Una causa que avanza en la justicia federal de La Plata arroja luz sobre una maniobra de fraude electoral durante las elecciones de 2019 en Maipú, un municipio bonaerense gobernado por Juntos por el Cambio. El caso compromete al actual intendente de la comuna, el radical Matías Rappallini, quien se impuso hace 3 años en las ejecutivas locales por apenas 50 votos.
El juez federal platense Alejo Ramos Padilla, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, procesó este jueves a 7 personas por considerarlas “coautores penalmente responsables del delito de retención indebida de documentos de terceros en concurso ideal con el delito de inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”. Esa maniobra “concurre en forma real con el delito de impedir el ejercicio del derecho al sufragio mediante violencia o intimidación”, escribió el magistrado en una resolución de 88 páginas. Ramos Padilla continúa con la pesquisa y junto a los procesamientos convocó a 36 personas a prestar declaración testimonial para la próxima semana. Ya hubo otros 27 relatos que dieron cuenta de los hechos denunciados. Y uno de los acusados, un expolicía que estuvo relacionado a la municipalidad, reconoció haber retenido él solo 350 documentos de identidad.
El procesamiento sin prisión preventiva alcanza a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas. A todos ellos se los acusa de realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.
El juez decidió apartar de la investigación a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú por su rol en el caso y le dio intervención a la Policía Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal de Dolores. ¿Qué elementos comprometen a la fuerza local? El expolicía y procesado Franco Miluzzi aseguró en su declaración indagatoria “que existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires–, las autoridades del municipio de esa ciudad y algunas de las personas imputadas”. El testimonio de Miluzzi es clave en esta pesquisa.
La maniobra
“Todas las víctimas dieron cuenta de una modalidad similar: semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía ‘comprarles’ su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc., y ellas, enmarcadas en un estado de necesidad, accedían”, precisó Ramos Padilla en su resolución.
“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados con que, en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, añadió el magistrado.
Con excepción de los trabajadores de la cooperativa municipal, “la mayoría de los denunciantes refirió haber entregado sus documentos por voluntad propia a cambio del dinero y de los beneficios que les eran ofrecidos; incluso, algunos de ellos refirieron haber consentido que los ‘acompañaran’ a votar; por otro lado, otros dieron cuenta de un mecanismo que consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del candidato oficialista local. Sin embargo, lo que impulsó a las distintas víctimas a formalizar la denuncia fue el hecho de que los imputados no les devolvieran sus documentos de identidad, lo que, en la gran mayoría de los casos, aparecía mencionado como una ruptura de ese ‘pacto’ previo, aunque irregular e ilegal”, escribió el juez.
La causa cuenta con 27 denunciantes que describieron maniobras similares. Las denuncias se formalizaron apenas cerraron los comicios de 2019 o incluso antes y se realizaron en diferentes dependencias judiciales y policiales. “Se constató que la mayoría de los denunciantes no pudo emitir su voto, y se obtuvieron capturas de pantalla de comunicaciones de texto y por voz que daban cuenta de las maniobras denunciadas”, precisó Ramos Padilla, quien dio “por acreditada la materialidad de los hechos objeto de pesquisa”.
Un policía arrepentido y procesado
Franco Eduardo Miluzzi brindó una amplia declaración indagatoria en la que confirmó los hechos: “Yo soy policía, en ese momento se venía la época de las elecciones; en el pueblo donde vivimos, aparte del comisario, el que maneja todo es el intendente. Yo, en Maipú, soy muy conocido, conozco mucha gente, así que se acercaron desde la intendencia a mí para trabajar; para decirme que yo tenía que trabajar con ellos y que les diera una mano. Esto implicaba salir a recorrer, ir casa por casa, llevar una bolsa de vicios –comida en general, garrafas, etc.–, todo para juntar votos para las elecciones”.
Miluzzi relató que “cuando llegó el día de las elecciones, yo estaba trabajando en la ciudad de Las Armas, que es muy cerca de Maipú. Estaba de guardia ese día, y me dieron franco el domingo electoral para poder trabajar y ayudar a la gente de la intendencia para llevar gente a votar”. Y añadió: “Mariana Correa, que trabaja en la municipalidad de Maipú, me pidió que fuera a ver a Nadales porque yo la conocía más y porque es una chica medio complicada para hablar. Mariana me había pedido que fuera para llevarle ‘vicios’ porque Nadales le había dicho que le iba a entregar el DNI; eso lo habían arreglado ellas dos. Uno o dos días antes de las elecciones yo le llevé a Nadales unas garrafas, fideos, puré de tomate, aceite, etc. Como dije, Nadales había arreglado con Mariana que le daba el DNI a cambio de eso y dos mil pesos. Ese día yo le entregué los dos mil pesos y las cosas que mencioné, y Nadales me entregó el DNI. Me aclaró que el domingo iba a estar de fiscal de mesa, entonces yo le dije a Nadales que lo arreglara directamente con Mariana, porque yo no tenía nada que ver con el tema. De ahí no la vi más a Nadales, porque yo el documento se lo entregué a Mariana”.
