Contra la opinión pública, la oposición y la Iglesia, la Legislatura de Córdoba aprobará el miércoles en la última sesión del año, un proyecto de ley que legaliza el millonario negocio de las plataformas de juegos de azar online. Los defensores de blanquear las apuestas clandestinas aseguran que el juego online aportará a las finanzas de la Provincia unos $ 30 mil millones, cifra equivalente al déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de Córdoba proyectado para este año.
En los primeros días de diciembre, cuando el año legislativo estaba prácticamente cerrado y sólo se debatía el Presupuesto 2022 -la ley más importante-; en silencio y sin que nadie lo advirtiera, dos representantes de Juntos por el Cambio, Silvia Paleo del PRO y el radical Orlando Arduh presentaron en soledad un proyecto para autorizar los juegos de azar online en la provincia de Córdoba.
Inmediatamente, en una clara señal de apoyo, Hacemos por Córdoba, la coalición schiarettista que cuenta con 51 bancas de las 70 de la Legislatura cordobesa, le dio trámite parlamentario al proyecto que busca legalizar las plataformas virtuales de juego; una maquinaria que genera millonarias ganancias a los empresarios y empobrece aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo denunció la Iglesia de Córdoba: “El Estado debe proteger al frágil, no exprimir su fragilidad. Hay cierta perversidad en la pretensión de justificar el negocio del juego con el argumento de que una parte de lo recaudado por el Estado, a través de esta ley o de otra ley, se destinará a ayuda social o la implementación de programas para prevenir o tratar la ludopatía. Van a crear un casino en cada casa”, apuntó el padre Munir Bracco, titular de la Pastoral Social de Córdoba.
Desde el oficialismo provincial, el legislador Leonardo Limia le hizo un guiño al proyecto del PRO: "No se promociona sino que se regula el juego", dándole entidad a un tema que no estaba en la agenda pública y en Córdoba estaba resuelto desde la Justicia: en 2018, la Lotería de Córdoba ya había denunciado a más de 20 páginas de apuestas virtuales y la Justicia bloqueó su acceso. En 2020 también fue denunciada Rapoker, una página de apuestas ilegales que fue bloqueada tras una investigación de nueve meses, en la que hubo una decena de allanamientos, con tres imputados y detenidos, acusados de los delitos de asociación ilícita, organización y explotación del juego online, previstos en el artículo 301 de Código Penal.
Detrás de este polémico proyecto que esquilmará los bolsillos de los cordobeses de bajos recursos aparece el verdadero autor intelectual de la legalización en Córdoba de los juegos online: el legislador macrista Darío Capitani, quien importó desde la Provincia de Buenos Aires el mismo proyecto de Ley para regular las apuestas online, que había sancionado la gobernadora macrista María Eugenia Vidal en 2017, con la salvedad de que en Córdoba, las licenciatarias serían cinco compañías de apuestas, mientras que en Buenos Aires fueron siete. Las operadoras en Buenos Aires tendrían licencia durante 15 años; mientras que aquí cinco años más.
Sorpresivamente, en los últimos días, durante el debate en Comisión, el PRO propuso ampliar a siete el número de las compañías que operarán en Córdoba: William Hill-ArgentBingo -opera el bingo de Moreno-; Bet365 -el bingo de Berezategui y Bet365-; Playtech –es la explotadora del casino de Tandil y Dynamo Tyche-; Bplay –a cargo de Boldt y 888-; BetWarrior –dueña de Binbaires e Intralot-; Betsson –en el casino Victoria y Grupo Bettson- y Pokerstars –con el nombre de fantasía Atlántica de Juego, a cargo de bingo de Chivilcoy y Stars Interactive Limited-.
Detrás de estas compañías hay pesos pesados ligados al macrismo, por eso la urgencia de Capitani y sus socios de abrirles el juego en Córdoba: el operador judicial Daniel Angelici comanda Atlántica de Juegos y Federico de Achával, de estrechos vínculos con José Torello y Nicolás Caputo, “hermano del alma” de Mauricio Macri; está al mando de Binbaires.
Para reafirmar su poder interno en el bloque macrista, Capitani ordenó firmar la coautoría del proyecto de ley a Raúl Recalde y Alberto Ambrosio, el primero, un radical que fue juecista y terminó en el PRO; y el segundo, el operador territorial del diputado nacional Héctor “La Coneja” Baldassi; aunque para el gran público, los voceros fueron Arduh y Paleo.
En CABA, donde también gobierna el macrismo con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, el juego clandestino fue regulado en septiembre de 2018; pero hasta ahora no se otorgaron las licencias, sino que las plataformas Boldt, Betsson, Ibiza, Upline, Betway, Ondiss y Codere cuentan con siete permisos precarios de uso por cinco años.
Resistencia interna
Ni bien presentaron el proyecto, Paleo justificó la decisión de blanquear el juego ilegal: “Este es un proyecto que a nivel nacional viene impulsando Juntos por el Cambio, al que hemos dedicado mucho tiempo de estudio y que, por las elecciones de noviembre pasado, decidimos presentar a posteriori. Estamos ante un mundo digital que avanza cada vez más y es necesario regular algo que existe, que hay que hacerlo porque esto no puede estar fuera de control”.
