La denuncia contra la mesa judicial macrista sumó una nueva protagonista: la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, señalada como el "brazo ejecutor" de la organización orientada a perseguir y disciplinar a dirigentes sindicales y políticos contrarios a los intereses del gobierno de turno. Mauricio Macri, en tanto, es señalado como el jefe del entramado de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso mediante la manipulación de miembros y organismos del sistema judicial desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió el poder, hasta que lo dejó.
Así lo sostuvieron los diputados nacionales del Frente de Todos Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, que ampliaron las denuncias presentadas el 5 y 6 de mayo cuando solicitaron que se investiguen estas acciones. Ahora solicitaron nuevas medidas de prueba para constatar que Bullrich "fue parte central de esta "asociación ilícita" que tenía entre sus objetivos la "persecución” y "disciplinamiento" de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce".
Según la acusación, Bullrich no sólo sería integrante de la mesa judicial sino también "especialista en el armado de causas" e hicieron foco en tres casos puntuales de persecución contra sindicatos: "lecheros, petroleros y camioneros, y especialmente sobre sus conductores Héctor Ponce, Guillermo Pereyra y Pablo y Hugo Moyano, respectivamente".
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Desde el entorno de los denunciantes aseguraron que las acciones de la mesa judicial M comienzan a ser acreditadas mediante las manifestaciones de jueces y fiscales señalados como testigos, "quienes reconstruyeron el plan sistemático de cooptación del poder Judicial de la nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías macristas, y que configuran diversos delitos como: amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, privación ilegal de la libertad, encubrimiento, prevaricato, falsificación de documentos, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, y asociación ilícita".
Los casos de apriete
Los diputados estipularon que el líder petrolero Pereyra señaló en 2017 que, durante un viaje institucional a Estados Unidos que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó que "a ese tipo yo lo voy a meter preso", en alusión al líder de los lecheros Héctor Ponce. Un año después, el titular de Atilra enfrentó una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. "Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces. Esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores", aseguraron.
Para los legisladores, el objetivo de esa persecución fue "disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce “negocie” paritarias en línea con la pauta oficial (15%). Finalmente, Ponce fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018".
Por otro lado, sostuvieron que Pereyra declaró que “tanta vehemencia en mi contra tuvo que ver con que Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén para perjudicarme y eso desencadenó la persecución”. Sobre este fiscal dijo que “en un viaje que realizó al exterior se entrevistó con Bullrich y recibió órdenes para procesarme. Después vino el allanamiento donde se llevaron todo computadoras y las tuvieron casi un año y medio”. En una entrevista con C5N, recordaron, contó que "el quiebre de la relación con el macrismo fue cuando votó contra la reforma previsional. En dicha oportunidad Macri le dijo: “Al final se va a ir todo a la mierda, sonamos con Vaca Muerta”, en modo de amenaza".
El caso de los Moyano es harto conocido y lo contó El Destape mediante innumerables notas. "Espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la Mesa Judicial M. Según explicó Pablo, 'todo comenzó luego de la movilización contra la reforma laboral de noviembre de 2017, con infiltrados en las marchas'", puntualizaron en la ampliación de la denuncia.
Al respecto, destacaron que "resulta sumamente esclarecedor el relato del propio juez interviniente en la causa judicial armada contra los Moyano, Carlos Carzoglio, quien recibió órdenes directas de agentes de la AFI, por expreso pedido de Macri, para que el juez detuviera a Pablo Moyano". En declaraciones a El Destape Radio, el magistrado dijo que “a fines de agosto o principios de septiembre de 2017, antes de que me llegue la causa, me llamaron dos agentes de la AFI diciendo que querían hablar conmigo. Cuando nos vimos, me plantearon que venían con órdenes del presidente de la Nación de detener a Moyano. Concretamente, me dijeron: 'estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano'".
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