CABA: noviembre, ¿el mes del cannabis medicinal?

Con amplio consenso pero con negociaciones aún en marcha, avanza en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular acceso y autocultivo de cannabis medicinal para fines terapéuticos en la Ciudad. La iniciativa promueve su entrega gratuita, la inclusión en los planes de las obras sociales, el autocultivo y el cultivo solidario, pero hay algunos reparos. Mientras se aguarda el avance de un proyecto nacional en la misma dirección, la normativa actual sigue vigente, es más restrictiva y plantea algunas trabas en el debate. Los puntos más álgidos son las autorizaciones necesarias para poder producir derivados de la planta y si podrán hacerlo quienes se registren o sólo quienes deban consumirlo por motivos sanitarios.

¿Hasta dónde pueden avanzar las ciudades o provincias en base a la ley actual? Esa es la pregunta que puede cambiar radicalmente si el proyecto presentado por la diputada Carolina Gaillard prospera en el Congreso porque habilita, por ejemplo, distintos tipos de cultivos (el autocultivo, el solidario o clubes) y su inclusión en planes médicos así como el acceso público y gratuito por parte del Estado para quienes no tengan obra social o prepaga. Además del fomento a la industria nacional, la investigación y políticas públicas en base a los avances y datos que se consigan con el tiempo.

Algunos, en la Ciudad, optan por esperar a la definición nacional y otros bregan por avanzar igual, aunque se corre el riesgo de tener un proyecto viejo en poco tiempo, en caso de que la iniciativa del Congreso se sancione. Lo importante, entre varias cosas importantes, es el cambio cultural. Con sólo revisar algunas iniciativas viejas, se puede ver la mutación en la forma de pensar y en los avances generados con el tiempo: de proponer prohibir publicaciones con referencia al cannabis a buscar usarlo con fines terapéuticos. Hoy solo limitados para la epilepsia refractaria.

“El resultado final no va a ser el que yo quería originalmente”, dijo Leandro Halperín, legislador porteño autor del proyecto que espera que se sancione en las próximas semanas, en noviembre. Hay algunos puntos en los que tendrá que ceder – si no se aprueba la norma nacional primero – y otros que ya tienen los acuerdos necesarios. Uno de los ejemplos es la autorización para el cultivo: “Proponíamos que con la receta médica sea suficiente y hoy se va a necesitar una autorización del Ministerio de Salud”, explicó. Uno de los cambios que se barajan.

Otro de los puntos en discusión es el de los cultivadores solidarios. Se proponía crear un Registro de Cultivadores Solidarios, Cannabicultores y Familias del Cannabis y sus derivados para otorgar licencias de cultivo, plantación, producción y proteger su identidad. Aquéllos que producen para sí o para familiares y tienen un excedente o aquéllos que tienen espacio para cultivar y pueden hacerlo para ayudar a los que no tienen esa posibilidad. No está cerrado el “no”, pero tampoco el “sí”. El problema radica en que, hasta el momento, no está dentro de los permisos otorgados por la ley de cannabis medicinal. “Yo no comparto ese criterio, voy a insistir hasta el final”, dijo en una rueda con periodistas de la que participó El Destape.

El objetivo es lograr, explicó, una “reducción de daños mediante la capacitación para un mejor uso de las sustancias y disminuir la criminalización de los usuarios”. La ley, dijo, tiene dos ejes centrales. Uno es el que favorece a quienes usan y producen el cannabis o sus derivados para uso medicinal y otro está vinculado a frenar la “dilapidación de recursos” policiales y judiciales que hoy están orientados a perseguir a quienes no deberían perseguir.

“Las personas que tienen autorización por parte del Estado para cultivar no serían objeto de la criminalización”, dijo Halperín. Hoy pueden enfrentar penas de hasta 15 años de prisión. El legislador explicó que, según datos oficiales, un 10% de las causas están vinculadas al comercio, la siembra, tenencia de semillas y transporte de este producto. Con la normativa, todo estaría autorizado para uso personal salvo el comercio.

Para evitar la criminalización, se avanzará con la autorización mediante receta médica y el visto bueno de la autoridad de aplicación. “Si la despenalización fuese un hecho, la registración previa no es más necesaria”, dijo y aseguró que “lo que está pasando con el cannabis medicinal sirve para romper prejuicios”.

La comercialización quedará sólo en manos de la industria farmacéutica. El precio será algo que deberá regular la Nación. El Estado podría hacerlo pero, de momento, la Ciudad no produce y se entiende que no tiene intenciones de hacerlo en el corto plazo. Por lo tanto, la industria tendrá “los controles de cualquier otra sustancia que tenga similares características y usos". "El cannabis tiene distintos usos: medicinales, terapéuticos. Para los primeros tiene que haber autorización de los organismos públicos”, explicó el legislador.

“El Estado tiene que favorecer la instalación de esas industrias. Hoy la principal fuente de acceso al cannabis sintetizado es vía importación pero también se produce en el país”, dijo Halperín y mencionó ejemplos como Jujuy, con una empresa mixta de mayoría estatal orientada a la producción, o experiencias similares en Mendoza, Santa Fe y varios municipios que están avanzando en la materia.

En tanto no se produzca en la Ciudad, el Estado deberá comprar el insumo para garantizar la entrega gratuita en la obra social pública y los hospitales. De momento, éste podría ser otro de los puntos controvertidos ya que no está amparado a nivel nacional pero, como se mencionó anteriormente, se avanza en ese sentido. El tema es cuándo. “Estas semanas hay un delay a la espera de no hacer una ley que puede quedar vieja en algunos aspectos. Nación dice que lo va a regular”, sostuvo el legislador.

Según sus estimaciones, en los próximos días el texto estaría y la comisión de salud podría tratarlo prontamente para, en dos o tres semanas, llegar al recinto. Pero también “puede que haya un acuerdo amplio y que vaya directo al recinto y adelantaría una semana el tratamiento”. Sería en noviembre.

Pero el debate no terminará sólo con el tratamiento legislativo. “Con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) el diálogo con el Ejecutivo fue escaso, vinculado a prejuicios, puentes y al momento”. Cambiemos “habilitó a los legisladores del PRO a que voten libremente pero la reglamentación fue restrictiva en algunos aspectos, si hubiésemos tenido más tiempo por ahí no hubiese habido vetos. La intención es que en este caso la Legislatura sancione una ley lo más robusta posible para que no haya ninguna reglamentación a la baja”, reflexionó.