Una sucesión de denuncias por espionaje ilegal contra el gobierno de Mauricio Macri reveló una trama compleja que se encuentra fragmentada en diferentes causas judiciales que tramitan en distintas jurisdicciones. La inmensa mayoría tiene a la Agencia Federal de Inteligencia macrista como protagonista. Los casos incluyen desde la pinchadura de mails de dirigentes políticos y periodistas al D'Alessiogate y el hallazgo de una red de agentes orgánicos de la exSIDE dedicada a actividades de inteligencia clandestina, con seguimientos y carpetazos, que tenía contacto directo con la Casa Rosada.
A continuación, un mapa judicial del espionaje ilegal macrista con las principales investigaciones en curso en la justicia federal:
1- El caso de la pinchadura de mails a más de 80 dirigentes políticos, de organismos de Derechos Humanos, periodistas y policías, entre otros. Se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo en la agencia de un disco rígido con información sobre el tema que logró recuperarse. Tramita en Comodoro Py. El caso lo investigan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello, quienes ya le dieron impulso penal. La denunciante pidió la indagatoria del expresidente Mauricio Macri; del exdirector general de la AFI, Gustravo Arribas; y de la subdirectora, Silvia Majdalani además de otros tres agentes. La presentación fue por “producción de inteligencia ilegal”. Al menos hay registro de estas maniobras desde el 2 de junio de 2016.
2- La causa de las fichas que armó la AFI macrista sobre 500 personas entre quienes figuran periodistas, referentes de organizaciones sociales y políticas, académicos, empresarios e integrantes de diversos organismos de la sociedad civil. Se trata otra “producción de inteligencia ilegal” que se desplegó en el marco de las acreditaciones para dos eventos internacionales que se realizaron en el país: el G20, en 2018; y la 11° Cumbre Ministerial de la OMC, en 2017. En las mentadas fichas se volcó información familiar y político-partidaria e ideológica. En lo que hace a los trabajadores de prensa la AFI trabajó con fuentes abiertas. En el caso de las organizaciones civiles o sindicales aparecen, además, datos más “finos” como las situaciones financieras y empresariales de las víctimas.
En este expediente, ATE se presentó como querellante. Y, por citar otros ejemplos, Poder Ciudadano y el Sipreba estaban por hacer lo propio (más de 100 de los 403 periodistas espiados están afiliados a ese sindicato). La denuncia fue realizada también por la interventora de la AFI. La pesquisa, al igual que en el caso de la pinchadura de mails, la instruye Martínez de Giorgi. La fiscal, en este caso, es Paloma Ochoa, quien ya le dio impulso penal a la denuncia, que se hizo luego del hallazgo de tres sobres con las fichas en una caja fuerte de la exSIDE.
3- La denuncia por espionaje ilegal a Cristina Kirchner, con seguimientos en el Instituto Patria y en su casa. Se trata de un caso que volvió a presentar la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en base a información que se encontró en el organismo. Se sustancia en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Lo investigan el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. Ya se cursaron oficios al Instituto Patria. En la presentación que realizó Caamaño, requirió la testimonial del juez Federico Villena, algo que no está claro que vaya a concretarse en el corto plazo. El magistrado está involucrado porque hay un debate en torno a la cobertura judicial que pudo haber tenido la AFI macrista para realizar estas tareas ilegales.
4- El caso de la red de espionaje ilegal con terminal en la AFI y en el Servicio Penitenciario Federal que espió a una inmensa cantidad de dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos, entre otros. Como víctimas figuran desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su segundo, Diego Santilli; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo; y hasta el cuñado de Mauricio Macri, Salvatore Pica.
La causa se instruye en los tribunales federales de Lomas de Zamora y está a cargo del juez Federico Villena. La fiscal es Cecilia Incardona. Se trata de un caso que tuvo un giro de 180° a partir de una confesión narco, que provocó una cadena de allanamientos. Todos los integrantes de la banda “SuperMarioBros” están vinculados al mundo de la inteligencia. Entre la prueba recabada hay seguimientos con fotografías; informes financieros; constan chats y audios entre los miembros de la organización criminal y hasta accesos a la Casa Rosada en tiempos de Macri. También hay contactos de los espías con funcionarios de la gobernación bonaerense, que estaba a cargo de Vidal. Y hasta indicios de que se “cablearon” unidades penales para escuchar a presos políticos.
Algunos de los imputados en este caso recusaron al juez Villena e hicieron presentaciones en Comodoro Py, a donde pretenden que sea llevado el expediente.
5- El D’Alessiogate. Es la primera causa que comprometió al gobierno de Mauricio Macri con el espionaje ilegal. El protagonista es el espía ilegal Marcelo D’Alessio, quien mantuvo contacto con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay expolicías bonaerenses detenidos en el marco de este expediente, uno de ellos con pasado en la AFI macrista: Ricardo Bogoliuk. No es el único exservicio apresado. También se encuentra Rolando Barreiro. En el “Caso D’Alessio” se investigan alrededor de 50 hechos, entre los que se cuentan el armado de causas judiciales y extorsiones al lavado de activos. Hay dos fiscales procesados por sus vínculos con la banda: Juan Ignacio Bidone (bonaerense) y Carlos Stornelli (federal). A ellos se suma el periodista de Clarín, Daniel Santoro, también procesado. El expediente lo impulsan el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y el fiscal de aquella jurisdicción, Juan Pablo Curi.
