo del medio ambiente, las medidas a cargo del Estado para un eficaz contralor incluida la recuperación de su administración directa, no aparece en la agenda gremial ni es motivo de pronunciamientos expresos en los niveles más altos de representación sindical.
Otro tanto sucede en cuanto a requerir y recabar información suficiente para fijar posición en torno a decisiones estratégicas, como las concernientes a la administración portuaria o al destino de las llamadas “hidrovías” (una cuestionada y anodina denominación) que refiere a nuestros ríos, patrimonio inalienable de la Nación y ámbito que involucra aspectos muy sensibles en materia de soberanía política y márgenes de autodeterminación económica.
La falta de una decisiva presencia en cuestiones de tanta trascendencia es preocupante y desconcertante; como evidencia un aletargamiento incomprensible, la omisión de propender a una solidaridad activa de clase con respecto a colectivos en riesgo.
No debieran prevalecer las diferencias ni haber fracturas cuando el mundo del trabajo está amenazado, cuando se avizoran serios embates antisindicales y resoluciones judiciales emanadas del Máximo Tribunal de Justicia nacional en sintonía con los deseos empresariales de recortar derechos laborales.
Menos aún cuando está en juego el futuro de la Patria, el porvenir del Pueblo argentino, la disponibilidad de los recursos de la Nación, el pleno ejercicio democrático de las atribuciones conferidas al Gobierno nacional.
Es pertinente, entonces, desde esa perspectiva, preguntarse dónde está el Movimiento Obrero; tanto como plantear que debe ocupar el lugar que le corresponde, en la defensa de la calidad de vida y de trabajo del universo que comprende su representación, pero también asumiendo en plenitud su indeclinable condición de garante de la Democracia, la Soberanía política, la Independencia económica y la Justicia social.