Un censo oficial del gobierno porteño realizado en mayo revela que hay 2500 personas en situación de calle en la capital del país, de las cuales 1500 se encontraban alojadas en los Centros de Inclusión. Sin embargo, las organizaciones que fueron excluidas del relevamiento advierten que el número se multiplica y que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta subregistra a la población más vulnerable.
El número es similar al último censo oficial, realizado en abril de 2019, cuando habían registrado a 1.147 personas, a pesar de los años de crisis económica más el impacto social de la pandemia. Lejos de las 7.251 relevadas en el segundo censo popular realizado el mismo año por organizaciones sociales y civiles, junto con la Defensoría del Pueblo porteña. De ese universo, 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos.
El censo oficial que generó polémica en las últimas semanas se realizó el martes 11 de mayo, entre las 18 y las 6 de la mañana, mientras regían las restricciones del gobierno nacional que limitaban la movilidad desde las 20. Sí se incorporó, por primera vez y tras la recomendación de las organizaciones, a las personas duermen en los paradores.
“Es una foto trucha de la situación real. Creció exponencialmente la cantidad, por lo menos un 30 por ciento”, advierte Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, integrada por gente en situación de calle. “Había un decreto que restringe la circulación a las 20 y salen con muy pocos móviles a las 19.40”, agrega en diálogo con El Destape Radio.
Ávila explica que la geografía de la ciudad en relación a la situación de calle nocturna se modificó completamente, ya que “muchos eligen correrse de los lugares más visibles o céntricos, y pasan a la periferia o buscan formas de esconderse. Entonces ahí ya claramente nunca vas a tener un número real, no van a encontrar a mucha gente porque tienen miedo de que los metan en cana”.
El informe final, a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, se publicará en los próximos días, con el análisis cualitativo de los datos. "Un censo que hicimos hace algunas semanas indica que hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 2.500 personas que están en esta situación, de las cuales 1.500 están en los centros de inclusión social. Más del 85% de personas en esta situación son hombres", declaró la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, María Migliore, en el canal IP.
“Ellos focalizan más en lo cuantitativo que en lo cualitativo, no llegamos a un acuerdo en puntos cruciales como en la cantidad de días en los que se realiza el censo y las franjas horarias”, explica el referente de Proyecto 7.
El 23 de diciembre de 2020 se firmó un acta acuerdo que conformaba una mesa de trabajo integrada por las organizaciones, los organismos públicos de defensa y las agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, con el objetivo de desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo, pero el gobierno porteño avanzó de manera unilateral.
“Las organizaciones sociales y las personas en situación de calle deben participar del censo, por ley, y no la cumplen. Los censos populares surgen para que no impongan sus números, es un desafío enorme”, finaliza Ávila.
El lunes, con un desayuno en la Plaza de la República, al pie del Obelisco, movimientos sociales de la Coordinadora desde Abajo denunciaron "los recortes, el ajuste y el desfinanciamiento por parte del Gobierno de la Ciudad hacia los sectores más vulnerables y necesitados", con las consignas "comer es esencial", "el hambre no puede esperar" y "la calle no es un lugar para vivir".
La actividad fue convocada por Proyecto 7, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MDT) Aníbal Verón, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires y las Asambleas Populares Tierra, Vivienda y Trabajo. Señalaron que el gobierno porteño "incumple con los acuerdos con las organizaciones que día a día somos las que sostenemos en plena pandemia y arriesgando nuestras vidas las necesidades básicas de las familias trabajadoras y desocupadas bajo la línea de pobreza o en situación de indigencia".
Además, denuncian que el subsidio habitacional "no alcanza a cubrir el 50% del valor de una habitación de dos metros por dos metros" y que ante el aumento de las personas en situación de calle sólo reciben “como respuesta la represión".
Mientras tanto, avanza en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli para instrumentar políticas de ayuda y contención a las personas que están en situación de calle.
También esta semana, al mismo tiempo que se informaban los datos del censo oficial cuestionado por las organizaciones, el gobierno porteño lanzó el Operativo Frío, un programa que asiste a las personas que duermen a la intemperie frente a la llegada del invierno, con la entrega de comida caliente, frazadas y ropa de abrigo.
En el lanzamiento oficial del operativo estuvieron presentes María Migliore, y su par nacional, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La ministra porteña sostuvo que "una persona que se encuentra en esta situación está inmersa en una de las situaciones más frágiles y vulnerables que se pueda imaginar, y por eso es tan relevante poder acompañarla".
Según la información oficial, el operativo se realiza a través del programa Buenos Aires Presente (BAP) y contempla la recorrida de equipos especializados "para realizar el abordaje de las personas en situación de calle para invitarlos a ir a los Centros de Inclusión Social del Ministerio e intentar que ninguna persona duerma en la calle".
La tarea está a cargo de 570 trabajadores del BAP y la Ciudad dispone actualmente de 32 centros de alojamiento permanentes y tres de emergencia abiertos desde el inicio de la pandemia.
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