Entre otras cosas, ante la Justicia, el expolicía explicó que “yo lo que tenía que hacer es que la gente lo votara al intendente Rapallini”. Y abundó: “Los DNIs que juntábamos se los daban al intendente. Yo junté muchos más DNIs pero con ninguno tuve problema; el intendente quería juntar DNIs antes de las elecciones. Aclaro que sólo el DNI de Nadales se lo entregué a Mariana Correa, los demás o se los entregaba a Estela Ciafardo o directamente al intendente Matías Rapallini; lo veíamos por ahí que estaba con la camioneta y le dábamos los DNIs que habíamos tenido que juntar, o también se hacía presente él en la casa de Estela Ciafardo. Volviendo a lo anterior, Nadales, el día de las elecciones, me reclamó que le devolviera el DNI, y yo le dije que no tenía el documento”.
“Supuestamente era hasta el día de las elecciones que se retenían los DNI, pero calculo que después fueron viendo desde la intendencia, si tal los votaba o no y de ahí decidían a quiénes se lo entregaba de vuelta para que nosotros lleváramos a votar a las personas. Nosotros después nos encontrábamos con la situación, pero no la sabíamos de antemano”, agregó.
Cuando la Justicia le preguntó al expolicía cuántos Documentos Nacionales de Identidad recordaba haber recibido y entregado, respondió que “habrán sido trescientos cincuenta en esas elecciones generales. Comúnmente se los entregaba a Estela o al Intendente. Ellos me daban la plata para seguir comprando o alguna otra cosa que la gente pedía”, indicó Miluzzi. “Esas fueron las únicas elecciones en las que hice estas acciones”, intentó defenderse. “A mí nadie me obligó, pero en Maipú manda el intendente todo lo que es policía, y yo no quería tener consecuencias, tengo mi familia ahí y no quería que me trasladaran a otro lado, así que era hacerlo o hacerlo”, añadió.
El de Miluzzi no fue el único grupo que actuaba reteniendo documentos: “Yo me manejaba directamente con Estela y con Matías Rapallini, pero había otros grupos que se manejaban con otra gente”, afirmó el exagente policial. Y también complicó a empleados del municipio. “Al consultársele si había intervenido más personal policial en las mencionadas acciones, contestó ‘no, sólo Estela Ciafardo, que es administrativa de la policía. Después era toda gente de la municipalidad. Ibarra, Villalba, Silva, Ginepro, son todos empleados del municipio’”, dijo.
Miluzzi se sintió defraudado porque le habían asegurado desde el municipio que lo iban a ayudar. “Me iban a poner abogados; a mí me desafectaron de la policía por la causa; me dijeron que iba a cobrar igual, que me iban a dar una casa, que me iban a poner una panadería en el mejor lugar de Maipú, que tenía el futuro asegurado, que no me preocupara por nada, que ellos se iban a hacer cargo de todo, pero fue todo cuento. No me ayudaron con nada después, se borraron. A mí me desafectaron como consecuencia de esta causa, por un sumario interno de policía”, aseguró en su indagatoria.
¿Por qué participó este exagente en la maniobra? Según dijo, por pedido del jefe comunal de Maipú. “El intendente llamó a mi jefe, Marcelo Condoleo –que era jefe comunal en ese momento– y le pidió que me dieran el día libre para que ayudara el día de las elecciones. Marcelo se comunicó con Cristian Aguirre que era el encargado del destacamento de Las Armas y Cristian me dijo que me fuera, que estaba de franco, que lo había llamado el jefe y le había dicho que me tenía que ir. La palabra del intendente era la principal, si le decía al jefe comunal ‘hacé tal cosa’ éste lo hacía. Aclaro también que hubo mucha gente del municipio a la que Ibarra le sacó el documento porque tampoco iban a votar a Rapallini”.
Otros testimonios
Los testimonios que dan cuenta de la maniobra investigada son contundentes:
- Miguel Ángel Montes Montes denunció el 29 de octubre de 2019 ante la comisaría de Maipú que una semana antes de las elecciones fue a ver a Miluzzi y le entregó su DNI a cambio de dinero. “El arreglo era que Miluzzi lo llevaría a votar el día de las elecciones. Sin embargo, aclaró que no recuperó dicho documento. También refirió que Miluzzi pertenece al partido político del intendente que se encontraba entonces en ejercicio” y él participaba en la oposición, sostuvo en su testimonial. Cuando le preguntaron por qué había entregado su documento si pertenecía al partido político opositor, respondió “porque necesitaba plata”.
