El programa de Participación Público Privada (PPP) del macrismo para darle impulso a la obra pública de vialidad estuvo repleto de irregularidades. Así lo determinó la Auditoría General de la Nación (AGN) al analizar contrataciones del proyecto “PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras-Rars Etapa 1”.
Las PPP fueron la carta fuerte que jugó el gobierno de Mauricio Macri para impulsar las obras viales. “Los principales bancos del mundo confirmaron su participación en el fideicomiso de la PPP”, titulaba Clarín en octubre de 2018 al hacerse eco de las palabras del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La cuestionada iniciativa terminó en un fracaso rotundo.
El Colegio de Auditores de la AGN sesionó en forma virtual el 16 de septiembre pasado y aprobó un informe muy crítico con el programa destinado a rutas y autopistas que había proyectado la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) macrista.
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Entre las irregularidades que marcó la AGN, se destacan:
- Un grosero error en el cálculo de costos. La Dirección de Vialidad estimó un presupuesto de costos por un valor de 5.338 millones de dólares a noviembre de 2017 pero las ofertas se adjudicaron por 9.969 millones de dólares. “Se observa una significativa brecha entre los montos estimados y lo efectivamente contratado. En la actualidad se estima que el costo rondaría los 13.100 millones de dólares, más del doble de lo previsto en los cálculos originales”, se especificó desde el organismo de control.
- Problemas de financiamiento. “Los ingresos para financiar las obras de PPP son en pesos, pero las erogaciones se cotizan en dólares, las que además son ajustadas por el riesgo país .Bajo este esquema, no se hace mención alguna al riesgo cambiario al que se expone el Estado Nacional al comprometer pagos en dólares respecto de fuentes de ingresos en pesos”, se indicó.
- Perjudica al Estado. Los recursos para hacer frente a los pagos en dólares provienen de un fondo que recibe pesos de los impuestos sobre el gasoil y los combustibles líquidos. “Para cubrir un eventual déficit, se comprometieron aportes adicionales del Estado Nacional que nunca fueron cuantificados, comprometiendo con ello los recursos del Presupuesto Nacional”, se cuestionó desde la AGN.
- Impacto fiscal. No se realizó un análisis del impacto fiscal para que los legisladores y la ciudadanía pudiesen conocer cuánto se iba a gastar o invertir, como lo dispone la ley.
- Disuelve el control estatal. “El Contrato PPP restringe las condiciones en las cuales el ente contratante puede ejercer la facultad de extinguir anticipadamente el contrato por razones de interés público”, se remarcó.
- Problema de fondos. Tampoco se previó que las empresas aseguren los fondos para las obras antes de la firma de los contratos, “con lo cual la ejecución de los mismos quedó expuesta a variaciones desfavorables del contexto macroeconómico”.
- Incertidumbre. El informe señala también que “el gobierno de Macri concedió prórrogas y modificaciones contractuales que agravaron la situación de incertidumbre, llevando los contratos hasta la actualidad, a pesar de que las empresas todavía no han asegurado el financiamiento y cuentan con un bajísimo grado de ejecución en las obras”.
- Finalmente, se señaló que “los contratos, con todas estas imprevisiones, fueron llevados adelante en el contexto de la negociación del acuerdo con el FMI, de una fuerte devaluación y cierre de los mercados financieros, por lo que el régimen PPP aparece desvirtuado, empleado como un fin en sí mismo, y desviándose del objetivo principal a satisfacer: el interés público”.
La reunión del colegio de auditores en la que se trató el informe de las PPP fue presidida por el titular del organismo, Jesús Rodríguez, quien estuvo acompañado por los auditores generales Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Alejandro Nieva y Miguel Pichetto. La votación en pos de aprobar el informe crítico terminó 4 a 3, con los votos a favor de Forlón, De la Rosa, Fernández y Mihura Estrada. Nieva, Pichetto y Rodríguez firmaron un proyecto de minoría. Ambos se comunicarán a la Comisión Revisora de Cuentas.
El período que se auditó abarcó desde los actos preparatorios, en 2017, hasta la firma de los contratos PPP en seis corredores.
Otro hallazgo
Al auditar las PPP, desde la AGN remarcaron que no se encuentran justificadas “las razones por las cuales el interés público se atenderá mejor mediante el régimen de los PPP”. Por ejemplo, se señaló que entre los 52 proyectos PPP previstos en el Presupuesto del 2018, se priorizaron las autopistas y las rutas, pero no se tuvieron en cuenta los criterios que consideran las necesidades a nivel nacional. En esa línea, se subrayó que por un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Mauricio Macri “destinó al proyecto PPP el 100% de los recursos del SISVIAL, un fondo que financia obras y subsidios en todo el país”.
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