Noventa y dos horas. Ese es el tiempo que separará el final de la votación en general de la ley ómnibus del inicio del debate en particular, artículo por artículo, de su contenido. Noventa y dos horas son bastantes horas. Una franja necesaria para poder negociar con gobernadores y bloques dialoguistas con la intención de buscar apoyos en capítulos clave. Sin delegación de facultades y sin la posibilidad de tomar deuda sin pasar por el Congreso, al gobierno se le complica el plan.
Los 144 votos afirmativos cosechados en la votación del viernes no se repetirán. Tampoco lo harán los 109 negativos. Son números dinámicos que cambiarán según el artículo que se someta a votación. O según el capítulo. Todavía resta saber cómo abordarán el asunto los diputados que, segundos antes de elegir por sí o por no, el viernes, se enteraron del retorno de tres apartados vinculados al impuesto PAÍS y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Una muestra más de que nunca tuvieron el proyecto final en manos.
Sorprendió que la UCR no haya tenido más votos negativos pero, en la previa, los radicales habían acordado votar en forma unificada. El bloque de 34 se dividió en dos y para la votación en general se espera que las diferencias sean más profundas. Por lo menos, se calcula que unos 15 legisladores boina blanca podrían inclinarse con más fuerza para rechazar algunos artículos. Privatizaciones, delegación de facultades, entrega del fondo de los jubilados y deuda fueron cuestionamientos de esta bancada.
Pero en la votación tallan los gobernadores. Las negociaciones de las últimas horas los tuvieron como un actor relevante. El cordobés Martín Llaryora empujó con fuerza para que la discusión de estos tiempos incluya financiamiento para las provincias, sin patear el debate para el futuro, con la llegada del paquete fiscal.
Se pidió que haya flujo de dinero hacia las provincias con el pago de deudas a cajas previsionales - articulado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad - y, en caso de no lograr aprobar este artículo, coparticipar el 30% del impuesto PAÍS que va, actualmente, a barrios populares. La intención es no desfinanciar a Nación con la operación.
Pero el Presidente está empecinado en dejar otro artículo que no tiene buena recepción en espacios dialoguistas. Se trata de la obligación de pasar por el Congreso antes de tomar deuda en moneda extranjera. Javier Milei quiere quitar esa condición para poder avanzar sin acuerdo del parlamento y hay resistencia. Pero es moneda de cambio para el tira y afloje con los gobernadores.
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Esa negociación impactó directo en la división de la UCR. La votación en general fue muy atomizada. Cada uno buscó llevarse algo. Los gobernadores, las ciudades y pueblos que necesitan la permanencia del régimen de zonas frías, y miles de etcéteras. Nunca se vio una situación similar, por el número de artículos, por lo mucho que se quitó, por lo mucho que se negoció.
Así fue que dos diputados decidieron votar en contra y no a favor, como el resto de sus compañeros de bloque radical. Facundo Manes y Pablo Juliano. No gustó ni la improvisación ni el manejo del trabajo en las comisiones, tampoco la necesidad de imponer y de no generar consensos. No atrajo la ausencia de actores sociales como las Pyme, los monotributistas o los sectores más vulnerables, no incluidos en una ley calificada como un compendio de "recetas viejas" que no van a tono con el cambio que habían propuesto en campaña.
Y no serán solo dos. Se espera que crezca el número de radicales en contra de ciertos artículos. Una pregunta flotó, con esa idea en mente, cerca de Manes: no había que encontrarle explicación a los votos del neurocientífico y de Juliano sino a los votos de los 32 que acompañaron la ley en general. La respuesta a esa duda fue simple: gobernadores.
Todavía le queda mucho por resolver al gobierno, particularmente en el toma y daca con mandatarios provinciales. Lo que se avecina es una votación en particular con divisiones en todos los sectores. El hecho de pedir noventa y dos horas para avanzar con el abordaje del articulado marca claramente que el número no está.
No se pueden arriesgar a ver si sale. En especial en la delegación de facultades. Unión por la Patria espera poder limitar aún más la declaración de emergencias, que le indica al Presidente en qué ámbitos podría aplicar sus superpoderes, en acuerdo con bloques provinciales y algunos dialoguistas. La Coalición Cívica se manifestó en contra de cederle este artículo al oficialismo.
También, se estima, se tornaría difícil la aprobación de la liquidación del fondo de los jubilados por tratarse de un costo político muy alto, pero habrá que ver el impacto de acompañamientos provinciales por tratarse de dinero para sus distritos. A su vez, se espera conseguir algunos apoyos de la UCR a la hora de abordar privatizaciones que, en principio, se dividieron en cuatro grupos para facilitar rechazos y aprobaciones y no irse con las manos vacías. El capítulo de seguridad, fuertemente cuestionado estos días, podría contar con números.
Pero todo el panorama es muy dinámico y lo que voten los diputados provinciales será clave para anticipar la jugada en el Senado. Allí, Unión por la Patria cuenta con una mayoría más cómoda pero necesitará de senadores del interior para lograr cambios. Pesará la intención de los gobernadores de evitar que todo el esfuerzo de ajuste financiero lo hagan sus distritos, con una Nación grande pero provincias y municipios reducidos en liquidez.
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