- María Eliana Giménez, por su parte, formuló su denuncia el 27 de octubre de 2019 ante la comisaría de Maipú. Allí relató que cuatro días antes cuando salió de su domicilio se cruzó con una camioneta ploteada con símbolos de la Municipalidad de Maipú, que se detuvo en la intersección de las calles Pellegrini e Independencia. Giménez narró que del vehículo bajó Raúl Ibarra, hoy imputado. Luego de manifestarle su precaria situación social Ibarra le refirió que le solucionaría el problema “pero que necesitaba su Documento Nacional de Identidad para realizar los trámites. La testigo manifestó que, al encontrarse en una situación de necesidad, e ‘ignorando las cuestiones administrativas’ le entregó su DNI al imputado a fin de ‘obtener la visa de alimentos que tanto necesitaba y anhelaba’”. Para el día de las elecciones, Giménez le reclamó al imputado el documento. La respuesta que recibió fue amenazante: “Dejate de joder con eso. No me llames más que tengo el teléfono pinchado. No me rompas más las pelotas porque te voy a romper la cabeza”. En su testimonial, María Elena confirmó que no pudo votar.
- Gabriela Peralta Espósito denunció el 27 de octubre de 2019 ante la comisaría de Maipú, que Alejandra Fernández, representante del “Partido Radical”, le consultó en la vía pública cuáles eran sus necesidades, y aquélla le refirió que necesitaba materiales para revestir el baño de su domicilio. Fernández prometió entregarle materiales y $500 “a cambio de ‘retenerle’ el Documento Nacional de Identidad”, lo que finalmente aceptó. “La denunciante detalló que Fernández le manifestó que, el día de la votación, la pasarían a buscar para acompañarla a emitir su voto. Agregó que, el día de la votación, la imputada se hizo presente en su domicilio laboral para llevarla a votar” pero “le dijo que ella no tenía su DNI y que lo habían ‘extraviado’”. No obstante, fue al local de votación pero no pudo emitir su voto. “Recién a las 19.15hs. se le devolvió su documento de identidad”, mencionó el juez.
- Josefina Soledad Frechero relató que el 28 de octubre de 2019 denunció ante la ayudante Fiscal Carina Babini que nueve días antes, es decir, durante la semana previa a la realización de las elecciones generales, se le aceró Juan Cruz Cardozo, empleado municipal y amigo de sus sobrinos, quien le manifestó: “Te doy mil ya por el documento”. Ella accedió. “Explicó que Cardoso le manifestó que después debía comunicarse con Ibarra –capataz del municipio–, quien también se encontraba ‘comprando’ documentos, según percibió la denunciante”, escribió el juez. La denunciante no pudo votar porque no le devolvieron el DNI.
- Rubén Garcilaso denunció el 30 de octubre de 2019 ante la misma Babini que una persona que conocía como “Chiquito” Scott, le había ofrecido “comprarle” el documento a cambio de $500, “bajo la condición de que el día de las elecciones lo pasaría a buscar para ir a votar”.
- Priscila Ayelén Correa denunció el 31 de octubre de 2019 ante Babini que “tuvo que entregar su DNI por presiones que le profirieron Raúl Ibarra y Miguel Silva –señalados como capataz y empleado municipal, respectivamente– hacia su pareja José Luis Ginepro, quien trabajaba en la cooperativa municipal sin estar registrado. En concreto, señaló que dos semanas antes de las elecciones, Raúl Ibarra le manifestó a Ginepro vía mensaje telefónico que debía entregarle el DNI de la denunciante si quería mantener su trabajo”. En sede judicial dejó asentado que Miguel Silva también se comunicó con su pareja y le expresó lo mismo. Previo a las elecciones, relató que Silva les entregó “colchón, vicios y ropa” y $500 por cada DNI, que fueron entregados en esa oportunidad por Ginepro. Contó que al entregar la constancia de votación completarían el pago con $500 más por cada documento de identidad entregado.
Los restantes testimonios continúan en la misma sintonía. Y se espera que en las próximas audiencias convocadas por el juez Ramos Padilla continúen escuchándose relatos similares. La nueva ronda de declaraciones comenzará con 7 citaciones este 11 de julio y continuarán durante toda la semana.
Para Ramos Padilla “son numerosos los testimonios coincidentes en cuanto a la modalidad de ‘compra’ de Documentos Nacionales de Identidad de diversos habitantes de la localidad de Maipú” y considera que “la materialidad de los hechos que se investigan se tiene por probada” a partir de “la abundante prueba testimonial y documental reunida en la causa”.
El juez señala que todos los denunciantes “con diferentes matices, dieron cuenta de una misma situación y de un mismo mecanismo desplegado por distintas personas vinculadas, en muchos casos, con la Municipalidad de Maipú. Además, surge de la lectura de sus declaraciones testimoniales, la existencia de un denominador común en las víctimas, y es que se trataba de personas especialmente vulnerables desde un punto de vista socio-económico; prácticamente la totalidad de las maniobras denunciadas mostraban un aprovechamiento de dicha situación de vulnerabilidad”, remarcó el magistrado.
Ante este panorama, un interrogante se hace inevitable: ¿Qué debe suceder con el intendente de Juntos por el Cambio que fue electo por apenas 50 votos de diferencia y hoy gestiona el municipio de Maipú? Cuando se denunciaron las maniobras, el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes, había pedido impugnar los comicios.
Por lo pronto, la investigación sobre este presunto fraude continúa.
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