La causa donde se investiga la presión de la Mesa Judicial Pro sobre el Poder Judicial suma nuevos testimonios y avanza en la Justicia. El camarista laboral Luis Raffaghelli prestó declaración testimonial y relató las presiones que sufrió por parte del gobierno de Mauricio Macri. En el escrito que presentó ante el fiscal Ramiro González –que tiene delegado el caso- hizo referencia a un intento “de disciplinamiento” y a “un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas” en el Consejo de la Magistratura. Por un fallo en contra de sus intereses, el Poder Ejecutivo pidió la destitución de Raffaghelli en ese órgano de selección y sanción de jueces.
En su narración, el magistrado afirmó que el gobierno pidió “consensuar” sentencias y describió el rol en el Consejo de la Magistratura del entonces subsecretario de Justicia Juan Bautista Mahiques (hoy Fiscal General porteño), quien pidió revisar el Facebook de un juez. También destacó dos discursos de Macri donde habló de la “industria del juicio laboral” y la “mafia laboral”. En uno de esos actos, el entonces Presidente tildó a dos de los colegas de Raffaghelli como malos jueces laborales y culpables de poner en riesgo a las empresas, lo que “fue muy amedrentador para todo el fuero”, indició quien integra la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
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Uno de los puntos centrales de la declaración de Raffaghelli fue el pedido de su destitución que hizo el Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La denuncia en su contra fue presentada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en mayo de 2017, “quince meses después de la sentencia” que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Por qué lo denunciaron? Porque junto con Diana Cañal ordenó “la reincorporación de un grupo de trabajadores contratados de AFSCA luego ENACOM”. Es decir, por defender los derechos de los trabajadores que el gobierno quería echar. Esto provocó un expediente en el Consejo de la Magistratura que terminó cerrándose en mayo de 2018. “Al interponerse, fue derivada al consejero Dr. Juan Bautista Mahiques, que la mantuvo varios meses sin despacho de su vocalía”, indicó Raffghelli en su testimonial.
El magistrado afirmó que el gobierno de Macri pidió “consensuar” sentencias
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “se pronunció contra la denuncia por comportar una grave e inaceptable injerencia sobre el poder judicial, señalando que ningún juez puede ser denunciado por el contenido de sus sentencias”.
Para Raffaghelli en aquel episodio “la presión estuvo dada por el mencionado clima de hostilidad que sufrió la justicia del trabajo frente a una eventual resolución diferente o contraria a las políticas laborales del Gobierno”.
También recordó que en enero de 2016 recibió en el teléfono directo de la sala un llamado del Ministerio de Trabajo de la Nación en el que le preguntaban "si habían entrado expedientes contra el Poder Ejecutivo, hecho inusual nunca experimentado en mi larga trayectoria en el fuero laboral y tuvo las características de una presión indirecta”. Es que, la cartera laboral "como cualquier litigante tienen a su disposición el sistema digital de la JNT para recabar información sobre las causas. Lo interpreté como una clara presión en un momento en que hubo miles de despidos de trabajadores contratados en la administración estatal”, dijo.
“Algo parecido ocurría con los casos de intervenciones sindicales dispuestas por el Ministerio de Trabajo en que sus letrados requerían insistentemente respecto a la suspensión de sus efectos”, añadió.
El juez laboral también hizo referencia a otros fallos de la cámara que incomodaron al gobierno macrista. Uno fue la anulación del convenio que habían firmado el Ministerio de Trabajo y McDonalds que propiciaba la contratación de hasta cinco mil jóvenes con remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil. Los camaristas consideraron “que ponía en riesgo los derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, indicando la sentencia, la necesidad de introducir cláusulas de garantías y protección del trabajo”. Otro caso fue el de Pepsico, donde se “dispuso la reincorporación de los trabajadores despedidos”.
Mahiques, Triaca y los fallos "consensuados"
En un apartado de su testimonial, Raffaghelli relató la visita “protocolar” del entonces ministro Jorge Triaca y su gabinete a la Cámara Nacional del Trabajo, el 29 de marzo de 2016. Entonces, los funcionarios plantearon “la necesidad de ‘consensuar’ la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”. “Nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario. El silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición”, indició el magistrado, quien señaló que no se labró el acta del encuentro “y no fueron presentados los funcionarios que concurrieron por lo cual no pudimos conocer sus nombres, apellidos y cargos”.
“A este episodio le siguió un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas” en el Consejo de la Magistratura, mencionó el juez.
