Partido militar y Partido judicial: el juego de las 7 semejanzas

El conocido juego de las diferencias o errores, una de cuyas versiones ofrecía durante mucho tiempo un conocido diario argentino de circulación nacional, consiste en hallarlas entre dos figuras que, a simple vista, parecen idénticas. En este caso lo que propongo es detectar las semejanzas, comparando imágenes institucionales que en apariencia no son comparables ni por sus cometidos ni por sus desviaciones. La principal es la que da título a esta nota: erigirse en “Partidos” e imponer su gobierno.

Algo de historia del siglo XX

Una de las notas que caracterizaron al siglo pasado en nuestro país, que en realidad se verificó en todo el subcontinente americano, fue la inestabilidad política con recurrentes interrupciones de la vida institucional.

El modo en que ello sucedía era con intervenciones de las Fuerzas Armadas a través de golpes de Estado, desembozados las más de las veces o solapados usando algún mascarón de proa civil o títere servicial, con la excusa de corrupciones -en las que no tardaban en incurrir groseramente los autodenominados “libertadores”- o de cualquier otra situación previamente enunciada y promovida por los medios de comunicación como peligro “terminal” para la República.

Por cierto, que esas asonadas no eran producto de una espontánea inclinación republicana de los jefes militares ni imbuidas de un espíritu sanmartiniano, como tampoco estaban exentas de solicitudes de opositores políticos que iban a golpear las puertas de los cuarteles desesperados por no saber cómo acceder al gobierno y siempre disponibles para convertirse en funcionarios de facto.

Aunque también es preciso recordar, que la responsabilidad principal devenía de las oligarquías nativas y de los grupos concentrados de la economía que actuaban por afinidad -cuando no por mandato- imperial, británico hasta mediados de siglo y desde entonces de los EEUU de Norteamérica.

Otro aspecto relevante era que, formalmente, no eran desplazados ni esterilizados todos los Poderes del Estado. El Presidente y su Gabinete siempre eran sustituidos, el Congreso de la Nación por lo común también, lo que se reproducía en los Ejecutivos y Legislativos provinciales. Pero no sucedía igual con el Poder Judicial (nacional, federal y provincial), que incluso podía mantener -en todo o en parte- la integración de sus Máximos Tribunales, si bien obviamente con severos condicionamientos para su funcionamiento y segregaciones selectivas de la magistratura preexistente.

Esa desviada conducta de los mandos militares, que derramaba beneficios para los otros estamentos de las Fuerzas -incluidas las de Seguridad-, impuso una “lógica” de la política que fue naturalizándose y dio origen a una facción -en la que se enrolaron muchos civiles- que daba en llamarse el Partido militar y que, sin pudor ni vocación democrática, cobró tanto protagonismo que era indispensable tomarlo en cuenta en cualquier alternativa de la vida de la República, aún, cuando no rigiera un gobierno de facto.

En Argentina sus últimas manifestaciones con tal entidad se registraron entre 1987 y 1990, lapso en el cual hubo cuatro sublevaciones militares que si bien no importaron un quiebre institucional no puede decirse que hayan fracasado, tomando en cuenta que muchos de sus propósitos fueron alcanzados por concesiones que obtuvieron del gobierno de turno.

En las siguientes décadas al impulso del neoliberalismo, la globalización y un nuevo orden de reparto del poder mundial, se fueron desarrollando otras estrategias de dominación y de injerencias que conspiran contra la autodeterminación de los Pueblos, a la vez que socavan los cimientos de las instituciones fundamentales del Estado. Un nuevo actor entraba en escena, en reemplazo -no excluyente pero prevalente- del militar, el Partido judicial.

De allí que interese hacer un ejercicio reflexivo sobre las semejanzas, que aquí se proponen y que poseen una incidencia decisiva en cuanto a una de sus más graves desviaciones.

Primera: Su origen no democrático

En ambas instituciones se verifican mecanismos no democráticos en la elección, promoción y renovación de sus miembros, acentuados por el nivel de estabilidad de que gozan en los cargos a los que acceden.

Aspectos que pueden ofrecer explicaciones de distinta naturaleza, que no alcanzan para justificar la falta de permeabilidad de valores básicos de la Democracia tanto al interior de las mismas como, principalmente, en sus proyecciones exógenas.

Segunda: Las jerarquías organizan y mandan

El esquema piramidal que define sus estructuras puede entenderse como una natural consecuencia que exige su organización, la actividad que despliegan y los cometidos específicos.

Claro que su sentido no debiera exceder de servir al fin institucional encomendado, dotado de la transparencia necesaria que dé cuenta de ello y con un inquebrantable apego a la ley.

Propósito que no se cumple cuando las jerarquías se utilizan para imponer mandatos que afectan el desempeño del servicio que les fuera confiado, para condicionar el desarrollo de la carrera a sus miembros, para hacer gala de favoritismos que ordenan y disciplinan a la medida de intereses personales o sectoriales.

Tercera: Son familia

La camaradería, espíritu de pertenencia, consustanciación con el cuerpo del que forman parte, puede considerarse valioso tanto en lo individual como para el conjunto y hasta en cierto modo natural en organizaciones de esa índole.

