Juicio a la Corte: la mentira del juez Ramos, la rebeldía de Stornelli y el caso AMIA, los ejes de una reunión caliente

La segunda audiencia con testigos del proceso que se le sigue a los cuatro ministros supremos en la comisión de Juicio Político de este martes fue reveladora y estuvo cargada de cruces entre el oficialismo y la oposición. Los principales ejes de la reunión que se extendió por más de 6 horas en el Congreso fueron los siguientes:  

• La Comisión de Juicio Político denunció al juez de Comodoro Py Sebastián Ramos por falso testimonio. El magistrado declaró el 23 de febrero pasado ante la comisión y dijo no tener un vínculo sistemático con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro pero una serie de supuestos chats filtrados lo desmintieron. Por tal motivo se votó extraer su testimonio y enviarlo a los tribunales federales de Retiro para que sea sorteado e investigado por el juez de turno. Ramos fue quien archivó una denuncia contra D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, por coordinar fallos.  
   
• La comisión votó por mayoría convocar nuevamente al fiscal procesado Carlos Stornelli bajo apercibimiento de solicitar su desafuero para que concurra por la fuerza pública. Stornelli debía declarar este martes en el Congreso pero como adelantó El Destape no fue a la cita. El fiscal pretende declarar por escrito, algo que está prohibido por el reglamento de la comisión. La oposición se opuso y salió en su respaldo. La otra fiscal citada para este martes, María Roteta, explicó que no podía concurrir pero pidió se reprograme su audiencia porque tenía un viaje programado por un Congreso. La diferencia con Stornelli es clara.
   
• La comisión también aprobó llamar como testigos a Juan Manuel Olima, mano derecha de Casal en la Procuración, y al abogado Marcelo Mazzeo, quienes públicamente reconocieron como reales los chats que intercambiaron con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, que se conocieron en la tercera y –por ahora- última filtración.

Tras votar estas tres cuestiones, la comisión les tomó declaración a tres testigos:

• El primero en prestar testimonio fue el exsenador y exconsejero de la magistratura Mario Cimadevilla, quien comprometió a la Corte Suprema de Justicia y a Mauricio Macri. Cimadevilla habló del manejo poco transparente de los fondos del Poder Judicial. Dijo, por ejemplo, que entre 2008 y 2009 hubo un debilitamiento del control de la administración de los recursos por parte del Consejo de la Magistratura y una injerencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios. También se lo consultó por su paso por la Unidad de Investigación del atentado a la AMIA, de la que fue titular durante el macrismo. Fue entonces que se refirió al juicio por el encubrimiento del atentado y afirmó que “había que ir a pedir la absolución de los acusados que eran amigos del presidente”, es decir, de Macri. En esa línea, no descartó que la AFI macrista haya estado detrás de una entradera amenazante a su casa en abril de 2018 luego de que denunciara que el gobierno de Cambiemos buscó favorecer a varios de los imputados de ese proceso.
   
• Cerraron la audiencia otros dos testigos, que cumplen funciones en la Corte: el secretario Gustavo Naveira de Casanova, de la Secretaría Nº 7; y el secretario Sergio Nápoli, de la Secretaría Nº 4. Naveira por ejemplo contó de una nota que llegó a la secretaría donde se dejaba constancia de las empresas a las que estaba vinculado el supremo Carlos Rosenkrantz y en las que ya no se iba a excusar más.

Stornelli otra vez fuera de la ley

La Comisión de Juicio Político votó volver a citar a Stornelli para que declare en el Congreso. El fiscal procesado había sido citado para este martes pero no concurrió al Parlamento. La presidenta de la comisión Carolina Gaillard explicó que el fiscal pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) que es inoponible porque habla de esa posibilidad cuando se trata de un tribunal. Por eso, dijo, no procede esa excepción. “Tiene que venir a declarar de manera presencial. De manera que vamos a citarlo nuevamente”, señaló. También se lo anoticiará a Casal. “Y si no comparece y es testigo retiente deberemos empezar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traerlo a declarar por la fuerza pública”, advirtió Gaillard.

