La Corte Suprema confirmó la condena a Milagro Sala por el caso de las bombachas, algo que no tiene ningún efecto práctico ni jurídico. La condenan a dos años de prisión cuando lleva 5 de presa política. Es, a todas luces, una respuesta al presidente Alberto Fernández que hace pocos días dijo que “la Corte está mal” y que “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”. Lo escucharon. Y contestaron en bloque.
El fallo que confirma la condena a 2 años de prisión domiciliaria contra Milagro lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosarri y Ricardo Lorenzetti. También tuvo el visto bueno del procurador interino Eduardo Casal. El bloque de poder judicial a pleno para demoler los deseos presidenciales de que se autodepuren en una reactualización del lawfare.
Que se trata de un mensaje directo del Palacio de Tribunales a la Casa Rosada es evidente. El fallo no tiene ningún efecto real. Milagro cumplió 5 años de presa política el pasado 16 de enero, más del doble de esta condena. Como dice ella, “4 años con Macri y 1 con Alberto”. Pero sí tiene peso simbólico y político.
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En la entrevista que dio al canal IP, las periodistas Nora Veiras, Romina Calderaro y Noelia Barral Grigera le preguntaron si consideraba que Milagro Sala es inocente. El Presidente contestó: “Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia”.
Alberto también reveló lo que vivió cuando fue a visitarla a su presidio en 2016, apenas detenida en los albores de los gobiernos de Mauricio Macri y Gerardo Morales: “Cuando pedí autorización para ir a verla (en 2016), me la dieron para el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Me presenté con mi credencial de abogado, me hicieron pasar a una sala donde me sacaron toda la ropa para controlar. Nunca en mi vida profesional viví eso. Nunca. Aún así, la ví y pude dar testimonio ante la CIDH de lo que estaba pasando”. El tema lo toca de cerca y en la Corte lo saben.
A continuación, el Presidente dijo que la Corte “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”. La Corte lo revisó, pero en sentido contrario.
En el caso de Milagro, el máximo tribunal del país se tomó la molestia de justificar su decisión. Hicieron lo contrario con la confirmación de la condena contra Amado Boudou, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal. Podría decirse que fueron cobardes, pero sería un elogio. Fueron cómplices, porque se escondieron detrás del 280 porque no habría un solo argumento para confirmar esa condena viciada de nulidad y plagada de irregularidades desde el día 1. En el caso de Milagro tampoco, pero desarrollaron su negativa a revisar la condena en 13 páginas.
La condena que confirmó la Corte es en la causa conocida como “el caso de las bombachas”, digitada por el gobernador Morales y en la que se la acusó de realizar unas llamadas con amenazas a la Policía jujeña para que le devolvieran una ropa robada a una integrante de la Tupac Amaru.
El caso de las bombachas, tal como reconstruyó Tali Goldman en Nuestras Voces, tiene su origen en agosto de 2014 cuando María Molina, una integrante de la organización Tupac Amaru que lideraba Milagro, denunció que le habían robado la cartera con las llaves de su casa.
“En octubre de 2014 cuando Natalia Vargas, la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado a su madre”, publicó Goldman. Y detalló: “Ese día, en la feria, detuvieron a la vendedora y a Natalia, y llevaron a ambas a una comisaría. Pero a los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada y dejaron demorada a Vargas. Según denunció la comisaria Ángela Cabrero, jefa de la seccional 56, Milagro Sala la llamó para amenazarla”.
El abogado de la comisaria Cabrero fue Gastón Morales, el hijo del actual gobernador de Jujuy. “Ya asumido el gobierno del contador, el 19 de febrero de 2016, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, representante de Morales en la querella en la causa ‘de los huevos’. Es decir, que el mismo abogado que representa al gobernador en otra causa contra Milagro Sala ahora es también el abogado de la única querellante en esta nueva causa contra Sala”, informó la periodista Goldman, que siguió durante muchos años la trayectoria de Milagro y de la Tupac Amaru.
El 7 de diciembre de 2017 el Tribunal en lo Criminal N 2 de Jujuy absolvió a Milagro. En ese entonces su abogada era Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que cuando concluyó el juicio dijo: “Este juicio fue una farsa y ha quedado al descubierto”.
Sin embargo, el fiscal Darío Osinaga Gallacher y la querella de la comisaria Cabrera impugnaron al decisión y la Cámara de Casación Penal de Jujuy revirtió el fallo y condenó a Milagro a 3 años y 2 meses de prisión. Los abogados de Milagro insistieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que redujo la pena a 2 años de prisión domiciliaria. Insistieron ante la Corte, que rechazó el recurso.
La condena es por 2 llamadas telefónicas, supuestamente “de contenido amenazante”, que Milagro realizó primero a la comisaría del Barrio Alto Comedero y luego al celular de la comisaria Cabero. De todo eso no hubo más pruebas que los testimonios de los policías supuestamente amenazados, pero fue una de tantas causas que Morales armó contra Milagro.
"Otra vez, la política prima sobre el derecho. La Corte resolvió el recurso dos días antes de que prescriba y ratificó una condena efectiva por un delito por el que se aplica, casi uniformemente, prisión condicional", dijeron los abogados de Milagro hoy, tras conocer el fallo, y adelantaron que recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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