Luego de la secuencia de denuncias contra la AFI macrista por espionaje ilegal de los últimos días y de la difusión de que esas tareas irregulares habrían alcanzado al Complejo Penitenciario de Ezeiza, el abogado Alejandro Rúa amplió este domingo una denuncia presentada en la ONU un año atrás y volvió a pedir que el organismo internacional intervenga en el caso de las escuchas ilegales en ese penal. Se trata de los audios que circularon por los medios hegemónicos de comunicación y derivaron en el armado de la causa Puf Puf con la que se buscó contrarrestar el impacto que había causado el D'Alessiogate.
Rúa dirigió el escrito al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán. Luego de hacer un racconto de diversas noticias que dan cuenta de las actividades ilegales de la exSIDE durante el gobierno de Mauricio Macri, el letrado solicitó nuevamente la intervención de García Sacayán para que “se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios” del penal de Ezeiza.
Rúa, que defiende a distintas personas que por entonces se encontraban detenidas en el Complejo Penitenciario Federal I, como el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, pidió que entre otras cosas, la ONU le reclame al Estado argentino “la remisión de toda la información que tenga sobre la violación de derechos denunciada”. También requirió que se ordene: “La destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos” y “se promueva y respalde la investigación ‘de forma eficaz, rápida, completa e imparcial’, para ‘la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad’ y ‘la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones’”.
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En su pedido de ampliación, el letrado recordó que presentó su denuncia el 7 de junio de 2019. E hizo una síntesis del caso. Relató que las escuchas en el penal de Ezeiza se iniciaron con la excusa de que debía seguirse con atención al narcotraficante Mario Segovia y que en ese marco “se ordenó la interceptación de todas las comunicaciones, no sólo de los teléfonos públicos de ese Pabellón A (donde estaba alojado el detenido), sino además la de todos los teléfonos públicos que existen en los otros Pabellones, C y D”; y que “con ello se concretó, por muchos meses, la indiscriminada grabación de todas las conversaciones telefónicas de toda esa población penitenciaria”.
Después rememoró que “esas grabaciones se comenzaron luego a divulgar por los medios de comunicación masiva interesados en la difamación y el agravio, aún cuando el juzgado que las había dispuesto informó que había ordenado oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas”.
Entre otras cosas, afirmó que esas grabaciones se encuentran aún en poder de la DAJuDeCO, dirección que por ahora depende de la Corte Suprema de Justicia y que está a cargo de la Oficina de Escuchas. “Además se informó que ese back-up estará allí a disposición ‘por un lapso de 10 años, a menos que el magistrado disponga su destrucción’”, agregó en su escrito.
“Ahora bien, en estos días se están haciendo públicas en nuestro país, distintas cuestiones que echan luz sobre la práctica de espionaje ilegal implementada por las autoridades públicas de entonces”, explicó el abogado. Y citó una serie de notas periodísticas que se publicaron en diversos medios de donde se desprende que “las causas judiciales iniciadas en los últimos días por delitos cometidos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el régimen macrista sugieren la existencia de una estructura criminal enquistada dentro del propio Estado”. Y “que el espionaje a empresarios y ex funcionarios kirchneristas detenidos fue una coproducción de la AFI y los penitenciarios”, que “escuchaban hasta las reuniones protegidas con las defensas”.
Entre los pasajes que Rúa trae cuenta se destacan aquellos relacionados al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por ejemplo, se hace eco de la noticia según la cual el director de inteligencia del SPF, Cristian Suriano, estaba vinculado a una de las bandas dedicadas al espionaje ilegal. O de que se habría instado “a los espías a coordinar el cableado de la cárcel”.
Es ante esta situación que “solicita nuevamente la intervención de esa Relatoría Especial”, a cargo de García Sacayán.
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