Operación Olivos: el macrismo se prepara para cerrar el caso con sus jueces amigos

La Cámara Federal porteña se prepara para cerrar el caso “Operación Olivos” revelado por El Destape. Se trata de una pesquisa que hace foco en las más de dos decenas de reuniones que mantuvieron en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada el entonces presidente Mauricio Macri y dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país.

Los jueces Martín “Doctrina” Irurzun y Leopoldo Bruglia serán los encargados de revisar los escandalosos sobreseimientos de Macri y los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que dictó el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi. Irurzun y Bruglia son dos camaristas vinculados a Juntos por el Cambio. El primero es hacedor de la doctrina del poder residual, la excusa para detener de forma preventiva a exfuncionarios kirchneristas en la era macrista. El segundo fue puesto a dedo por Macri en el tribunal revisor, es decir, no concursó para el cargo.

Si ambos ratifican la posición del juez de primera instancia y el fiscal ante la cámara porteña, José Luis Agüero Iturbe, no apela esa decisión, la causa quedará concluida definitivamente y prácticamente sin posibilidad de ser reabierta.

La participación de Irurzun y Bruglia en este caso sensible para el mundo político es controversial. Dos jueces de la cámara porteña que no fueron designados por Macri, Eduardo Farah y Roberto Boico, quedaron excluidos de intervenir.

El caso

Durante su presidencia, Mauricio Macri se reunió al menos 16 veces con el juez Mariano Borinsky y otras 2 ocasiones con el juez Gustavo Hornos en la Quinta de Olivos. Los encuentros, revelados por El Destape en la investigación Operación Olivos, constan en los registros de Casa Militar a los que accedió este medio tras un pedido de acceso a la información pública. Son documentos oficiales. Tal como publicó este medio, esas reuniones coincidieron con fallos clave contra CFK y otros exfuncionarios que firmaron tanto Hornos como Borinsky. Acaso, el caso emblemático fue el del Memorándum con Irán, reabierto por estos dos magistrados tras encontrarse con el entonces presidente. A pesar de la abundante documentación que da cuenta de las reuniones, el juez Martínez de Giorgi sostuvo que la mayoría no existieron y el pasado 28 de abril dictó el sobreseimiento de Macri, Borinsky y Hornos sin investigar las visitas.

La decisión de Martínez de Giorgi fue apelada por la fiscal Alejandra Mangano, el 3 de mayo pasado. Para la fiscal el juez hizo “una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados”. Sostuvo que “es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios”. ¿Qué significa esto? Que Martínez de Giorgi no revisó los registros digitales de acceso a la Quinta de Olivos, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos.

“El sobreseimiento se encuentra basado en un documento con información parcial aportado por Casa Militar y en declaraciones testimoniales que no esclarecen las circunstancias que rodearon los hechos investigado”, indicó Mangano. También planteó que Macri tiene varias causas en su contra que poseen puntos en común con esta, como la que investiga la Mesa Judicial, y advirtió que este sobreseimiento prematuro puede generar fallos contradictorios con las otras investigaciones.

En pos de graficar que había muchas medidas para tomar antes de resolver la situación procesal de los acusados, la fiscal enumeró algunas posibles y dejó en evidencia que Martínez de Giorgi se apuró en cerrar el caso. Por ejemplo, mencionó que se podían incautar los registros informáticos de Casa Rosada y Quinta de Olivos en donde estuvieran las constancias de ingreso y egreso de los visitantes. O tomar declaraciones testimoniales a personal que estuviera en funciones en el momento de los hechos y que pudiera haber presenciado en todo o en parte las reuniones del escándalo.

Es que el juez de primera instancia limitó su pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano -que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada- y a dos testimoniales. Su rol se asemejó más al de un abogado defensor que al de un magistrado de la Nación. Entre otras cosas, desconoció las palabras de los propios protagonistas quienes confirmaron los encuentros:

• Borinsky fue consultado por El Destape en abril del año pasado, apenas publicada la Operación Olivos y confirmó que concurrió a la residencia presidencial a jugar al paddle. “Pero no tantas veces”, buscó defenderse.
• Macri, al ser consultado en una entrevista con TN respecto a las visitas de Borinsky a la Quinta de Olivos, respondió: “Fue un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, hizo una propuesta muy buena, y fue a jugar al tenis, varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común”.
• En febrero del año pasado, al ser interpelado por sus pares por sus visitas a Casa Rosada, Hornos, que era presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo que mantiene una relación social con Macri de hace años y que tuvo diálogos con él sobre variados temas judiciales pero no sobre fallos puntuales.

