“Yo soy Macri”, le dijo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón al empresario Cristóbal López en medio del intento de desguace del Grupo Indalo, según declaró el dueño de C5N en sede judicial en noviembre de 2019. A la luz de los contactos telefónicos de Pepín que tiene la jueza Maria Romilda Servini, del registro de sus visitas a la Casa Rosada y de cómo se manejaba con algunos funcionarios –no falta quien le adjudica haber echado a uno por teléfono-, la afirmación de López no parece exagerada. Todo lo contrario.
De acuerdo al registro de ingresos a la Casa Rosada que hizo público Poder Ciudadano, Rodríguez Simón visitó la Casa de Gobierno, al menos, 75 veces entre diciembre de 2015 y julio de 2019. Casi una treintena fueron a la secretaría privada del entonces presidente Mauricio Macri. También tiene varios ingresos a Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Legal y Técnica, dependencias que estaban encabezadas por Marcos Peña y Pablo Clusellas, ambos imputados en la causa de la Mesa Judicial Pro al igual que el propio Pepín. Un número elevado de visitas a Casa de Gobierno para quien era formalmente diputado del Parlasur –lo sigue siendo- y director de YPF.
Lo cierto es que Pepín era considerado un “asesor presidencial”. Según pudo reconstruir este medio, quienes lo trataron le adjudican intervención en distintos casos que Macri quería seguir de cerca como el del Grupo Indalo, el escándalo del Correo o el tema tarifario. El tema tarifas era crucial para Macri, su obsesión, según le decía Pepín a sus interlocutores.
Además, y tal vez para justificar su sueldo, Pepín se encargaba de la cuestión legal de YPF.
No parece casual que este operador judicial también haya sido denunciado en la causa de la Mesa Judicial Pro, caso que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi.
En una reciente entrevista, por ejemplo, Macri confirmó que fue Pepín quien le recomendó nombrar a dos jueces en la Corte Suprema por decreto. Se trata de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, con quienes Pepín mantuvo en total 76 llamados, tal como se desprende del entrecruzamiento de llamadas que ordenó la jueza Servini en el caso donde se investiga el intento de desguace del Grupo Indalo.
En el informe que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) a pedido de la magistrada y por el que Servini citó a Pepín a prestar declaración indagatoria, figuran llamados a funcionarios nacionales, porteños, jueces, estudios de abogados y periodistas. Entre los contactos se destacan:
-59 llamados con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.
-38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
-17 con el otro supremo que designó Macri, Horacio Rosatti.
-162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, también imputado en el caso de la Mesa Judicial.
-Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.
-Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica.
-15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri y también integraba la Mesa Judicial Pro.
-23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.
-231 llamados con abonados del Grupo Clarín, de los cuales 182 son con el Nº 2 del diario, Ricardo Roa.
-129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo, y 3 con Carlos Pagni en fechas clave para la investigación judicial.
Tarifas
Para Macri la cuestión de las tarifas de los servicios públicos era esencial. Era una jugada win win: por un lado quería reducir subsidios estatales para mostrar una reducción en el déficit; por el otro, y más importante, otorgar aumentos para que se beneficiaran sus amigos o testaferros.
Esta preocupación central de Macri por las tarifas era transmitida por Pepín Rodríguez Simón a funcionarios que debían seguir de cerca las distintas causas judiciales iniciadas por usuarios y organizaciones que buscaban frenar los aumentos que superaron el 1.000%.
Pepín llamaba de parte de Macri y pedía la información de las causas por los tarifazos. Era insistente en ese punto. Lo tomaban como un “asesor presidencial”, de hecho en oportunidades citaba a los funcionarios en una oficina en Casa Rosada pese a que, en lo formal, no tenía cargo alguno que lo justificara.
Uno de los tantos ingresos de Pepín a la secretaría presidencial ocurrió el 16 de agosto de 2016, cuando el tema tarifas estaba en plena ebullición. Se esperaban el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el fallo de la Corte. Con la procuradora Pepín no hablaba, sino que tenía a su cargo la estrategia para presionarla y forzar su renuncia. Lo hizo en alianza con el Colegio de Abogados del establishment (su lugar de origen), el Grupo Clarín y buena parte de la cofradía de Comodoro Py.
Quienes sufrieron la persecución judicial del macrismo afirman que “las presiones generalmente eran públicas por los medios de comunicación y a través de denuncias penales”.
