La Justicia reactivó la causa que investiga el pago de un bono clandestino durante el gobierno de Mauricio Macri que, en teoría, debía destinarse a desempleados pero que terminó por financiar el reclutamiento de fiscales para la elección nacional de 2019. La Cámara Electoral apuró a los imputados, entre los que figuran los exministros Dante Sica y Ricardo Buryaile, para la confirmación de sus abogados patrocinantes. El expediente arrancó en medio de aquel proceso electoral, languideció a partir de 2021 con la muerte de su primer investigador, tuvo un intento de cierre un año atrás a instancias de un sobreseimiento exprés y con ribetes de escándalo por sus omisiones y cobró nuevo impulso en el tribunal de alzada.
La intimación data del 13 de mayo y recayó en algunos de los abogados designados por los acusados pero que no aceptaron todavía sus cargos. La relevancia de algunos de los nombres de los representantes legales da cuenta de la importancia que los sospechosos le asignan a la investigación. Es el caso de Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista, exministro de Justicia y actual presidente del Colegio Público de Abogados, nominado por Buryaile, quien deberá aceptar el cargo para continuar a cargo de la defensa del exministro de Agricultura de Cambiemos y exdiputado nacional.
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Entre los abogados también se destacan los nombrados por Sica, consultor económico y exministro de la Producción de Macri. Se trata de Manuel Izura, miembro desde este año del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y abonado a las gestiones macristas en CABA, Vicente López y Nación. Sica lo nombró junto a Santiago de Jesús, exabogado de la Policía Metropolitana. Ambos comparten titularidad de estudio jurídico con Silvestre Sívori, el hasta ayer jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Javier Milei. El cuarto integrante de ese estudio es Jaime Seoane, en esta causa patrocinante de Fernando Prémoli, otro imputado que secundó a Sica como secretario de Empleo y firmó la resolución que dio origen al bono clandestino.
La causa arrancó en septiembre de 2019 a raíz de una investigación periodística de este redactor sobre un mega plan clandestino del gobierno de Macri que tenía como propósito la distribución de 114 mil subsidios de 5 mil pesos cada uno (alrededor de 2 millones de dólares a la cotización oficial de entonces) a desempleados de todo el país. Pese a contar con un objetivo lógico en medio de una crisis económica como la que entonces arreciaba, el programa se implementó en absoluto secreto, no se difundió la resolución que le dio origen en el Boletín Oficial ni se avisó por medio público alguno de la distribución.
El expediente recayó en el juzgado de María Servini, por tratarse de un delito presuntamente de origen electoral, y fue derivado para su instrucción al fiscal Jorge Di Lello. Durante la investigación se probó que los planes terminaron en manos de punteros y dirigentes de Cambiemos en varias provincias y gobernados por el PJ, y utilizados para el reclutamiento de fiscales electorales. De hecho una pericia oficial constató que sólo en la provincia de Formosa, al menos la mitad de las autoridades de mesa partidarias designadas por esa fuerza política para el monitoreo del comicio había cobrado el bono.
El impulso inicial sobre la investigación incluyó el freno en la distribución de los bonos hasta después de aquellas elecciones y el encargo de un peritaje oficial sobre una denuncia paralela por la compra de fiscales en Formosa. Sin embargo en febrero de 2021 el fiscal falleció y desde entonces la causa, ya en manos de su colega Ramiro González, se frenó sin más medidas de prueba. El año pasado el nuevo investigador sólo actuó para impedir que el apoderado del PJ Eduardo López Wesselhoefft se constituyera como querellante (es decir, que pudiera intervenir en el expediente y solicitar medidas de prueba) y para pedir el sobreseimiento de todos los imputados.
En junio último Servini tomó como propios los argumentos del fiscal y ordenó el sobreseimiento de todos los imputados, entre los que se encontraban, además de Sica, Buryaile y Prémoli, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. También benefició a los acusados por la denuncia paralela originada en Formosa, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.
El sobreseimiento omitió por completo el resultado de la pericia oficial que halló que buena parte de los fiscales de Cambiemos en Formosa había percibido el bono, un indicio de que el beneficio se utilizó para su captación. En un tramo el fallo de Servini postula como "sobreseídos" a intendentes peronistas que habían sido citados pero como testigos por la presencia en sus distritos de punteros opositores que ofrecían los subsidios, y más adelante desestima que los dichos de jefes comunales bonaerenses puedan probar la compra de fiscales en Formosa, cuando se trata de distritos y presuntos delitos diferentes.
No obstante, y cuando la causa caminaba hacia el archivo inexorable por falta de impulso querellante y acuerdo entre la jueza y el fiscal para los sobreseimientos, la Cámara Electoral tomó una apelación del apoderado del PJ y en octubre del año pasado, en pleno proceso electoral, intimó a los acusados a nombrar abogados en un primer indicio de su interés por analizar el comportamiento de la primera instancia. La intimación días atrás a los letrados para aceptar los cargos refuerza ese nuevo empuje al expediente.
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