En una resolución judicial del caso Gestapo antisindical quedó plasmado con pruebas que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri nutrió denuncias anónimas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina con información obtenida de forma ilegal.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comprobó que las tareas de inteligencia ilegal que practicó la AFI contra Medina se volcaron, al menos, en la denuncia anónima con la que se abrió la única causa federal que tuvo el referente de la UOCRA – La Plata, que tramitó en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
Para el juez Kreplak no hay dudas sobre el inicio de esa causa federal contra Medina: “La formulación de esta denuncia implicó la introducción de datos que se habían obtenido mediante aquellas tareas de investigación llevadas a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia -sin que existiera orden judicial que las habilite- sobre Juan Pablo Medina y su entorno”.
El juez ahondó en el rol de la AFI en la resolución que firmó este jueves en la que dictó el procesamiento de tres ex espías (Diego Dalmau Pereyra, Juan De Stéfano y Darío Biorci), de dos funcionarios de María Eugenia Vidal (Marcelo Villegas y Adrián Grassi), del intendente de La Plata Julio Garro y del senador bonaerense Juan Pablo Allan por su rol en la persecución judicial del Pata Medina. Un dato no debe pasar desapercibido: el magistrado no sólo los procesó por violar la Ley Nacional de Inteligencia sino también por ser partícipes necesarios del delito de prevaricato, un delito que se le adjudica a jueces y fiscales. Puede interpretarse como una forma de juzgar los mecanismos del Lawfare. Ya que se adentró en el armado judicial que se tejió contra Medina.
¿Qué es el prevaricato? El delito que se le adjudica a un juez por dictar una resolución basándose en hechos que sabe falsos. Se trata de una figura que Kreplak aplicó de una forma novedosa ya que alcanzó a funcionarios del ejecutivo provincial, municipal y espías. No hay muchos antecedentes.
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¿Cuál era el rol en el caso Gestapo de la AFI que condujeron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani? “Recolectar información que sirviera para involucrar a Medina en causas penales”, señaló el juez Kreplak.
Según el magistrado, “el plan criminal incluyó la investigación criminal no habilitada por orden jurisdiccional alguna, y la consecuente obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de Medina y su entorno”. Eso implicó “tareas encubiertas de vigilancia en domicilios, análisis de vínculos, consultas en bases de datos de acceso restringido realizados directamente por agentes de la AFI, entre otras, todo ello sin orden judicial que habilite tal intervención”, añadió Kreplak.
“La información obtenida a través de esas tareas de inteligencia fue determinante para delinear la estrategia de judicialización, que luego fue introducida en el proceso penal en que se produjo la detención y luego el procesamiento de Medina y sus allegados”, remarcó el juez.
La AFI y la “estrategia parajudicial”
Para describir el armado judicial que ideó el macrismo para perseguir a Medina el juez Ernesto Kreplak habló de “estrategia parajudicial”. Con ese término, el juez se refirió al “desarrollo de tareas de investigación criminal sin orden judicial por parte de agentes de la AFI ordenadas por sus superiores jerárquicos y, más genéricamente, el involucramiento directo de altos funcionarios de la AFI en el desarrollo de las actuaciones judiciales, con contacto directo con esas autoridades, incluso si no habían sido llamados a intervenir por éstas como exige la ley”.
Esa “estrategia parajudicial” fue puesta en acción “desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata”. E implicó la proliferación de una docena de denuncias contra Medina en apenas dos meses, “fundadas en muchos casos sobre denuncias anónimas realizados a partir de actividades de investigación criminal ilegal, en ocasiones en infracción a las reglas de competencia y a otras previsiones procesales, y destinadas casi exclusivamente a servir como receptáculo de elementos probatorios obtenidos por fuera de esas investigaciones y a partir de la actuación directa de algunos de estos funcionarios jerárquicos de los poderes ejecutivos”.
Un ejemplo de ello es la causa FLP 55652/2017, que tramitó en la justicia federal de Quilmes. La única causa federal que se abrió contra el Pata Medina y prosperó.