¿Qué pasaba por aquellas fechas en los medios de comunicación? El 17 de agosto de 2016, es decir, un día después de que Rodríguez Simón ingresara a la secretaría privada Macri, Clarín tituló en portada: “Gils Carbó cerca de dictaminar contra el Gobierno por el gas”.
Ese mismo día, La Nación llevaba el tema tarifas como título principal: “Aranguren se cruzó con la oposición por la suba de tarifas”. La “Tribuna de Doctrina” también tenía como título secundario un tema para nada menor: “Piden la indagatoria de Cristina Kirchner”. Era en el caso de la obra pública vial en Santa Cruz, que hoy está en juicio. Uno de los fiscales que hizo el mentado pedido fue Ignacio Mahiques, hermano del entonces consejero y funcionario Juan Bautista Mahiques, quien también está imputado en la causa de la Mesa Judicial Pro.
El 18 de agosto, dos días después de la visita de Rodríguez Simón a la Casa Rosada, la noticia judicial que llegó como un baldazo de agua fría para Cambiemos fue que la Corte resolvió por unanimidad anular el aumento de gas respecto de los usuarios residenciales. Aún no había asumido en el máximo tribunal Rosenkrantz, el amigo de Pepín. Lo haría cuatro días después. Rosatti, por su parte, estaba desde el 29 de junio. Macri, en su libro, dice que se arrepiente de haberlo nombrado.
Menos de un mes después, el 6 de septiembre de 2016, la Corte cambia su postura respecto a los tarifazos a la hora de manifestarse sobre el aumento en la electricidad: “La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La jueza Martina Forns, que intervino en uno de los casos del tarifazo a la luz en primera instancia, hizo alusión a esta contradicción y a las presiones y agresiones que sufrió, en la declaración testimonial que prestó –por escrito- en el caso de la Mesa Judicial Pro, el 27 de octubre del año pasado.
En su testimonial, Forns declaró que “jamás viví ni observé ni fui víctima ni testigo de un maltrato sistemático semejante hacia un magistrado/a (fueran jueces o fiscales) por parte de funcionarios de otros poderes, o del mismo poder judicial, por haber dictado una resolución en una causa de su competencia” en referencia a lo que sufrió tras resolver en el caso del tarifazo en la electricidad. Luego hizo mención a “un exageradamente agresivo aparato de prensa que accedía a información reservada con asombrosa facilidad, que tergiversaba hechos, que ofendía gratuitamente, difundía falsedades y calumnias, que – luego- se retroalimentaban mutuamente con lo que decían o hacían los mismos funcionarios”. Para la magistrada “era bastante sencillo sospechar o deducir la posibilidad de que esos operadores periodísticos recibían información anticipada y/o reservada de funcionarios del Estado”. Mencionó diversos artículos de La Nación firmados por Joaquín Morales Solá.
Respecto al fallo del tarifazo en la electricidad que emitió la Corte dijo que fue “un suceso sorprendente para muchos abogados, jueces y doctrinarios, puesto que se hallaba en una grosera contradicción con todos los principios esbozados 20 días antes en la causa CEPIS (NdelR: caso del gas) por el mismo Máximo Tribunal y con toda la jurisprudencia y doctrina sobre ‘acciones de clase’ o ‘acciones colectivas’”.
En el fallo del tarifazo del gas, “en agosto del año 2016 -antes del ingreso del juez Rosenkrantz- la Corte había dicho en una sentencia (que resolvía el fondo de la cuestión) que las tarifas eran NULAS, dicho de manera sencilla: que tenían serios problemas de legalidad, porque –precisamente- faltaba el espacio democrático de la deliberación y la transparencia que implicaba la celebración de Audiencias Públicas y que eran también nulas por desproporcionadas e irrazonables”, explicó Forns en su declaración. “Pocos días después, en el fallo ‘Abarca’ (sobre tarifas eléctricas), la Corte –ahora con la integración del juez Rosenkrantz- dicta un fallo sorprendente puesto que no fundamenta en esa causa de la misma manera que lo había hecho veinte días antes”, añadió.
¿Qué cambió en el medio entre un caso y otro? Tal como enfatiza Forns, la llegada de Rosenkrantz. Un juez muy cercano a Pepín.
Correogate
Rodríguez Simón también tiene dos ingresos al despacho de Macri en febrero de 2017, uno el 7 y otro el 9 de aquel mes. En aquellas fechas, el principal tema en la agenda mediático-judicial era el Correogate.
