El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) requirió a la Justicia que habilite la feria y dicte una medida cautelar que frene los despidos en el Hospital Laura Bonaparte por causar una grave afectación al derecho a la vida y a la salud. En un escrito que presentó este lunes por la noche, el CELS amplió las razones por las cuales reclama a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que intervenga con urgencia en este caso. Graficó el impacto y las consecuencias que tendrá el despido de 200 trabajadores en los servicios de salud que presta el hospital.
De acuerdo a la presentación “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital, en incumplimiento por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a prestaciones de salud y brindar atención sanitaria y social integral con el objeto de asegurar a los/as usuarios/as la recuperación y preservación de su salud conforme lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.657 de Salud Mental”.
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En el mismo escrito se menciona que la población afectada vive “en una situación de extrema vulnerabilidad y está compuesta por adultos/as, niños, niñas y adolescentes que requieren prestaciones de salud mental, siendo el Hospital Bonaparte el único con dicha especialidad en el AMBA”. “Dada la gravedad de la situación actual que lleva a una seria afectación colectiva al derecho a la salud de los/as usuarios/as de los servicios que ofrecía el Hospital Bonaparte, se hace imprescindible habilitar la feria y resolver favorablemente la medida cautelar formulada”, se sostiene en la presentación.
La crisis que atraviesa el Hospital Laura Bonaparte se agudizó luego de que el 15 de enero pasado el Ministerio de Salud anuncie una “reestructuración”.
El CELS elaboró su presentación en base a información que pudo recopilar del Director del Hospital, Cristian Baldino, de las autoridades responsables de los diferentes servicios de salud, secciones y departamentos del nosocomio y de un informe que elaboró la la Junta Interna del Hospital, de ATE.
En el escrito se describe cómo funciona el hospital. Por ejemplo, la atención se organiza en 13 Servicios y 8 Secciones, que dependen de 5 Departamentos. Y se precisa que hasta el 31 de diciembre del año pasado, la dotación para el funcionamiento del nosocomio era de 674 personas trabajadoras. Con esa planta de trabajadores en 2024 se atendieron 100.491 consultas bajo modalidad ambulatoria en los servicios de Guardia, Consultorios externos, Demanda espontánea, Servicio de niños, niñas y adolescentes, Hospital de día, Clínica médica, Nutrición, Abordaje territorial. “La reducción drástica del personal, tras el despido de 200 personas, imposibilitan el funcionamiento adecuado del Hospital”, advierte el CELS.
Los efectos de los despidos
“La decisión ministerial produce efectos regresivos en los distintos servicios ofrecidos por el Departamento de Atención en la Urgencia y la Internación del Hospital Bonaparte, que tiene a su cargo los Servicios de Guardia Interdisciplinaria, Observación y Cuidados en la Urgencia y el Servicio de Internación. Estos servicios desarrollan una función crítica, de su adecuado funcionamiento depende la vida de los usuarios/as de salud mental que concurren al Hospital”, destacó el CELS en su presentación judicial.
La decisión del Ministerio de Salud implicó una reducción del 27% del personal que presta tareas en el Servicio de la Guardia Interdisciplinaria. “En especial se redujo drásticamente la cantidad de profesionales médicos y de enfermería afectados a este Servicio, que pasan de 76 a 50 profesionales”, resaltó el CELS. Como consecuencia en este servicio no se podrá garantizar el funcionamiento operativo las 24 hs. Habrá días y horarios en los que no se contará con personal de enfermería ni trabajo social ni con psiquiatra ni 2 enfermeros. En determinados horarios nocturnos “no habrá médico generalista”. Y “los sábados de 8 a 20hs no contará con enfermeros”. La emergencia es total.
La urgencia se replica en el Servicio de Observación y Cuidados en la Urgencia, que sufrió una reducción de personal del 30%, y en el Servicio de Internación, donde el recorte fue del 29%.
La situación se repite en el Departamento de Salud Integral. “En la órbita de este Departamento funciona la Sección de Farmacia, que a pesar de ya contar con escaso personal sufrió una reducción del 70% de su equipo”, se explica en el nuevo planteo del CELS. “Se pasó de 4 a 2 farmacéuticos; de 5 a 1 auxiliar de farmacia; de 1 a 0 administrativo. Por lo tanto, cualquier licencia usufructuada por su alguno de sus integrantes, deja sin provisión de medicación a los pacientes de los siguientes servicios: internaciones, hospital de día y pacientes ambulatorios”.