La causa federal se inició con una denuncia anónima el 13 de julio de 2017, un mes después de la reunión en el BAPRO. Aquel día se hizo presente en la mesa de entradas del Juzgado Federal de Quilmes “una persona que no se identificó, quien dejó sobre el mostrador un sobre de papel madera cerrado, sin remitente o destinatario”. Ese sobre contenía la denuncia anónima contra el referente de la UOCRA – La Plata. Para poder ser tomada por la justicia federal, el escrito apuntaba a la realización de actividades de intermediación financiera y lavado de activos por parte de la empresa Abril Catering S.A.
Esa denuncia se basó en los datos que obtuvo la AFI de forma ilegal, remarcó Kreplak. Era información a la que no se accedía de fuentes “abiertas”. El juez investigó de dónde surgían los datos. Así, comprobó que parte del material provenía de los informes de inteligencia que realizó desde la AFI el entonces espía Leandro Araque, quien fue citado como testigo en esta causa.
Araque relató que las tareas de inteligencia en torno a Medina le fueron encomendadas por quien era el director de Contrainteligencia de la exSIDE, Diego Dalmau Pereyra. El jerarca de la agencia le pidió que realizara “amplias tareas de inteligencia respecto del Sr. Medina”. “En principio nos piden dos cosas puntuales, chequear el domicilio y su entorno, todo lo que se viera en las inmediaciones, y además determinar información que pudiera colaborar con una investigación de lavado de activos, como buscar testaferros o vínculos con determinadas empresas”, dijo en su testimonial.
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El relato de Araque se complementa con el testimonio que brindó el propio Dalmau Pereyra al ser indagado en esta causa. El exdirector de Contrainteligencia dijo que en mayo de 2017 recibió “la orden por parte de la superioridad de realizar ‘Tareas Propias de la Especialidad’” en torno a Medina. Le ordenaron “un trabajo en conjunto con la Dirección de Delitos Económico Financieros, a cargo del Contador Fernando Di Pasquale, donde esa dirección realizaría inicialmente las tareas analíticas fundamentalmente la explotación de fuentes documentales y la Dirección Operacional de Contrainteligencia la confirmación en el terreno de la información documental”. Las tareas de inteligencia “fueron plasmadas en informes”. A fines de julio de 2017, Dalmau Pereyra dijo que le pidió a Arribas “suspender temporalmente las tareas operativas hasta que el caso fuera judicializado, basándome en la falta de resultados y a su vez en el conocimiento de que ninguna de las denuncias que realizaban los empresarios había prosperado en el ámbito de La Plata”.
Entonces, el caso quedó “en manos de la Dirección de Delitos Económico Financieros”, comandada por Di Pasquale, quien recientemente fue citado por el Congreso a prestar testimonio justamente por estos hechos. Dalmau Pereyra relató en sede judicial que luego tomó “conocimiento que el caso lo estaba llevando el Juez Federal de Quilmes, Dr. Armella, sin conocer los pormenores de cómo se desarrolló la denuncia y cómo llegó el asunto a dicho juzgado”.
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Kreplak resaltó en su escrito que Dalmau Pereyra pidió que se suspendieran las tareas a fines de julio de 2017 “lo que coincide con la fecha de inicio de la causa FLP 55652/2017 del Juzgado de Quilmes”. La denuncia anónima se realizó el 31 de julio de aquel año, el mismo día que el entonces subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, y el ministro de Trabajo de Vidal, Marceo Villegas, ingresaron a la AFI para reunirse con Dalmau Pereyra. Los dos funcionarios bonaerenses y el espía fueron tres de los procesados por Kreplak este jueves.
“Por otra parte, la introducción a través de esta denuncia de datos de índole económica o patrimonial obtenidos de manera ilegal por la AFI se relaciona con lo manifestado por Villegas en la reunión del 15/6/17, cuando ante una sugerencia del empresario Del Río para que se consiguieran datos a través de AFIP que evidenciaran la situación patrimonial de Medina, respondió: ‘Hay cuestiones que ustedes entenderán también que por una cuestión inclusive hasta de preservación de ustedes mismos, hay cosas que nosotros no podemos compartir que son parte del back office de todo esto, pero la cuestión impositiva está sobre la mesa, los antecedentes están sobre la mesa’”, recordó el magistrado federal de La Plata.
