Bullrich se reunió con ex empleado de Bonadio reconvertido a espía de AFI y procesado por espionaje ilegal

Entre los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista que se reunieron con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad aparece uno muy particular: Bernardo Miguens, ex empleado en el juzgado de Claudio Bonadío. Y no un empleado más: durante el gobierno de Mauricio Macri pasó de trabajar en el juzgado del lawfare a la exSIDE.

Miguens está procesado por espionaje ilegal junto a una treintena de agentes de inteligencia y penitenciarios en una causa paradigmática que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora. El encuentro con Bullrich ocurrió el 7 de noviembre de 2017, tal como se desprende del listado de ingresos al ministerio al que accedió este medio por un pedido de acceso a la información pública.

Miguens formó parte de la estratégica Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI cuya cúpula fue procesada por realizar tareas de inteligencia clandestina. La visita de Miguens a Bullrich –que no consta en el registro público de audiencias- coincide con su jerarquización en la agencia: según surge del informe sobre el espionaje ilegal 2016-2019 que elaboró la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia “a mediados del año 2017, fue designado Jefe de Departamento de Oficios”.

“Su tarea consistía en analizar y dar curso a los distintos requerimientos que ingresaban del poder judicial”, se especificó en la comisión del Congreso. Al poco tiempo, Miguens visitó a Bullrich en su despacho de la cartera de Seguridad.

Con la partida de Macri del gobierno y la revelación de las tareas de inteligencia ilegal que se realizaban desde la AFI, Miguens fue procesado en los tribunales de Lomas de Zamora por el espionaje a los detenidos “en el sistema IRIC en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”. También espió de forma ilegal a “sus abogados; familiares; allegados e integrantes de organizaciones políticas y sociales con las que aquellos se vinculaban”. Entre las víctimas figuran Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Roberto Baratta y Lázaro Báez, por citar algunos. A Miguens, a su vez, se le achaca “la falsificación ideológica de documentos públicos”, es decir, el armado de coartadas judiciales para esconder el espionaje ilegal. No pareciera casualidad que en la dirección de Jurídicos fuera el “Jefe del Departamento Causas judiciales”.

Incluso, en la investigación que se inició en la Justicia de Lomas de Zamora lo ubican como un actor clave de la Operación Puf, ya que lo señalan como uno de los responsables de la filtración de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza que salieron de la AFI apenas cayó el espía ilegal Marcelo D’Alessio, en febrero de 2019 (D'Alessio también se reunió con "Pato"). Esas intervenciones telefónicas terminaron en manos de Carlos Stornelli (otro visitante de Bullrich) y Elisa Carrió, quienes las utilizaron para impulsar una causa judicial en Comodoro Py con el objetivo de derribar el caso D’Alessio.

La mano de Martiré

Según dio cuenta la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, Miguens ingresó a la AFI en 2016 por invitación del agente Hernán Martiré Palacio, “con quien tiene una relación de amistad”. Martiré Palacio “le ofreció ingresar a trabajar en la Agencia ya que estaban buscando abogados con experiencia judicial”.

Según pudo constatar El Destape, los registros desmienten la declaración de Miguens ante el Congreso. El agente había dicho que renunció al juzgado de Bonadío de 2015 y "comenzó a ejercer su profesión de forma particular". Pero percibió ingresos del Poder Judicial entre agosto de 2011 -cuando dijo que empezó a trabajar en tribunales- a agosto de 2016. Ese año es el que ingresa a la AFI. Es decir, siempre siguió vinculado al tercer poder del Estado. Luego pasó de la agencia de inteligencia al gobierno porteño. Se desempeñó entre marzo del 2020 a fines de ese mismo año en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. De acuerdo al Boletín Oficial, ostentó el cargo de "Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Relaciones con el Poder Judicial, de  la  Subsecretaría de Justicia,  de la Secretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad". 

Por cierto, Martiré Palacio también cuenta con un ingreso al despacho de Bullrich. En este caso, ocurrió el 21 de junio de 2016. Tanto Miguens como Martiré Palacio integraban la Dirección de Asuntos Jurídicos que comandaba Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, un agente de estrecho vínculo con el operador Daniel “Tano” Angelici. El expresidente de Boca, que contaba con un teléfono encriptado de la AFI, también visitó a Bullrich en su despacho.

