Juicio a la Corte: citan a Robles y D’Alessandro por los presuntos chats filtrados

La presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, informó que se citará a declarar como testigos el próximo 1 de agosto a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, quienes quedaron envueltos en el escándalo de los chats filtrados luego de que se conocieran mensajes en los que coordinan sentencias judiciales. La convocatoria se da en el marco del proceso de juicio político que se les sigue a los ministros supremos Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz.

La convocatoria será para profundizar en los mensajes filtrados que se les adjudican a ambos y donde abordan la medida cautelar que dictó la Corte en favor de la Ciudad en la cuestión de la coparticipación. La hipótesis del oficialismo es que en esa materia hubo tráfico de influencias y sentencias entre el gobierno porteño y la Corte, justamente a través de D’Alessandro y Robles.

En esa línea, el 6 de julio pasado, el oficialismo aprobó en el marco de este proceso que se realice la toma de la huella biométrica de voz de D’Alessandro para luego realizar una pericia. Pretenden que se compare la voz que surge de las filtraciones de los mensajes con la del ex ministro e identificar coincidencias. Es una vía para intentar confirmar la veracidad de los mensajes que se filtraron y comprometen a la mano derecha de Rosatti y al exministro porteño. Al cierre de esta nota no había mayores novedades sobre los avances de esta iniciativa.

De acuerdo a la filtración, los intercambios entre D’Alessandro y Robles comenzaron el 9 de noviembre del año pasado y se extendieron hasta el 1 de diciembre del mismo año. Robles inició la comunicación. Le envió al entonces ministro porteño un link a una nota en la que se comunica que los supremos rechazaron la recusación del Gobierno contra Rosatti justamente en el caso de la coparticipación. Tras esta decisión, de acuerdo a la filtración, la mano derecha de Rosatti le escribió a D’Alessandro que esperaba que ahora hiciera “sacar el ‘fallo Robles’”. Días después, Robles volvió a contactarse con D’Alessandro para coordinar la estrategia que debía tener la oposición en el caso del Consejo de la Magistratura.

Tras el escándalo, D’Alessandro denunció que hubo un espionaje ilegal en su contra y afirma que los mensajes que se difundieron (que fueron con diversas personas públicas, entre ellos, muchos jueces) fueron manipulados.

Junto a Robles y D’Alessandro, para el 1 de agosto –que es cuando se retomarán las audiencias en la comisión- también se citó a Alejandro Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte.

Tanto Robles como D’Alessandro iban a ser citados para el 4 de julio pasado pero un cambio de cronograma postergó su convocatoria. Ahora se los espera el 1 de agosto.

Duras críticas la Corte

Previo a la citación de Robles y D’Alessandro, se este martes declararon 5 testigos en el procesos que se le sigue a los cuatro ministros supremos. El foco siguió en el caso de la coparticipación. Todos los declarantes fustigaron a los cortesanos por la medida cautelar que dictaron en favor del gobierno de la Ciudad.

¿Qué se aborda en el capítulo de la coparticipación? El trasfondo que llevó a la Corte a firmar una medida cautelar a fines de diciembre del año pasado por la cual ordenó que el Estado nacional le gire el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad. Eso implica que en un año electoral la gestión de Horacio Rodríguez Larreta reciba una cifra superior a los $100.000 millones de más sobre lo que ya le ingresa a la Ciudad más rica del país por ese motivo. Fue tan desequilibrada la decisión que el jefe de gobierno porteño y Mauricio Macri festejaron la resolución por las redes sociales.

La Corte estableció que la Ciudad reciba aquel 2,95% sin ninguna justificación ni cálculo ni índice hasta que se resuelva la cuestión de fondo, esto es, si se amplían los fondos coparticipables para la Ciudad al 3,50% al cuál lo había elevado Macri por decreto cuando era presidente (entonces estaba en el 1,4% y lo había elevado al 3,75%) o si vuelve al 2,3% que se estaba girando durante la administración de Alberto Fernández. La excusa que utilizó Macri para elevar el porcentaje fue el traspaso de la Policía a la Ciudad.

Esta decisión de la Corte es una de las causales de mal desempeño que se les adjudica a los ministros supremos en el proceso de juicio político.

En ese marco, este martes declararon:

• Silvina Batakis, exsecretaria de la Secretaría de las Provincias en el Ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación.
• Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero.
• Pedro Oscar Goyochea, asesor General de Gobierno de La Rioja.
• Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca.
• Fernando Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

Los testigos coincidieron en que en la medida cautelar la Corte se extralimitó y usurpó facultades del poder Legislativo y Ejecutivo.

La primera en declarar fue Batakis. La exfuncionaria del ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación cuestionó el decreto por el cual Macri cuando era presidente aumentó la coparticipación de la Ciudad del 1,4% al 3,5%: “En primer decreto (de Macri) no se dice porqué se aumenta del 1,4% a 3,5%. En un segundo secreto se aclara una omisión de información que intenta explicar eso. Pero no hay ningún informe técnico ni fundamento de porqué se pasa del 1,4% al 3,5%”, señaló Batakis. Ese aumento es que el legitimó la Corte con su medida cautelar del diciembre pasado.

