El Gobierno reiteró que evalúan designar jueces por decreto y entró en colisión con el Senado

“No descarto que, si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad transitoria", avisó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe en el Senado, justamente la Cámara donde se tramitan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los dos candidatos del Gobierno para el máximo tribunal. "Hay muchísimos antecedentes en la historia argentina", exageró el representante de un oficialismo que se sabe que no tiene la verdad como un valor importante. Luego, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó una carta firmada por los 33 senadores de su bancada en el que le adelantaban que rechazarán el pliego de cualquier candidato que acepte ser designado en la Corte Suprema por decreto "en comisión". La advertencia encrespó los ánimos de un Gobierno que ya se acostumbró a que le acepten cualquier cosa. Sus voceros oficiosos salieron a decir que si la oposición se resiste no sólo cubrirán las dos vacantes de la Corte por decreto sino también los 150 jueces de demás instancias que deben ser designados.

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, le preguntó a Francos durante su presentación porqué no habían mandado el nombre de una mujer para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. “Entendemos el reclamo de la presencia de una jueza mujer. Seguramente, es un tema que el Presidente va a considerar, en caso que estos pliegos finalmente no avancen”, respondió al jefe de Gabinete. Una "paloma" en un Gobierno dominado por ultras, la respuesta contemplativa de Francos no fue del gusto de la Casa Rosada. Especialmente, que evaluara como posibilidad que los pliegos de Lijo y García Mansilla pudieran no avanzar y cambiarse. Esa chance no entra en el abanico de alternativas del Ejecutivo que sostienen que si no salen por las buenas, lo harán por las malas y utilizarán el atajo de dudosa legalidad de designarlos en comisión. "El Presidente pueda ejercer esa facultad transitoria, que después deberá ser ratificada por el Senado”, insistió Francos.

"Le voy a hacer llegar una nota", le avisó Mayans luego de escucharlo. En el documento, titulado "No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado", los 33 integrantes del interbloque de Unión por la Patria asumen el compromiso público de "impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'en comisión'". El jefe de la bancada le explicó a Francos que la intención de UP -que tiene el poder de vetar cualquier designación dado que se necesitan dos tercios de la Cámara- es la de discutir sobre la conformación de la Justicia en general. "Procurador general, miembros de la Corte, Defensor; hagan un acuerdo con las fuerzas políticas", reclamó Mayans.

El bloque de Unión por la Patria -que responde en gran medida a las directivas de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner- había realizado una jugada durante el fin de semana al colocar la última firma que le faltaba al pliego del juez federal Ariel Lijo para que obtuviera dictamen de comisión y pudiera ser tratado en el recinto. Quien puso la novena firma necesaria fue la ex gobernadora de Catamarca y vicepresidenta del PJ, Lucía Corpacci. "Los que pueden venir son peores", justificó su adhesión en diálogo con El Destape Radio. Luego, Mayans explicó que era una manera de abrir el juego a la negociación y que no quería decir que ellos aportarían los votos para llegar a los dos tercios y consagrar a Lijo como juez de la Corte. "Hoy los dos tercios no están para nadie", advirtió. Argumentó que el oficialismo podría llegar a juntar 39 senadores, por lo que le correspondería elegir un candidato a la Corte -de ahí la firma a Lijo- y el otro -la otra, en realidad- le correspondería a Unión por la Patria. Uno de los nombres que circuló para esa candidatura fue el de la ex senador por Santa Fe María de los Angeles Sacnun.

Pero no sería la misma visión que impera en la Casa Rosada. Allí ven a Lijo afín al peronismo mientras que es más de su gusto el académico de derecha García Mansilla, con pocas chances de conseguir los dos tercios de la Cámara dadas sus posiciones ultraconservadoras. En el Gobierno insisten en que se trata de "los dos o ninguno" y que no están dispuestos a negociar. Por eso también desafiaron la carta de los senadores de Unión por la Patria, con el argumento de que el Senado no puede hacer caer un nombramiento en comisión. En realidad, es una medida de dudosa legalidad dado que la Constitución establece ese mecanismo para llenar las vacantes de "empleos". durante el receso de la Cámara alta. Por otro lado, no se sabe si los jueces aceptarían asumir con ese nivel de cuestionamiento de parte la principal fuerza opositora y si la Corte efectivamente les tomará juramento. En definitiva, la sensación era que el Ejecutivo había llegado a una encerrona y que debía efectivamente abrir un canal de negociación porque se veía imposible de coronar con éxito la designación masiva de jueces por decreto, como amenazaban.