Con el arranque de las sesiones extraordinarias, el Frente de Todos pone primera en la Cámara de Diputados con el proyecto que más tensión política generó de los enviados por Alberto Fernández: el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Este jueves la comisión de juicio político comenzará a trabajar y durante tres meses el oficialismo analizará las pruebas para darle viabilidad a la denuncia que el Presidente y 11 gobernadores iniciaron. Juntos por el Cambio anticipó que bloqueará el tratamiento. Se espera un debate con fuertes cruces entre ambos espacios.
A las 11 fueron convocados los 31 integrantes de la comisión presidida por la frentetodista Carolina Gaillard. En el primer encuentro se repasará la agenda de trabajo para tratar los 14 proyectos. Actividad que continuará el 2 de febrero cuando se reciban a los autores y autoras de esas iniciativas, entre los que se encuentran diputados de la Coalición Cívica por el juicio político que Elisa Carrió impulsó contra Ricardo Lorenzetti. La fecha clave será el 9 de febrero, día que se espera que salga el informe de admisibilidad que dará paso a la investigación y apertura de sumario.
Luego vendrá la etapa “sumarial” en la que se producirá la prueba y se citarán a los testigos para formular la acusación. Una vez superada esta instancia, se citarán a los denunciados para que ejerzan su defensa de forma presencial o a través de un informe escrito. Tras ello vendrá la parte "resolutiva" para desembocar en un dictamen definitivo. El principal apuntado en la mayoría de las denuncias es el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, a quien en el Frente de Todos lo acusan de “violar todas las reglas de juego” y de “hacerse del Consejo de la Magistratura”.
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En la denuncia que impulsa el Gobierno contra la Corte Suprema por “mal desempeño”, además del fallo por la coparticipación y el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura al poner en vigencia una ley derogada, se suman hechos como el fallo “Muiña”, donde se planteó la validez de la ley del 2x1 en el cómputo de la pena para un delito de lesa humanidad y denuncias por mala administración de la obra social del Poder Judicial. Además, declaraciones de Rosatti que "buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo" y la filtración de presuntos chats en los que el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario cercano a Rosatti, intercambiaban información acerca de fallos que beneficiaban a la Ciudad y a la oposición.
La estrategia del oficialismo pasará por citar no solo a los autores de los proyectos, sino también organismos de derechos humanos y damnificados en las distintas denuncias. En relación a la coparticipación, por ejemplo, serán llamados gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Allí será clave lo que diga el funcionario sobre la audiencia de conciliación con la Ciudad de Buenos Aires por el amparo presentado ante la quita de recursos coparticipables. El Frente de Todos buscará conocer si estuvieron allí Marcelo
La idea, según detallaron desde el bloque a El Destape, es ir “construyendo los escenarios” para justificar la citación a declarar de los cuatro jueces, lo que ocurriría al final de la investigación. Asimismo, pretenderán quebrar el abroquelamiento de JxC y exhibir la “doble vara” de legisladores referenciados en Carrió acerca del pedido de juicio político contra Lorenzetti que ahora impiden que avance.
El FdT conseguirá fácilmente el quórum en la comisión con sus 16 integrantes, pese al rechazo de los 14 de Juntos por el Cambio y Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal. El oficialismo cuenta con el apoyo de los diputados massistas, aunque Sergio Massa continúa sin referirse al tema públicamente. En referencia al Frente Renovador, Vanesa Massetani dejó su lugar en esta comisión por "problemas personales" y será reemplazada por un Ricardo Herrera, legislador riojano que responde al gobernador Ricardo Quintela, impulsor de la denuncia.
El clima ya se calentó en la previa a que se encuentren cara a cara con un comunicado del bloque oficialista que conduce Germán Martínez luego de una reunión con autoridades de comisiones que intervienen en el temario enviado por el Poder Ejecutivo. En relación al tratamiento de los 28 proyectos, hicieron un llamado a la “responsabilidad política e institucional” de Juntos por el Cambio e invitaron a los diputados de ese interbloque a que revean el bloqueo definido por la mesa nacional para este período de sesiones.
En otro tramo del comunicado, intimó a la coalición opositora a que convoque a las comisiones intervinientes que presiden. El argumento oficialista es que esas iniciativas están vinculadas al desarrollo económico, la generación de empleo, la creación de universidades, la inclusión jubilatoria y la planificación de la ciencia y la tecnología. Pese a que existe diálogo entre los presidentes de los bloques, la intención del oficialismo de denunciar contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti condicionará cualquier otro tratamiento en las próximas semanas.
Prueba de ello fue el resultado de la reunión de este miércoles de los legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos quienes integran la comisión presidida por la frentetodista Carolina Gaillard. Los diputados definieron el juicio político a la Corte que plantea el Gobierno “es un mamarracho jurídico y político”. El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, anticipó que Juntos por el Cambio “se presentará a dar el debate” cuando el Frente de Todos haya conseguido el quórum. “El pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal”, afirmó el diputado y vinculó la iniciativa al lanzamiento de la campaña del Gobierno de cara a las elecciones. La estrategia de la oposición será solicitar que se traten los pedidos de juicio político a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, proyectos que no ingresaron a extraordinarias.
Si la Comisión promueve el dictamen de juicio político, que como ya se mencionó arriba el FdT tiene los votos necesarios para hacerlo, hará una discriminación sobre cada uno de los cargos que le atribuyen a cada uno de los jueces, siendo Rosatti el que pareciera ser que más imputaciones recibirá. Luego vendrá la discusión en el recinto, todo un desafío para un Frente de Todos que ya fracasó en las últimas tres sesiones que intentó llevar a cabo en Diputados por falta de quórum.
En medio de la investigación, las declaraciones y búsqueda de pruebas Alberto Fernández irá al Congreso el 1º de marzo para abrir el período de sesiones ordinarias. En su discurso seguramente defenderá esta iniciativa y aprovechará para recrudecer sus críticas a las actuaciones de los supremos como también del funcionamiento de la Justicia y los proyectos de reforma judicial frenados en Diputados y el Senado. Un discurso que será leído en clave electoral.
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