Fuera de La Libertad Avanza, que cuenta con bloques muy minoritarios en el Congreso, no hubo bancada que no planteara cuestionamientos a la ley ómnibus enviada por Javier Milei para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Aún los sectores que podrían considerarse más afines, como los del PRO, advirtieron que quieren introducir modificaciones al proyecto y pusieron en duda aspectos centrales como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por dos años, prorrogables por otros dos. Lo mismo sucedería con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, otra medida que no conseguiría quórum. "Veremos qué resolvemos el miércoles", respondían en la bancada macrista. Ese día tendrán los informes pormenorizados de cada aspecto del mega proyecto, pero está claro que no habría mayoría para una aprobación así como fue enviado. Legisladores radicales y de Unión por la Patria, en tanto, enviaron documentos para que Milei explique qué quiso decir respecto a los pedidos de coimas.
El pedido de "cheque en blanco" para Milei que reclamó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ahora no estaría siendo concedido por el Congreso. Los 40 votos del macrismo en Diputados son los que, naturalmente, aparecen más cercanos para sumarse a los 38 de La Libertad Avanza. La bancada PRO se repartió la ley ómnibus -pomposamente denominada "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"- para que la estudien en comisiones por tema y el miércoles tendrán los informes. Obviamente, anticiparon su inclinación a darle al Ejecutivo las "herramientas" para encarar su gestión, por excesivas que sean. Sin embargo, la amplitud de las facultades delegadas que exige Milei le hacen ruido hasta a los más convencidos.
El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, no deja de expresar sus afinidades con lo establecido tanto por el mega DNU como por la ley Omnibus pero que difieren las formas. De Loredo junto a Carolina Losada y Martín Tetaz aparecen como los radicales más cercanos con el Ejecutivo. Ellos plantearon una ley "espejo" que hiciera copy paste del DNU para votarla con alegría, pero Milei les respondió dando a entender que detrás podía haber un pedido de coimas.
Una docena de legisladores radicales cercanos al senador Martín Lousteau presentaron un proyecto de resolución instando al Presidente a que haga una denuncia penal para que la Justicia investigue ese suspuesto pedido de sobornos. "Tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente en los estrados judiciales, siendo el deber que se le impone en virtud del cargo que ostenta, tanto más frente a la trascendencia de lo declarado", subrayaron. Algo similar planteó el diputado de Unión por la Patria y secretario general de los Bancarios, Sergio Palazzo, quien le envió al Presidente una carta documento para que rectifique o ratifique sus dichos. "No vale todo Milei", le avisó.
En lo referido a la ley Omnibus, tanto el PRO como la UCR afín cuestionaron la delegación de facultades al Ejecutivo, la derogación de la fórmula con la que se calcula la movilidad jubilatoria y la suba de las retenciones. Consideran a los jubilados y al campo como un electorado propio y se preocuparon porque no quedaran alcanzados por la motosierra. "Un jubilado que cobra la mínima no puede ser parte del ajuste", sostuvo De Loredo. Algunos integrantes del bloque se manifestaron en contra de la política de privatizaciones, especialmente si involucraba a YPF.
Miguel Angel Pichetto quedó en una posición estratégica como jefe del interbloque de 23 diputados que agrupa a Cambio Federal, la Coalición Cívica y el cordobesismo de Hacemos. Por ahora, no exhibió su posición sobre el nuevo megaproyecto pero desde la bancada ya avisaron que de ninguna manera aprobarán una delegación de facultades tan exagerada a Milei. A los cordobeses les preocupa el incremento de las retenciones e internamente existen posiciones variadas acerca de qué empresas públicas deberían privatizarse. Lo mismo sucede en el bloque Innovación Federal, que agrupa a los partidos provinciales que gobiernan Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta.
Si tantas dudas persisten en los bloques de diputados más dialoguistas, no hay que imaginar mayores contemplaciones de parte de los senadores y diputados de Unión por la Patria que el miércoles se reunieron con siete gobernadores para analizar la mejor estrategia para resistir tanto al DNU como a la ley Omnibus. El primer paso en el terreno legislativo es la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar y emitir dictamen respecto al decreto. El jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, envió una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que la comisión se conforme con urgencia, recordando que, según la Constitución Nacional, debe respetar la proporción de las representaciones de las Cámaras". UP, que tiene los bloques más importantes en ambas Cámaras, reclama cuatro senadores y cuatro diputados en la comisión.
En definitiva, por ahora ambas medidas tienen un pronóstico muy desfavorable para el Ejecutivo. El DNU tiene vigencia a partir de hoy, pero la Justicia podría empezar a dar lugar a los amparos presentados. Caso contrario, será el Congreso a partir de la vuelta de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, cuando pueda definir su validez: el rechazo debe ser votado por las dos Cámaras, algo que hoy parece muy factible.
La CGT convocó a un paro de 12 horas con movilización para el 24 de enero, un día antes del tratamiento de la ley Omnibus La temperatura en la central obrera subió cuando leyeron las limitaciones a la protesta previstas en el articulado del proyecto, que se vino a sumar a todos los cambios en las normas laborales que forman parte del decreto. "Es un tsumami", fue la definición en el encuentro de la mesa chica cegetista. Buscarán instalar también en las calles un clima hostil a la aprobación de la ley.
Cerrar sesión