El 7 de febrero la fiscal general Gabriela Boquín firmó el dictamen en el que consideró que la oferta que el gobierno (es decir Mauricio Macri) había aceptado por parte de Correo Argentino S.A (es decir, la familia Macri), era abusivo porque se estaba condonando el 98,82% de lo que se adeudaba al Estado desde 2001. A 2033 equivalía una quita de 70 mil millones de pesos.
La novedad la publicó Ari Lijalad en el portal Nuestras Voces, el 8 de febrero de 2017. Fue tal el escándalo que se abrió una causa penal, que en la actualidad tramita muy lentamente en el juzgado federal de Ariel Lijo y tiene indagado al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El juez Lijo aún no llamó a Macri a indagatoria pese a que ya pasaron 4 años de los hechos.
El 10 de febrero, es decir, un día después del segundo encuentro de Pepín con Macri, Clarín publicó en portada: “El Gobierno va obligado al Congreso para explicar el acuerdo por el Correo”.
El 14 de febrero Pepín ingresa a Jefatura de Gabinete, según los registros de la Casa Rosada. Dos días más tarde Rodríguez Simón volvió a Casa de Gobierno –no se deja constancia del destino- y Macri, en un intento por calmar el escándalo, brindó una conferencia de prensa en la que anunció que toda la negociación del caso Correo se retrotraía a “fojas cero”. El anuncio llegó a la tapa de los diarios al día siguiente.
Fue tal la relevancia que adquirió Pepín en el gobierno que se le adjudica haber echado por teléfono a un funcionario que intervino en todo este proceso, según indicó una fuente vinculada al caso.
A la par al escándalo del Correo sucedieron otros hechos de impacto político-judicial que tuvieron una importante cobertura mediática. Son casos paradigmáticos del Lawfare, que pareciesen haberse difundido con el objetivo de aplacar el Correogate.
Por ejemplo, el mismo 7 de febrero que Boquín firmó su dictamen, Clarín publicó en portada: “Procesan a Parrilli, ex jefe de inteligencia K, por encubrir a Pérez Corradi”.
Al día siguiente, como segundo título de portada se puede leer: “Un fiscal pidió detener al exjefe de inteligencia K acusado de encubrimiento”. La referencia era a Parrilli por el tema Pérez Corradi, caso que estuvo articulado desde la AFI macrista y que sirvió de excusa para escuchar las conversaciones de Parrilli con CFK.
El 9 de febrero, Clarín siguió con una línea similar: “Piden que Cristina vaya a juicio oral por fraude en la venta de dólar futuro”, causa en el que la actual vicepresidenta brindó un fuerte alegato el pasado 4 de marzo. La Cámara de Casación debe resolver si cierra el caso o habilita el juicio.
Presión al Grupo Indalo
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron penalmente a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con las empresas.
Según declaró López bajo juramento en sede judicial en noviembre de 2019, mantuvo encuentros con Macri; Rodríguez Simón; y hasta con el empresario Nicolás Caputo, “hermano de la vida” del jefe de Estado, con el objetivo de intentar destrabar su situación judicial.
Tal como se desprende del expediente, Pepín tuvo un rol protagónico en este caso. Un entrecruzamiento de llamadas que ordenó la jueza que instruye la investigación, María Romilda Servini, fue clave para que se cite al exasesor presidencial a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo.
“Las reuniones con Rodríguez Simón fueron 2 o 3, fueron en el mismo lugar y por el mismo tenor”, declaró Cristóbal López cuando se presentó como testigo. Los encuentros, relató el empresario, fueron en el Hotel Hyat en el Palacio Duhau. Pepín “decía ‘yo soy Macri’”, destacó.
López dijo no recordar un nivel de “apriete tan grande” como el que sufrió con Pepín en aquellas reuniones. Sin ir más lejos, el dueño del Grupo Indalo aseguró que fue Rodríguez Simón quien le envió vía un tercero el mensaje de que empezaba la guerra con el Gobierno por no haber cedido sus empresas. Esa declaración de guerra, precisó, fue un artículo del diario La Nación del 13 de marzo de 2016 firmado por Alconada Mon titulado “Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo”. La nota se dio casi en simultáneo con una entrevista de Luis Majul a Macri en la que el entonces presidente dijo que le iba a embargar todas las cuentas a los dueños del Grupo Indalo por esa deuda.
Los registros de llamadas entrantes y salientes de Pepín que constan en ese caso reflejan el circuito del Lawfare. Sus ingresos a la Casa Rosada y los casos en que se interiorizó, su cercanía a Macri.
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