El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados ya tiene en su poder la denuncia impulsada por el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores para iniciar el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Antes de avanzar con la presentación del proyecto de resolución, los legisladores oficialistas estudian fortalecer la acusación política. Se espera que el llamado a sesiones extraordinarias llegue en los próximos días y que el trabajo comience en la segunda quincena de enero.
Esta tarde, Fernández recibió en la Quinta de Olivos al presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, para hacerles entrega del pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. "Les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo", destacó el comunicado de Casa Rosada. En estos días terminará de pulir los detalles del decreto con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Antes de formalizar el documento con la acusación, el oficialismo buscará sumar nuevos elementos que refuercen lo elaborado por el Presidente y los gobernadores. "El proyecto da margen para agregar elementos, pero se tomará el documento que elaboraron el Presidente y el gobernador como principal referencia", explicaron desde el bloque oficialista a El Destape.
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Una vez admitida la presentación en la mesa de entradas de Diputados, comenzará la investigación a cargo de la Comisión de Juicio Político, compuesta por 31 integrantes y entre los que se destacan además de Martínez y Galliard junto Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Rodolfo Tailhade por del FdT, los legisladores de Juntos por el Cambio Mario Negri, Sabrina Ajmechet y Graciela Ocaña.
Antes de la etapa de pruebas contra los magistrados y la convocatoria a los acusados y constitucionalistas, se estudiarán agregar al escrito que se firmó ayer, jurisprudencia que sustancien la denuncia. "Vamos a reforzar la fundamentación que explique en qué sentido queremos avanzar y para fundamentar la apertura del juicio político", explicó un legislador a este portal.
En el listado, además de este tema, el Poder Ejecutivo también incluiría la modificación a la ley del Presupuesto 2023 para incluir partidas que permitan cumplir con el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la ley de blanqueo y la nueva moratoria previsional, que ya cuenta con media sanción. Otros temas y que también son de interés del ministro de Economía, Sergio Massa, son el proyecto para fomentar las inversiones en Gas Natural Licuado e hidrógeno para los próximos 30 años, el fomento al desarrollo agroindustrial, que fue pedido por Massa cuando asumió en su cargo y aun no consiguió avanzar, y la creación de nuevas universidades. A ellas, según supo este portal, se le sumarán otras iniciativas que están en el Senado y aun no están definidas.
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Mientras tanto, y luego de que se conociese que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no firmó el escrito como se afirmó en un primer momento, en Casa Rosada no descartan conseguir el apoyo de mandatarios aliados como son los de Río Negro, Neuquén, Salta y Misiones. De hecho, Alberto Fernández se mostró hoy con el gobernador de esta última, Oscar Herrera Ahuad, en el marco de la entrega de 597 viviendas en Posadas.
Qué dice el pedido de juicio político
La acusación la encabezan Alberto Fernández y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).
Allí se advierte desde "la violación de la Ley de Ética Pública" hasta la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional "a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080", que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
Otro de los puntos tiene que ver con el fallo por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. "Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”, aseguraron.
Por estas razones, los acusan de "invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" por el Ejecutivo y Legislativo. Por lo que consideraron que "quebraron los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno”, remarca el texto.
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