La Auditoría General de la Nación (AGN) presentará una denuncia penal por el manejo de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri. El organismo que revisa las cuentas públicas encontró “numerosas irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de publicidad oficial” en 2017 y 2018. También en el uso de Whatsapp y otras vías que el macrismo utilizó para campañas tanto electorales como sucias. Tal como publicó El Destape, la propia AGN remarcó que el Grupo Clarín fue el principal beneficiado por estas maniobras. El manejo de estas cuentas dependía de Marcos Peña.
Las cuentas que se auditaron son las de la Secretaría de Comunicación Pública que dependía directo de Peña, el entonces jefe de Gabinete. Se analizó todo 2017 y el primer trimestre de 2018. El 2017 fue año electoral y de hecho una de las irregularidades más notorias gira en torno a la campaña “Haciendo lo que Hay que Hacer”. Esa campaña representó un 45% de todo lo que gastó Macri ese año en publicidad pero la AGN dice que no estaba aprobada en el presupuesto.
La AGN también relevó que en 2017 no se registraron 584 millones de pesos, un 27% del gasto total, y que hubo 14.067 órdenes de publicidad que no figuraban en el presupuesto. En síntesis, que manejaron la pauta oficial sin papeles. “En el año 2017, ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1053,7 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín”, resaltaron desde la AGN.
“Luego de un análisis legal realizado en la AGN, se determinó que del informe de auditoría surgieron conductas que ameritan ser sometidas a una investigación judicial, con miras a verificar si podrían ser pasibles de sanción penal”, informaron desde el organismo. “La AGN enviará próximamente la denuncia penal a la Justicia para que establezca si alguno de los hallazgos establecidos en el informe son configurados a partir de conductas que vulneraran la normativa vigente y aplicable al caso, con intencionalidad de perjudicar al Estado Nacional o de beneficiar a determinadas personas o empresas, y por ende podrían constituir delito”, agregaron.
El informe que ahora deriva en una denuncia penal fue aprobado por el Colegio de Auditores en julio pasado. Su integración es transversal a todo el arco político. Está el histórico dirigente radical Jesús Rodríguez, que preside la AGN; Miguel Ángel Pichetto, que representa a Juntos por el Cambio; el siempre operador oficialista Javier Fernández; el radical jujeño Alejandro Nieva; el kirchnerista Juan Ignacio Forlón; la peronista formoseña María Graciela de la Rosa; y el massista Gabriel Mihura Estrada.
En el informe verificó “incumplimientos referidos a la aplicación de criterios objetivos para la asignación de partidas a las distintas publicaciones y/o medio por campaña, que rigen la distribución de la pauta oficial”. O sea que la priorización del Grupo Clarín como máximo receptor de pauta oficial durante toda la era Macri no fue por criterios objetivos.
La AGN informó que tuvo “limitaciones al alcance” para hacer su trabajo, lo que significa que en muchos casos faltan documentos sobre como se manejó la caja de la pauta oficial. También destacó que “se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación”.
Hubo también irregularidades en el uso de datos de los ciudadanos en clave de campaña. Desde el organismo informaron que “se analizaron también los procedimientos de contratación de servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica (SMS; WhatsApp; email, etc.)”. El uso de esos métodos fue clave para el macrismo y la estrategia la pergeñaba Peña, que llegó incluso a utilizar las bases de datos de otros organismos públicos como la Anses.
Otro punto del informe revela que el Gobierno de Macri no efectuó “controles sobre la prestación efectiva del servicio, sino controles sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación acompañada a efectos de realizar el pago”. O sea que solo se fijaban si la factura era correcta, no si la publicidad se había emitido.
La auditoría también mostró que en 2017 una sola empresa recibió el 40% del gasto en publicidad para vía pública. Se llama Latin American Comunication y le pagaron 118 milllones de pesos, “importe que supera en aproximadamente un 1.200% el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación”.
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