Stornelli le envió una nota a Casal en la que dice que “disiente respetuosamente” con Gaillard y que “la inmunidad de concurrencia detenta innegable jerarquía legal de rango superior a un reglamento interno”. Cualquier interpretación en contrario, resaltó  el fiscal procesado, “además de ilegítima, no puede sino ser interpretada como una inaceptable actitud que avasalla la jerarquía Constitucional de dicho Organo”. Es decir, busca establecer un conflicto de poderes. Hasta el momento los dos jueces citados como testigos (Ramos y Alejo Ramos Padilla) concurrieron al Parlamento mientras que la fiscal María Roteta reprogramó su concurrencia pero no reniega de presentarse.

Es evidente que con su faltazo, Stornelli busca eludir las preguntas que le quieren hacer en el Congreso por su aporte al cierre exprés y en plena feria del expediente donde se tenía que investigar si existe una relación promiscua entre el ministro (con licencia) de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti.

No es la primera vez que el fiscal procesado busca eludir una declaración: estuvo 8 meses en rebeldía cuando fue citado a indagatoria en la megacausa de espionaje ilegal conocida como D’Alessiogate. El fiscal fue procesado en esa causa. El diputado Moreau recordó que Stornelli presentó recursos contra esos procesamientos y que esos escritos están en la Corte. Es decir, Rosatti y el resto de los cortesanos deben resolver esos planteos. Por eso, resaltó, el fiscal no debiera haber intervenido en la denuncia contra D’Alessandro y la mano derecha de Rosatti.

Denuncia por falso testimonio

La reglamentación de la comisión de Juicio Político es contundente: “Si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio se ordenará sacar las copias pertinentes y se las remitirá al juez competente”.

Apenas iniciada la audiencia el diputado Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, pidió que se extraigan testimonios de la audiencia del 23 de febrero en la que el juez Sebastián Ramos dijo que no mantenía una relación sistemática con D’Alessandro y se envíen a Comodoro Py para que se investigue un falso testimonio. “Casi en forma simultánea a esta declaración tomaron estado público una serie de chats en donde surgiría información que justamente podría contradecir los dichos que expresó bajo juramento el Doctor Sebastián Ramos”, señaló Martínez.

En la filtración aparecen 56 intercambios entre Ramos y D’Alessandro que muestran un trato muy familiar. De hecho, lejos de la formalidad, el juez llama “Tano” al ministro porteño y hasta coordinan juntarse a comer en un club.

Ramos había declarado ante la comisión por haber archivado la denuncia contra D’Alessandro y Robles. Al cierre de su exposición del 23 de febrero, Germán Martínez le preguntó al magistrado: “Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D’Alesandro y Silvio Robles?”. El juez respondió, contundente: “No, señor”. Minutos después, en coincidencia con el lanzamiento de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, se difundió la tercera filtración de chats del celular de D’Alessandro que compromete al juez Ramos.

La oposición intentó salir en respaldo de Stornelli y aseguró que podía declarar por escrito pero perdió en la votación, donde el oficialismo impuso su mayoría. Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli dijo que el juez Alejo Ramos Padilla también mintió en la comisión cuando describió su rol en casos de espionaje ilegal y lo quiere denunciar por falso testimonio intentando establecer una "juagada en espejo" al caso de Ramos.

“Eran conversaciones absolutamente reales”

En la comisión también se votó que se cite como testigos a Juan Manuel Olima Espel, secretario de coordinación de la Procuración, y al abogado Marcelo Mazzeo. “Han reconocido el contenido de los chats”, dijo el diputado Germán Martínez.

El diputado del FdT, Rodolfo Tailhade se explayó sobre el reconocimiento de la veracidad de los mensajes que hicieron los dos nuevos testigos que tendrá el proceso: “Juan Manuel Olima Espel en redes sociales y luego en un intercambio con la periodista Cynthia García, y el abogado Marcelo Mazzeo, los dos involucrados en la filtración, reconocieron que efectivamente eran conversaciones absolutamente reales”. Por eso solicitó que se convoque a Mazzeo y Olima Espel para ratificar lo que dijeron en los medios.