Martínez de Giorgi también soslayó el trámite del caso Memorándum con Irán donde el fiscal ante el TOF 8, Marcelo Colombo, y la integrante de ese tribunal, María Gabriela López Iñíguez, dieron por acreditados los encuentros que el juez dijo que fueron en su mayoría “inexistentes”. “Existen registros que acreditan que  los señores Borinsky y Hornos acudieron a la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos durante los 4 años en que el expresidente Mauricio Macri gobernó el país”, afirmó en más de una ocasión Colombo.

Ahora esta apelación será revisada por Irurzun y Bruglia. El creador de la doctrina del poder residual y el nombrado a dedo deberán ratificar o rectificar lo hecho por Martínez de Giorgi.

La maniobra para acomodar el tribunal

¿Cómo quedaron Iruruzn y Bruglia a cargo de la revisión de la Operación Olivos? La historia es así: la causa quedó radicada en la sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Farah reingresó a la instancia revisora de Comodoro Py durante el gobierno de Alberto Fernández. Se había ido a otro tribunal durante la gestión cambiemita por presiones del macrismo. Boico es el único de los camaristas porteños que fue designado por el actual mandatario. Es decir, la sala II no era la más cómoda para Macri. El punto es que cuando llegó la apelación de Magano los tres camaristas se excusaron de intervenir.

¿Por qué? Por su relación con la causa CFP 8991/19, iniciada en marzo de 2019 contra Macri y Germán Garavano, entre otros, por los dichos del entonces presidente sobre el juez Alejo Ramos Padilla. Allí prestó declaración testimonial Farah. A ese expediente, que da cuenta de cómo actuaba la Mesa Judicial PRO, se le acumuló una parte de las denuncias que realizaron los diputados Martín Soria, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade sobre las reuniones de Hornos a Macri.

La denuncia por las visitas de Borinsky y Hornos se había presentado como ampliación de esa misma causa pero luego se formó un nuevo expediente aparte para abordar estos hechos. Allí es dónde intervinieron Martínez de Giorgi y Mangano.

El apartamiento de Farah en Operación Olivos se vincula con su rol de testigo y presunta víctima de la asociación ilícita de la Mesa Judicial encabezada por Macri. El de Boico, por su rol de exabogado de CFK. Irurzun fue uno de los magistrados mencionados como parte del mecanismo de persecución.

Las excusaciones de todos los integrantes de la sala II, que es la que debía revisar el Operación Olivos, llevaron a que un juez de la otra sala, la I, analizase la excusación de Irurzun. Quien tuvo esa tarea fue Pablo Bertuzzi. Este juez también puesto a dedo por Macri en la cámara porteña pero como premio por condenar a Amado Boudou rechazó la excusación de Irurzun y así lo dejó adentro del caso. Con esa legitimación, Doctrina Irurzun resolvió las dos restantes excusaciones de sus colegas. ¿Qué hizo? Las aceptó y de esa forma Farah y Boico quedaron apartados de intervenir en “Operación Olivos”. Lo increíble es que no se haya aplicado la misma vara de imparcialidad para los tres.

Como quedó Irurzun solo se tuvo que completar el tribunal que va a revisar este caso con integrantes de la sala I, conformada por el mentado Bertuzzi, Bruglia y Mariano Llorens. Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados por Macri de forma irregular en el tribunal revisor porteño. Llorens, que fue designado por el líder del PRO pero por concurso, fue denunciado penalmente por visitar a Macri en la Quinta de Olivos. Es decir, es uno de los jueces involucrados en la Operación Olivos. Su caso, que tramita en un expediente aparte al de Hornos y Borinsky, también está siendo revisado por la cámara porteña que él mismo integra luego de que el juez Sebastián Casanello le dictara la falta de mérito.

Este jueves se conoció el resultado del sorteo que definió al juez que acompañará a Irurzun en la revisión de este caso. Salió el nombre de Bruglia. La maniobra para acomodar el tribunal con jueces cercanos al macrismo quedó sellada. Bruglia y Doctrina Irurzun deberán analizar la apelación de Mangano y definir si ratifican o rectifican la escandalosa resolución de Martínez de Giorgi. Si la ratifican y el fiscal ante la cámara porteña, José Luis Agüero Iturbe –designado por el procurador interino Eduardo Casal-, no apela esa decisión, la causa se habrá cerrado definitivamente y ni siquiera escalará a la Cámara de Casación Penal. Habrá sido una victoria más de la impunidad.