¿Quién marcaba la agenda de esta organización? El próximo 30 de junio está citado a prestar declaración indagatoria el exagente de inteligencia Pablo Pinamonti, que estaba en la AFI macrista cuando la banda llevó adelante la mayoría de sus operaciones. Pinamonti podría ser el vínculo orgánico entre el grupo de D'Alessio y la exSIDE. La pesquisa está bastante avanzada. Ramos Padilla está esperando que la Cámara Federal de Mar del Plata confirme los procesamientos de Santoro y Stornelli para elevar una parte del caso a juicio.
6- En otra causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py y está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral se investiga el ingreso irregular desde diversos organismos del Estado a las bases de datos de Migraciones y la AFIP para averiguar datos de, al menos, 77 jueces, dirigentes políticos y empresarios. Figuran ingresos desde Gendarmería, Prefectura, el Ministerio de Seguridad y la Policía que no pudieron ser debidamente explicados hasta el momento. Entre las víctimas aparecen desde ministros cortesanos y jueces de Comodoro Py a fiscales, gobernadores y legisladores.
7- Un causa que tuvo menor repercusión mediática que el resto es una que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal es Ramiro González. Se trata de un expediente cuyo objeto procesal es un supuesto plan criminal en el que habrían intervenido Macri, Bullrich, Elisa Carrió y Graciela Ocaña, entre otros, para “lograr el desprestigio y la detención de Hugo Moyano y Pablo Moyano”. Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, “esta maniobra se habría ejecutado desde junio de 2016, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad”.
Aquí aparece aportando información el exagente de la AFI, Facundo Melo, quien está imputado en el caso de Lomas de Zamora por integrar la banda SuperMarioBros (caso 4). Melo además de agente de inteligencia (fue espía entre 2016 y 2019) era abogado de Damián Lagaronne, involucrado en la causa de la barra brava de Independiente, donde se intentó involucrar a los Moyano. Según denunció Melo, el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, pretendía que direccionara el testimonio de su defendido contra los sindicalistas de Camioneros. Su rol en aquella causa y su vínculo, a la par, con la exSIDE no está del todo claro.
8- El caso de la Mesa Judicial Pro. Lo investigan el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González. Un grupo de legisladores del Frente de Todos denunció que esta mesa integrada por el propio Macri y otros ocho funcionarios de su estrecha confianza llevó adelante un “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” para perseguir opositores y obtener fallos a medida. “Operaba como una fuerza de tareas ilegal, al margen de toda institucionalidad”, afirmaron los denunciantes. Los brazos ejecutores de la persecución –denunciaron- fueron el Ministerio de Justicia, la AFI y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
En este expediente ya declaró la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, quien confirmó que Juan Bautista Mahiques, entonces consejero de la magistratura y subsecretario en Justicia, la visitó en su despacho apenas asumió Macri para interiorizarse en el expediente del Memorándum con Irán. También relató las presiones que sufrió desde el Consejo de la Magistratura por no fallar de acuerdo a los intereses del entonces oficialismo. Allí tuvo 3 expedientes abiertos. Todos los instruyó el propio Mahiques (integrante de la Mesa Judicial y actual Fiscal General porteño).
También fue citado como testigo el camarista laboralista, Luis Raffaghelli, quien prontamente responderá el pliego de preguntas que se le giró. Este juez denunció en los medios las presiones que sufrió por parte de Cambiemos y sus aliados en el Consejo de la Magistratura. El gobierno de Macri había pedido su destitución por fallar en contra de las intenciones de la Casa Rosada. En este caso se espera que desfilen varios jueces “apretados” por el macrismo.
Una de las últimas novedades, tal como publicó Luciana Bertoia en este medio, fue el hallazgo de una serie de mails que dan cuenta de que el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, era quien convocaba a las reuniones de la Mesa Judicial. Los correos también muestran que el propio Macri se sentaba a esa mesa para decidir la política judicial de su gobierno, que incluía la promoción de ciertos jueces y fiscales y el desgaste de otros. Hasta se definía quién iba preso.
Una pregunta central gira en torno a esta mesa: la información que se recababa en la UIF, la Oficina Anticorrupción, las fuerzas de seguridad y la AFI, ¿a dónde iba a parar?
9- Otra causa que tramita en Comodoro Py y está en manos de María Servini es la que se abrió por las denuncias de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri y un grupo de exfuncionarios. López y De Sousa, dueños de C5N, relataron que fueron presionados para vender el Grupo Indalo a personas cercanas al macrismo. Uno de los apuntados es uno de los operadores judiciales de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Ambos empresarios llegaron a estar detenidos. Y los dos camaristas que en una primera ocasión ordenaron su liberación, en 2018, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, fueron desplazados de sus cargos en la Cámara Federal porteña tras una queja pública de Macri. De más está decir que en aquel entonces ambos ejecutivos volvieron a prisión y recién fueron liberados en octubre de 2019, con el líder del PRO en retirada.
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