En su declaración ante el Congreso, Martiré Palacio dijo que conoce a Miguens “hace más de veinte años” y que si bien trabajó en el juzgado federal N° 11 “puede asegurar que no tiene relación con el Juez Bonadio”. Como dio cuenta este medio, el propio Bonadío se reunió con Bullrich en Seguridad.

Bullrich y los agentes del espionaje ilegal

A la luz de los registros de ingresos, por la oficina de  la ministra de Seguridad macrista desfilaba todo tipo de espía vinculado a casos de persecución.

Las reuniones de Bullrich con Miguens y Martiré Palacio se suman a las que la entonces ministra mantuvo con otros agentes de la AFI que ya informó este medio. Por la Unidad Ministro pasaron los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el entonces director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra; y Emiliano Blanco, el entonces jefe del Servicio Penitenciario Federal. Los cuatro están procesados en la causa paradigmática del espionaje ilegal macrista que se inició en Lomas de Zamora. Otros espías procesados en ese expediente –como Mariano Ruda Bart- también ingresaron al Ministerio de Seguridad. 

Otro espía que visitó a Bullrich en el ministerio fue el exdirector de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Alberto Tonelli Banfi. Este agente, excuñado de Gabriel Michetti, está comprometido en la causa en que se investiga el espionaje masivo a periodistas en el marco de las cumbres de la OMC y el G-20, un caso que se sustancia en los tribunales de Comodoro Py. La fiscal Paloma Ochoa pidió su indagatoria el 26 de marzo pasado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo lo propio reforzando el pedido de la fiscal este 21 de mayo. La solicitud incluyó a otros dos visitantes de Pato: Arribas y Majdalani (además de otro exdirector de Contrainteligencia, Martín Coste).

Hasta el espía ilegal Marcelo D’Alessio estuvo reunido con Bullrich. Se encontraron el 14 de agosto de 2017, un día después de las PASO de aquel año, donde se impuso CFK en territorio bonaerense. Muchos de los involucrados en el D’Alessiogate se vieron con “Pato”, tal como reconstruyó El Destape.

Los datos de las visitas a Bullrich surgen del listado de ingresos al Ministerio de Seguridad al que accedió este medio. Es distinto que el Registro Único de Audiencias, el registro público donde los funcionarios están obligados a dar cuenta de sus reuniones tal como consta en el decreto 1172 del 2003 y al que se puede acceder libremente. Al cotejar ambos surge que las reuniones que Bullrich mantenía con espías, fiscales, jueces u operadores –que se relatan en forma de serie en la saga “la Cueva de Pato”- no se anotaban en el registro público. El decreto dice que no anotarlas es una “falta grave”. La razón por la que no se anotaban era porque los encuentros fueron entre Bullrich y los hacedores de la persecución judicial y el espionaje ilegal.

“Escandaloso”

La exministra de Seguridad Nilda Garré se refirió a las revelaciones de “La Cueva de Pato”. En declaraciones a El Destape Radio, este lunes afirmó: “Las reuniones de Bullrich son totalmente inhabituales. No tienen por qué ocurrir en un funcionamiento legal. ¿Por qué un ministro se tiene que reunir en su despacho con integrantes de la AFI o con jueces? No hay motivo”.

Garré describió los encuentros de Bullrich con jueces, fiscales y espías como algo “escandaloso”. “Es una cosa aberrante que un ministro de Seguridad se reúna con espías. Es invadir esferas de otros organismos muy importantes del sistema institucional. No hay razón para que tenga que hablar con ellos”, señaló.

Por otro lado, se preguntó “por qué el ministro de Seguridad se va a sentar con jueces y fiscales si su misión no es vigilar las causas judiciales. Cada poder tiene su competencia muy clara”, indicó.

“La única conclusión que puedo sacar es que esas reuniones eran para realizar actividades ilegales. Porque no eran necesarias”, analizó. Y cerró: “Se dieron estos abusos, esta actitudes absolutamente incomprensibles, para generar un sistema de persecución al servicio de los intereses políticos del gobierno macrista”.