Y el radical Arduh, jugando de schiarettista furioso, defendió el proyecto a los gritos contra sus propios compañeros de bancada de Juntos por el Cambio y del bloque de la UCR: “Con la pandemia, estos juegos aumentaron. Se habla de 950 sitios que operan en el país. Hay que regularlos por el impacto en los menores, en los adultos, que hoy pueden acceder desde una computadora o un celular. Estos sitios deben tributar y esos dineros no sólo deben ir a acción social, como hoy es el PAICOR (el Programa Alimentario del Gobierno en las escuelas) sino también a educación”. Las palabras de Arduh chocan con la realidad: sólo el 5% de los dineros recaudados con las apuestas actuales que se realizan en Córdoba se destinan a Desarrollo Social.
Inmediatamente, Marcos Carasso, presidente del Comité Provincia de la UCR cordobesa emitió un comunicado rechazando la movida operada en penumbra por Capitani: “Ni en la Unión Cívica Radical, ni en Juntos por el Cambio de Córdoba se ha analizado o avalado legalizar las apuestas online. El radicalismo tiene una posición histórica contraria a fomentar el juego. Es un proyecto presentado a título personal y nada tiene que ver el partido”.
El legislador radical y ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure apuntó contra la iniciativa del macrismo: “El proyecto presentado no expresa mi opinión ni es la opinión unánime del bloque de Juntos por el Cambio. Cuando fui intendente de Río Cuarto dimos una agotadora pelea contra el juego y sus dolorosas consecuencias económicas y sociales. No voy a ser cómplice de fomentarlo ahora”.
Lotería
La Lotería de Córdoba es el ente que regula el juego en la provincia. “Dentro de Lotería todo, fuera de Lotería nada”, reza una máxima que demarca los juegos legales de los clandestinos. En 2002, el gobernador José de la Sota habilitó las tragamonedas, inundando con 4.000 máquinas el interior provincial. El entonces intendente Luis Juez, se opuso a que el juego ingresara a la Capital. También lo hizo su sucesor Ramón Javier Mestre.
De la Sota les dio por 20 años la concesión de las tragamonedas a CET, la Compañía de Entretenimientos y Turismo, una alianza entre el Grupo Roggio y Miguel Carusso, que vence en 2022. Pero hace dos semanas, en medio del debate por las apuestas online, el Gobierno de Juan Schiaretti prorrogó por cinco años las licencias de las maquinitas que están distribuidas en casinos de 17 ciudades del interior.
Con el nuevo panorama de apuestas en línea, “donde cada casa se convertirá en un casino”, como denuncia la Iglesia cordobesa; los casinos donde están instaladas las tragamonedas perderán clientela; por lo que Lotería evalúa que la nueva ley impulsada por el PRO le permita a CET ingresar al juego.
Actualmente, Lotería de Córdoba no cuenta con una normativa que le permita actuar como ente de aplicación y de seguimiento del funcionamiento de estos sitios ilegales. La Ley 8.837 sólo alcanza a las apuestas tradicionales en agencias o en casinos. Frente a las plataformas virtuales, Lotería presenta denuncias y acciones penales a través de la Justicia; que bloqueó los IP de los sitios de apuestas.
La ley macrista-schiarettista
Esta nueva Ley de Juego que se aprobará mañana en la Legislatura provincial prevé en su artículo 1° la regulación de los juegos en línea “en distintas modalidades, medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos o en los que en el futuro se desarrollen en el ámbito de la provincia de Córdoba con el fin de garantizar la protección del orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar el derecho de los participantes”.
La Lotería de Córdoba será su autoridad de aplicación y se fijarán pautas para los sitios y para los jugadores: la explotación esté en manos de personas físicas o jurídicas, con la posibilidad de que sea una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con participación de hasta cinco licenciatarias, las que deberán inscribirse en un registro de licencias.
Mientras que en el caso de los apostadores, el proyecto fija que deberán estar anotados en un registro con sus datos personales, documento de identidad y domicilio. Además de exigir que los jugadores tengan más de 18 años, se establecen alertas en caso de jugadas de más de tres horas, una planilla de autoexclusión para quienes asumen que padecen ludopatía y límites de depósitos para las apuestas.
Respecto del canon que le pagarán las compañías de juego al Estado, y los porcentajes de los premios a los jugadores, el proyecto establece que eso será resorte de Lotería de Córdoba: “Esto permite otorgarle al Estado provincial herramientas para garantizar que la actividad se desarrolle con transparencia y control, amparando los derechos de los usuarios. También desplazar y eliminar la oferta ilegal ya existente sin ningún tributo, además de generar recursos para la Provincia que hoy son retenidos por plataformas que no pagan canon”, dice el proyecto.
Además, legalizará las apuestas deportivas, tanto de encuentros internacionales, nacionales como los de la localísima Liga Cordobesa de Fútbol.
Para morigerar el impacto negativo de la ley, los legisladores también aprobarán un viejo proyecto contra la ludopatía y en la ley de juegos en línea, prohibirán que los beneficiarios del Estado a través de planes sociales puedan inscribirse para jugar.
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