Los problemas aparecen también en la Sección Laboratorio, que funciona bajo este Departamento. Por ejemplo, “tras los despidos, ya no cuenta con bioquímico y se pasó de 3 a 2 técnicos de laboratorio. Esto lleva a la imposibilidad de brindar prestación a pacientes nuevos del circuito ambulatorio y de cubrir asistencia en períodos de licencias del personal”.
Por su parte, el Servicio de Clínica Médica se redujo en un 33%. “De mantenerse la decisión de no renovar al personal desafectado, el impacto se verá reflejado en la cobertura horaria y turnos programados del servicio”, señala el CELS.
“La decisión ministerial afecta también los servicios ofrecidos por el Departamento de Servicio Ambulatorio del Hospital, que tiene a su cargo la atención de salud mental y consumos problemáticos de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 18 años de referencia nacional que asiste a una población, mayoritariamente proveniente de AMBA”, añade el CELS. Aquí se redujo un 50% del personal, “lo cual en términos concretos se traduce en la desarticulación y desmantelamiento del dispositivo de demanda espontánea, en la desintegración de los equipos interdisciplinarios completos en consultorios externos; y en el cierre de atención para odontopediatría”.
En esta dependencia funciona el Servicio de Atención de la Demanda Espontánea, que tiene a su cargo la atención de los usuarios que concurren a la institución solicitando algún tipo de atención de manera espontánea sin turno previo. “Según la información oficial provista por el propio Servicio, la decisión del Ministerio llevó a la reducción del personal de este Servicio en un 29%, lo cual en términos concretos se traduce en que ya no funciona su turno tarde”, alerta el CELS.
“En este Departamento, también se ven afectado el Servicio de Consultorio Ambulatorio, que reduce su personal en un 36%, por lo cual de 584 pacientes, 214 quedarían con un equipo parcial y en otros casos sin el equipo tratante en su totalidad”, agrega el organismo de DDHH, en lo que es otro dato alarmante.
“En función de lo expuesto, la ‘reestructuración’ inconsulta de los departamentos y servicios del Hospital Bonaparte, tiene graves efectos regresivos para el ejercicio de los derechos a la vida digna y a la salud del colectivo afectado y resulta violatoria de sus derechos a la información y participación”, afirma el CELS. Se trata de “una medida inválida, por violación a la prohibición de regresividad y se torna imprescindible adoptar la medida de no innovar que solicitamos en protección de los derechos esenciales en juego y para evitar perjuicios a la salud que serán irreparables de forma posterior”, agregan desde el organismo de DDHH.
Tras esta presentación se espera por el dictamen del fiscal Miguel Ángel Gilligan y luego la resolución del juez de feria.
El inicio de la causa
La presentación del CELS se da en el marco de un expediente que se abrió en octubre del año pasado luego de que el mismo organismo hiciera un planteo en el fuero contencioso administrativo para que se dicte una medida de no innovar que frene dos decisiones del gobierno sobre el Hospital Bonaparte: la prohibición de ingresos de nuevos pacientes al servicio de internación del nosocomio; y la derivación a otros centros de salud de manera intempestiva e involuntaria, en virtud del plan de reestructuración que ahora se está profundizando.
Aquel planteo del CELS derivó en un conflicto de competencia. Una vez que se resolvió ese diferendo, la decisión sobre la medida cautelar quedó pendiente y el Juzgado no llegó a pronunciarse antes del inicio de la feria judicial. Por eso, ante el nuevo conflicto, el organismo de DDHH reclama la apertura de la feria para tratar la crisis que sacude al Hospital Laura Bonaparte.
En su primer pedido de habilitación de la feria, que hizo el 16 de enero pasado, el CELS vinculó ambos procesos por algo sencillo: “Al iniciar este proceso, se informó que el Ministerio había comunicado la repentina noticia del inmediato cierre de los servicios de internación y guardia, sin recibir explicación alguna sobre la situación de las personas que se encuentran internadas. Asimismo, se anunció el inminente cierre total del Hospital. En aquella oportunidad, el Ministerio informó que avanzaría con un plan de ‘reestructuración’ y la consiguiente derivación de pacientes a otras instituciones”. “Como podrá observar, dando continuidad a estos sucesos, el día de ayer, 15/01/25, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó oficialmente nuevas medidas dirigidas a concretar la ‘reestructuración’ ya anunciada, que involucran a los servicios que presta el Hospital Laura Bonaparte, ya que se afecta seriamente la continuidad del servicio de guardia, internación, el hospital de día y deja inoperativo el servicio de odontología pediátrica”, añadió el CELS.
Este lunes, el organismos de DDHH amplió las razones por las que la Justicia debiera frenar el recorte en el Hospital Laura Bonaparte. Los datos que esgrimió son contundentes.
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