Batakis también relató que Robles estuvo en una de las audiencias entre la Ciudad y la Nación que se hicieron en la Corte por este tema. Precisó que la mano derecha de Rosatti estaba sentado al fondo, observando el encuentro. Hizo un dibujo a pedido de diputados del oficialismo.

El diputado del FdT Leopoldo Moreau indicó que Robles fue excluido del acta que daba cuenta de quiénes presenciaron la audiencia. “En este tema en particular queremos establecer si hubo connivencia del gobierno de Ciudad y la vocalía de Rosatti cuyo jefe de despacho es Robles, que se ufanaba que se había obtenido un fallo que se debía haber bautizado ‘fallo Robles’. En esta comisión queremos saber si pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso le pedimos precisiones a la funcionaria”, explicó.

Luego fue el turno del fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raú Abate. Abate aseguró que la decisión de la Corte “modifica el esquema de la coparticipación federal”. “La Corte comienza a legislar al otorgar un porcentaje a CABA sin una fundamentación técnica que lo avale. Y al determinar cómo debe ser pagado y en qué condiciones también invade jurisdicciones del Poder Ejecutivo”, señaló.

El fiscal de Estado de Santiago del Estero citó lo que Rosatti y Rosenkrantz dijeron sobre el régimen de coparticipación federal cuando se presentaron ante el Senado para que se apruebe su pliego para poder asumir en la Corte. Así expuso la contradicción en que incurrieron, porque según leyó, en aquel entonces ambos dijeron que una de las partes no podía modificar el régimen sino que era necesario el consenso de todos los actores de ese pacto fiscal.

A su turno, Pedro Oscar Goyochea, asesor General de Gobierno de La Rioja, dijo sobre la medida cautelar dictada por la Corte: “Está demostrado como en un acto sin fundamentación alguna se decidió aumentar el coeficiente de coparticipación para CABA afectando lo que le corresponde a las 23 jurisdicciones”. “Consideramos que se vulneró el sistema federal perjudicando lo que es la estructura de distribución de recursos de la Nación y el conjunto de las provincias”, añadió.

El cuarto testigo fue Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca. Denett afirmó que la Corte “bajo el ropaje de una medida cautelar escondió una resolución de sentencia anticipada”. El funcionario judicial dijo que la resolución suprema fue “una desviación de poder porque faltando a los requisitos que establece el régimen de medidas cautelara otorgó una suma que no tenía fundamento, el 2,95%, a favor de la actora  (es decir, la Ciudad de Buenos Aires) y que debía aplicarse de forma automática y diaria” el pago correspondiente.

Denett recordó que hay legislación que establece que los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que perturbe los recursos del Estado. “Jamás nuestra provincia fue notificada ni proveída de estos escritos. No solo se violentaron groseramente normas del derecho vigente sino que se violentó el federalismo de la concertación”, sentenció.

La diputada del FdT e integrante de la comisión de Juicio Político, Vanesa Siley, se hizo eco de la declaración de Denett y subió un pasaje de su testimonio a Twitter: "El artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional es claro respecto a que se requiere una ley del Congreso para la reasignación de recursos. Mirá lo que dice este fiscal de Estado: vergüenza ajena!", tuiteó y acompañó el video donde se escucha a Denett: "Explicarle a la Corte que tenía que aplicar el artículo 75 a los fines de poder regular la situación nos parecía una situación como de vergüenza ajena". En ese artículo se explicita que se requiere una ley del Parlamento para reasignar recursos.

También dijo que no hubo respuesta por parte de los supremos a las presentaciones que hizo la provincia ante la Corte. “Un estado provincial no puede recibir como respuesta el silencio”, cuestionó.

“La Corte desbarró con esta sentencia. Bajo el ropaje de una medida cautelar hizo un adelanto de sentencia, una sentencia anticipada, cuyo fundamentos no tienen asidero y racionalmente otorga un porcentaje que no tienen respaldo en la legislación vigente”, concluyó.

El último testigo fue Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz. Para Tanarro, “la Corte se extralimitó en sus funciones cuando dictó la medida cautelar y resolvió cómo deben disponerse los recursos de la coparticipación”. Y añadió: “Estableció un porcentaje que nos parece infundado y no encontramos fundamentos para ese porcentaje del 2,95%” a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

Tanarro también explicó que el 28 de diciembre del año pasado “recusamos a los miembros de la Corte, pedimos nuestros carácter de amigos del tribunal y argumentamos sobre las consecuencias de la medida cautelar”. Es que la decisión de la Corte provocó la reacción de las provincias.

La recusación, explicó el fiscal de Estado, fue por “interés en el pleito y prejuzgamiento, porque para nosotros la Corte adelantó posición respecto a la sentencia definitiva. Con la medida cautelar ya ha resuelto”.

La comisión retomará su rutina el 1 de agosto para seguir profundizando en el detrás de escena de la medida cautelar de la Corte en favor de la Ciudad en materia de coparticipación. ¿Concurrirán Robles y D’Alessandro?