Otro dato relevante revela la manipulación judicial que hizo el macrismo con este caso: “Del propio contenido de la denuncia anónima inicial se desprende que existió una deliberada intención de forzar la competencia territorial en pos de su tramitación ante el fuero federal de Quilmes, en detrimento del de La Plata, como hubiera correspondido legalmente”. ¿Por qué? Así se evitaba la intervención del juez Kreplak.
En la causa federal que tramitó en Quilmes, Medina fue detenido. Tal como consta en la causa, el juez al mando de la pesquisa, Luis Armella, mientras tuvo el expediente se contactó con diversos integrantes de la reunión en el BAPRO: desde espías a funcionarios de Vidal.
Esos contactos “dan cuenta de la intervención de dichos funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial y de la AFI en el diagrama y la ejecución de la estrategia de judicialización en la que se enmarca el proceso seguido en la causa FLP 55652/2017”, afirmó Kreplak, es decir, en la causa federal que se le abrió a Medina. “Resulta evidente que dichos contactos implicaron operaciones en un segundo nivel, que tuvieron directa injerencia en el proceso”, consideró.
Para Kreplak, la causa federal que tramitó en Quilmes “parece haber sido el último eslabón del plan ideado y llevado a cabo por los funcionarios imputados en autos, en la cual se plasmó todo el producido de las etapas previas -lo obtenido a partir de los diferentes informes de inteligencia y tareas realizadas por agentes de la AFI, de las reuniones con empresarios a los que se solicitó la realización de acciones que condujeran a sustentar actuaciones penales, y con funcionarios judiciales-, a partir de las cuales lograron el encarcelamiento de Juan Pablo Medina”. “Todo ello a sabiendas de estar violando normas procesales, penales y constitucionales”, resaltó.
Las otras denuncias con huella de la AFI
La denuncia anónima de Quilmes no fue la única que habría sido nutrida con información provista por la AFI. El juez destacó coincidencias con una presentación también anónima que se hizo el 12 de mayo de 2017, ocho días después de un encuentro en la Casa Rosada entre Macri, Arribas, Villegas y otros funcionarios nacionales donde se abordó el tema Pata Medina. Todo indica que en aquel encuentro en Casa de Gobierno se dio inicio a la maniobra de persecución contra el sindicalista.
Para Kreplak hay “notables similitudes” entre la denuncia presentada en la justicia federal de Quilmes y la que se efectuó el 12 de mayo ante el fuero ordinario de La Plata. Para el juez “provendrían del mismo origen”. Tiene la misma tipografía, estructura de párrafos y hasta el mismo error ortográfico. Además de que tuvieron una similar metodología de presentación. A esos dos escritos, el juez suma otro presentado por el empresario Fabián Cusini.
“Los tres escritos están confeccionados con la misma tipografía y carecen de sangría al inicio de sus párrafos. (…) También la denuncia anónima que dio inicio a la causa FLP 55652/2017, tramitada ante el Juzgado Federal de Quilmes, tiene evidentes similitudes con estos escritos, especialmente con la denuncia con la que se inició la IPP 06-00-018695/17. Por ello, puede sostenerse que todos esos escritos tendrían un mismo origen”, consideró Kreplak y apuntó a Grassi como quien pudo haber estado detrás de la confección de esas presentaciones.
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Continuará…
Al final de su resolución, Kreplak adelantó que continuará con la investigación bautizada Gestapo antisindical. “Diversas líneas de investigación se desprenden de las mismas conclusiones sobre los hechos que en estas páginas se sostienen –destacó el juez-. Entre ellas, en primer lugar, se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial”.
Y agregó el juez: “Existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso”. Lo mismo dijo sobre “las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede”.
Ante el caudal probatorio que compromete a los servicios de inteligencia macristas un interrogante se hace inevitable: ¿En cuántos otros casos la AFI comandada por Arribas y Majdalani actuó de la misma manera?
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