Diputados de distintos bloques acompañaron un proyecto de ley impulsado por el radical Martín Tetaz para, como sucedió con el de Carolina Losada en el Senado, proporcionarle al Poder Ejecutivo una ley espejo del decreto de necesidad y urgencia presentado la semana pasada por Javier Milei. Ante la posibilidad de que este instrumento sortee su paso por la Justicia y frente al avance sobre las facultades del Poder Legislativo, volvieron a cuestionar las formas del cambio para hacerlas transitar por el camino que corresponde.
El proyecto incluye todos los ítem del DNU pero en formato ley. Esto permite que cada legislador pueda abordar, uno a uno, los proyectos en forma individual, tanto a nivel general como particular, pudiendo aprobar algunas cuestiones y otras no.
Actualmente, los decretos sólo pueden ser aprobados o rechazados en su totalidad, sin posibilidad de un análisis fraccionado, por eso, en Senado, Losada también presentó un proyecto de ley para, a partir del 1 de marzo, debatir una reforma de la norma que establece los modos de control de los DNU.
Con un Juntos por el Cambio a favor de una gran porción de las iniciativas incorporadas por el presidente en su DNU, pero en contra de otras y sin la detección de urgencia en algunas más, la disección del decreto o su presentación en formato ley aparecieron como una solución.
En el caso del proyecto impulsado por Tetaz, el texto también lleva firmas del bloque Cambio Federal (Ricardo López Murphy y Emilio Monzó); la Coalición Cívica (Paula Olivetto); la UCR (Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gerardo Cipolini, Martín Arjol, Mario Barletta, Mariano Campero y Francisco Monti).
En los fundamentos, los diputados reconocieron que “el trámite del decreto es más expeditivo que el de la sanción parlamentaria” y que, a su vez, “como producto del debate en el Congreso, muchas de las reformas que pretende el ejecutivo no serán aprobadas”, pero aclararon que “esas son las reglas de juego de una democracia republicana”.
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Los legisladores advirtieron que “no alcanza con ganar una elección para imponer la voluntad del presidente, ni siquiera cuando refleje fielmente la de sus votantes. De eso se trata una República”. El mensaje fue muy duro.
Coincidieron en que los distintos órganos del Estado deberían contribuir a una “reforma integral” para terminar con la “maraña burocrática y regulatoria” de la Argentina pero “el Ejecutivo no puede en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, por más brillantes o convenientes que ellas sean”.
Y allí ingresa la seguridad jurídica, uno de los grandes desafíos para este DNU en caso de avanzar. Salvo modificación de la ley que establece el marco de control de los decretos, cualquier gobierno podría llegar al poder y echar por tierra estas disposiciones de Milei en cuestión de años, espantando varias inversiones.
La “fuerza institucional y política” de una ley podría encarar un proyecto real de transformación sostenible en el tiempo, sin necesidad de apelar a un DNU producto de la urgencia, olvidando la perdurabilidad de las ideas.
En Diputados, Unión por la Patria tiene 102 bancas y la UCR presenta 34. Si el acompañamiento de este bloque, más los apoyos de la izquierda, de la firmante Coalición Cívica y Cambio Federal fueran totales, se alcanzaría el número para, en la Cámara, rechazar el decreto de Javier Milei luego del debate en la comisión bicameral.
Lo mismo en el Senado, dónde el peronismo tiene 33 representantes y la UCR otros 13 que, después de la presentación del proyecto de Carolina Losada en el mismo sentido, aparecen como una opción posible frente al DNU. Se necesitan las negativas de ambas Cámaras para poder dejar sin efecto el decreto.
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