Esos rasgos suelen llevar a asimilarlos con una familia, pero esta caracterización también muestra otra faceta que ninguna relación guarda con aquellos valores cuando resulta en una endogamia, en reductos sólo para los más cercanos -ligados por parentescos no sólo de sangre o que reconozcan algún padrinazgo- y expulsivo de quienes son ajenos a esos círculos o resisten esos mandatos familiares.

Cuarta: Se ubican por encima de la Constitución Nacional

La subordinación a la Constitución Nacional es, por antonomasia, la definición de un país constituido como Estado de Derecho.

Por consiguiente, esa sumisión debe ser tanto natural como inexorable para todos los organismos, instituciones y funcionarios en cualquiera de los niveles estatales.

No es en cambio lo que se advierte cuando sectariamente se conforman grupos de poder en cualquiera de esas instancias o ámbitos, se partidizan y, valiéndose de prerrogativas, se colocan por encima de la Ley Fundamental, acomodando o soslayando los mandatos constitucionales en aras de intereses particulares.

Quinta: Las crisis son su oportunidad

Las conflictividades se multiplican en tiempos de crisis, el descontento se acrecienta y se focaliza en quienes gobiernan por residir en ellos las mayores responsabilidades tanto para superar situaciones extremas como, en su caso, por haberlas provocado o agravado por las medidas adoptadas.

La antipolítica hace lo suyo especulando con la pretendida apoliticidad de parte de la población, favoreciendo los efectos desestabilizadores y potenciando las demandas de un “orden” sin reparo alguno en sus consecuencias, por lo general antidemocráticas y desentendidas de las garantías propias de un Estado de Derecho.

Un contexto que es funcional al despliegue de acciones destituyentes, que encuentran en ámbitos militares -antes- y judiciales -hoy- sectores dispuestos a operar para profundizar el quiebre institucional en ciernes y la protección de los privilegios de los poderosos pero, también, de los propios.

Sexta: Los intereses que defienden

Las respectivas misiones que les competen tienen por objetivo constitucional la defensa de los intereses superiores de la Patria y de la República, como el respeto por una organización de la vida comunitaria y del Estado Federal de Derecho que están llamados a asegurar en procura de un desarrollo humano justo y de la soberanía de la Nación.

Es en razón de esas premisas indeclinables que cabe plantearse, con diferentes perspectivas, la factibilidad de rodear a ambas instituciones de determinadas prerrogativas u organización que permita un mejor servicio y desempeño de su cometido.

La tendencia, y peor aún la consolidación, partidocrática es la negación misma de esos altos propósitos, sacando a la luz una paradójica condición. Por una parte, nítidamente apendicular de quienes -dentro y fuera de nuestras fronteras- conspiran contra nuestra soberanía y autodeterminación en los más diversos ámbitos, con el fin de mantener mezquinos intereses e injerencias antidemocráticas en los Poderes del Estado y la República, colonizando o conquistando el gobierno con ilícitas maniobras. 

Las acciones y los manejos en torno al juzgamiento, efectivo castigo y sostenimiento de elementales derechos humanos por los crímenes de lesa humanidad, prolongados por décadas y la elusión de los responsables -militares y civiles- que favorecen, es un claro ejemplo que involucra a los dos “Partidos”.

Sucesos recientes como los casos de “Vicentín” o la extranjerización de territorios nacionales cuyos propietarios pretenden constituir en zonas liberadas de todo control estatal, como la inconcebible tolerancia de la conducta del magnate Joe Lewis, dan cuenta de la dimensión que va cobrando el Partido judicial. 

Séptima: Servicios y clandestinidad

En dictadura o mediando la cooptación de gobiernos civiles, la hegemonía del Partido militar se ha valido del “trabajo” de los servicios de inteligencia, de operaciones encubiertas y de la colaboración de funcionarios civiles para la persecución de dirigentes y militantes políticos, gremiales y sociales.

Las pruebas, cada vez más escandalosas, de la emulación de esos oscuros procedimientos en democracia durante el macrismo, en un gobierno al que se accedió por el voto, echan luz sobre el papel protagónico que le ha cabido y sigue desempeñando el Poder Judicial para hacerlo posible y brindar impunidad a quienes cometen esos delitos.

Se pueden encontrar más

Las semejanzas acotadas en el “juego” propuesto no agotan las que son factibles de desentrañar, aunque, son lo suficiente elocuentes para advertir de los riesgos que esos sucedáneos representan para la sociedad toda.

El Partido judicial, que hoy encuentra sus máximos dirigentes en la Corte Suprema y en los tribunales federales de Comodoro Py, se nutre de afiliados y adherentes en otras jurisdicciones nacionales y provinciales, lo que da cuenta de su peligrosa expansión.

La conformación de esa espuria asociación de intereses, personas y motivaciones antidemocráticas conlleva a un tipo de partidocracia que constituye un cuerpo extraño netamente antidemocrático y contrario a la concepción de República.

Con frecuencia se dice que “el peor de los gobiernos es el de los jueces”, pero se trata de una creencia -con total fundamento- digna de revisar en el presente, porque es preciso considerar que peor aún es el gobierno de un Partido Judicial.