La jueza María Eugenia Capuchetti, que fue la única jueza designada por Mauricio Macri en la primera instancia de Comodoro Py, dictó la falta de mérito de Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías en la causa “Peajes”, un caso que involucra al expresidente. En el expediente se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste, entre los que aparece una firma vinculada al referente del PRO. La magistrada no insistió con los procesamientos de los exfuncionarios macristas que había decretado Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse.
Con su decisión, Capuchetti cerró una maniobra que inició la Cámara Federal porteña en septiembre pasado con el voto de otros dos jueces vinculados a Cambiemos, fallo que fue muy cuestionado por CFK. Entonces, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín "Doctirna" Irurzun anularon lo resuelto por Canicoba Corral y dejaron allanado el camino para que se alivie la situación judicial de los acusados. No obstante, Capuchetti no clausuró la investigación ya que junto a la falta de mérito ordenó un peritaje para profundizar en la maniobra denunciada. Es decir, benefició a los exministros y al exprocurador del Tesoro al dar por tierra lo hecho por el magistrado ahora jubilado pero no cerró el caso.
La falta de mérito
En un fallo que favoreció a los exfuncionarios macristas, Capuchetti dictó la falta de mérito de los exministros de Hacienda y Transporte, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, respectivamente; del exdirector de Vialidad, Javier Iguacel; y del exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
La falta de mérito es una forma de aliviar la situación judicial de un acusado ya que se considera que no hay elementos suficientes para dictar un procesamiento. Es decir, que al menos momentáneamente, no quedan comprometidos. No obstante, no es un sobreseimiento porque no se cierra el caso. Se deja abierta la posibilidad de avanzar con la investigación. En este caso puntual es un beneficio importante para los denunciados porque ya habían sido procesados por estos hechos por otro juez: Iguacel, Saravia Frías y Dietrich por defraudación contra la administración pública y Dujovne por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Ahora se “dio vuelta” esa decisión.
Capuchetti fundamentó su posición en “la ausencia de un riguroso examen técnico contable que despeje dudas acerca la cuestión debatida”. Según se comunicó desde el juzgado, para la magistrada faltó “un requisito esencial en esta investigación” que “resulta relevante para la acreditación de la hipótesis que sostienen los acusadores”, esto es “la determinación del supuesto perjuicio económico que los hechos objeto de estudio habría generado a las arcas del Estado”. “Es fundamental contar con un estudio contable que permita comprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos para corroborar la existencia de uno de los extremos esenciales de la plataforma fáctica”, se señaló desde el juzgado.
Por tal motivo, Capuchetti ordenó “la realización de un examen pericial interdisciplinario”, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A su vez, resolvió extraer testimonios sobre la hipótesis de lavado de activos denunciada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa. Es decir, dicha denuncia se sorteará para ser investigada en otro juzgado.
Capuchetti quedó al mando de esta causa porque está subrogando el juzgado federal Nº 6 que ocupó Canicoba Corral hasta su jubilación.
Fue clave para esta decisión de la jueza designada por Macri una resolución de la Cámara Federal porteña del año pasado.
Una nulidad que provocó la reacción de CFK
La decisión de Capuchetti se estructura en un fallo de la Cámara Federal porteña de septiembre de 2020 que fue criticado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es que el juez Leopoldo Bruglia, quien fue designado a dedo por Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py, y Martín “Doctrina” Irurzun, presidente de la cámara, en aquel tiempo anularon los procesamientos dictados por Canicoba Corral. El argumento fue que los imputados no tuvieron acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagados.
La decisión de la cámara, que allanó el camino para esta falta de mérito, provocó la reacción de CFK, quien el 11 de septiembre pasado dedicó un hilo de tuits a este tema: “AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”, comenzó la expresidenta, en referencia a los dos jueces que fueron puestos a dedo por Macri en la instancia revisora de Comodoro Py. Ambos, Bruglia y Bertuzzi, deben dejar el cargo que ocupan de forma irregular cuando culmine el concurso que se inició para designar a dos jueces “naturales”, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.
En ese hilo, recordó que Irurzun “es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del ‘poder residual’”.
“En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción”, continuó la vicepresidenta de la Nación.
Y cerró: “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”.
Tras esa decisión de la cámara, la causa volvió a primera instancia. Ahora Capuchetti consideró que faltó realizar un peritaje riguroso y por tal motivo no sostuvo la línea de Canicoba Corral.
La única jueza que nombró Macri en la primera instancia de Comodoro Py fue designada en abril de 2019 en el juzgado federal Nº 5 que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide. Tiene una hermana que revistó en la exSIDE y tal como publicó Ari Lijalad en este portal registra seis ingresos a la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani antes de ser designada en los tribunales de Retiro.
MÁS INFO
Caso Peajes: las autopistas que llevan a Macri
La causa “Peajes” se inicia por una presentación de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes denunciaron que tres días antes de que Macri asumiera como presidente, la concesionaria AUSOL -a través de su controlante española Albertis - simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares “por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”. AUSOL está vinculada a la familia Macri.
“Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de AUSOL y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que ‘constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal’”, sostuvieron en su denuncia los legisladores.
A la hora de dictar los procesamientos, en julio de 2020, Canicoba Corral consideró que existió “un complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un Acuerdo de Renegociación que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma SIDECO AMERICANA S.A. en la que el Presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban”.
Es más, el juez añadió: “Para estos fines, los funcionarios de mayor rango, que fueron indagados, se ocuparon de nombrar a personas de su confianza o personas que por su conveniencia aceptaran estas reglas, (aunque dejaran de lado los intereses que debían resguardar) y apartaron de sus cargos a los que no acompañaran estas operaciones”.
Pero Capuchetti consideró que no hay elementos suficientes para sostener ese procesamiento, dictó la mentada falta de mérito y ordenó un peritaje.
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