Otro episodio que se narró fue el fallo a favor de La Bancaria donde no intervino Raffaghelli pero sí sus colegas Enrique Arias Gibert y Néstor Rodríguez Brunengo, “que fueron denunciados por el Ministerio de Trabajo al Consejo de la Magistratura de la Nación y a quienes se les pidió su destitución”, la que terminó siendo rechazada. Fue entonces que el consejero Juan Bautista Mahiques “solicitó se examine el Facebook del Dr. Arias Gibert, lo que motivó el rechazo de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial”.
Raffaghelli destacó en su declaración que el gobierno de Macri denunció “a seis jueces nacionales del trabajo (Enrique Arias Gibert- dos veces- Graciela Marino, Diana Cañal, Luis Raffaghelli, NéstorRodríguez Brunengo y Mirta González Burbridge) pidiendo su destitución”. Y “además, vilipendió públicamente a otrai ntachable jueza, la Dra. Dora Eva Temis, por un pronunciamiento cautelar en contra del Gobierno”, agregó.
Raffaghelli, que integra la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), contó que si bien no se articuló una denuncia en contra de Dora Temis en el Consejo de la Magistratura, “se la denostó públicamente por sus ‘antecedentes kirchneristas’ por haberse pronunciado a favor de la aplicación de la Ley de Paritaria Nacional Docente”. Esa denuncia pública fue “pronunciada por el entonces Ministro de Trabajo Triaca y acompañada por el de Educación, Esteban Bullrich en ese momento, que afectó aún más la salud de la magistrada ya comprometida, quien se había limitado a dictar una medida cautelar fundada en la Ley 26.075 de financiamiento educativo que incluía la denominada Paritaria Nacional Docente”. Esa paritaria fue anulada por el macrismo y reinstalada por el actual gobierno nacional.
Las declaraciones de Macri
“El ex Presidente nos acusó, también públicamente, de integrar la mafia laboral y ser parte de la industria del juicio”, mencionó Raffaghelli.
El camarista describió un acto que se desarrolló en el Colegio de Abogados de la calle Montevideo en el que “Macri tenía una nota con un listado de jueces y mencionó a los dos primeros: Arias Gibert y Marino, calificándolos como malos jueces laborales y culpables de poner en riesgo a las empresas. Evidentemente, este proceder fue muy amedrentador para todo el fuero”, indicó en su testimonial. “Quien se animara a revocar una resolución administrativa o a cuestionar la legislación impulsada por el Gobierno, podía suponer cuál era su destino y futuro”, añadió.
En otro pasaje, comentó que “la causa por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la Agencia Estatal Télam en el último período del gobierno fue una en las que se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales”. “Vi circular con fluidez a los representantes letrados de Télam por la Cámara, hecho que no es habitual respecto de otras empresas o partes demandadas”, indicó.
La Mesa Judicial
Este caso lo investigan el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González. Se inició por una presentación que realizó un grupo de legisladores del Frente de Todos, que denunció que esta mesa integrada por el propio Macri y otros importantes funcionarios de su estrecha confianza llevó adelante un “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” para perseguir opositores y obtener fallos a medida. “Operaba como una fuerza de tareas ilegal, al margen de toda institucionalidad”, afirmaron los denunciantes. Los brazos ejecutores de la persecución –denunciaron- fueron el Ministerio de Justicia, la AFI y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
En este expediente ya declaró la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, quien confirmó que Juan Bautista Mahiques, entonces consejero de la magistratura y subsecretario en Justicia, la visitó en su despacho apenas asumió Macri para interiorizarse en el expediente del Memorándum con Irán. También relató las presiones que sufrió desde el Consejo de la Magistratura por no fallar de acuerdo a los intereses del entonces oficialismo. Allí tuvo 3 expedientes abiertos. Todos los instruyó el propio Mahiques (integrante de la Mesa Judicial y actual Fiscal General porteño).
Una de las últimas novedades, tal como publicó Luciana Bertoia en este medio, fue el hallazgo de una serie de mails que dan cuenta de que el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, era quien convocaba a las reuniones de la Mesa Judicial. Los correos también muestran que el propio Macri se sentaba a esa mesa para decidir la política judicial de su gobierno, que incluía la promoción de ciertos jueces y fiscales y el desgaste de otros. Hasta se definía quién iba preso.
Ante este escenario, se esperan nuevas citaciones testimoniales. La lista de jueces apretados es extensa.
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