El caso de Olima Espel tiene un especial interés para la comisión de Juicio Político. Es que buena parte del escándalo por la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro son sus vínculos con la Corte Suprema dado que era una de las partes en la causa donde están en pugna los fondos de coparticipación. En la última filtración, Olima, que es la mano derecha del procurador interino Casal, le envió un dictamen vinculado al tema coparticipación al ministro de Horacio Rodríguez Larreta antes de que estuviera subido al sistema.

La confirmación de esa maniobra la dio el propio Olima. La periodista Cynthia García publicó en su cuenta de Twitter una imagen de los supuestos chats de D’Alessandro con Olima y fue el propio Olima el que le corroboró su contenido. “No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíaos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen habia sigo presentado varias horas antes”, contestó Olima en su cuenta de Twitter. Así, acaso sin quererlo, confirmó los chats y demolió la coartada de D’Alessandro.

A su vez, el abogado Marcelo Mazzeo fue consultado por el diario Hoy de La Plata por los chats con D’Alessandro y confirmó la veracidad de los mismos: “Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar”.

Las revelaciones de Cimadevilla

Cimadevilla fue convocado como testigo por pedido de los diputados de la Coalición Cívica quienes denunciaron presuntos desmanejos administrativos en la Corte Suprema durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. El dirigente radical explicó que en el Poder Judicial conviven dos administraciones, una de la Corte, a través de la secretaría general de Administración, y otra del Consejo de la Magistratura. Y dijo que “en el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento del control de la utilización de los recursos. Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte. Por otro lado, el anulamiento de los mecanismos de control interno y externo del Consejo. Esto yo denuncié durante la vigencia de mi mandato en el Consejo”. Apuntó contra el estamento judicial que actúa como una corporación y señaló que se “eliminaron controles”.

Consultado por diputados del Frente de Todos (FdT), Cimadevilla contó que renunció a la Unidad AMIA porque eran parte querellante en el juicio de encubrimiento del atentado, donde se juzgaba al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros, y se les pidió que bajaran la acusación contra algunos de los acusados porque eran amigos de Macri. “Yo jamás di instrucciones en un sentido u otro”, aseguró. “Yo lo advertí después. En vez de ser una unidad de investigaciones era una unidad de encubrimiento lo que quería armar el presidente Macri y su ministro Garavano”, agregó. “A mi me dijeron que había que pedir la absolución porque eran amigos del Presidente”, explicó respecto a ese juicio. Hizo un reconocimiento al rol de Elisa Carrió en todo este episodio.

Cimadevilla contó que se reunió con  Germán Garavano en el marco del proceso penal por el tema AMIA: “El ministro Garavano sugería que teníamos que llegar a un dictamen en los alegatos finales pidiendo la absolución de algunos de los acusados”. También aclaró que “Garavano a mi me dijo que actuaba por instrucciones del Presidente y en varias oportunidades”. La referencia es a Mauricio Macri.

También contó un robo en su casa de abril de 2018: “Me llamó la atención el revoltijo que había en mi casa y no faltaran cosas de valor. Habían estado trabajando un rato bastante largo en mi computadora, la rompieron, y no se robaron absolutamente nada. Es más, había un celular de uno de mis hijos en su mesa de luz y no se lo llevaron”. Contó que quienes investigaron el caso creían que “la entrada a mi casa no estaba motivada por un robo sino pensando que yo podía tener algún tipo de información”. El diputado Leopoldo Moreau le preguntó si creía que la AFI que condujo Gustavo Arribas podía estar detrás de aquel episodio: “No lo descarto”, respondió el exsenador.

Los funcionarios de la Corte

Cerraron la audiencia de este martes dos funcionarios de la Corte: el secretario Gustavo Naveira de Casanova, de la Secretaría Nº 7; y el secretario Sergio Nápoli, de la Secretaría Nº 4. Naveira por ejemplo contó la existencia de una nota que llegó a su secretaría donde se dejaba constancia de las empresas a las que estaba vinculado el supremo Carlos Rosenkrantz y en las que ya no se iba a excusar más. En este pasaje de la audiencia, los diputados hicieron hincapié en el caso de la integración del Consejo de la Magistratura.