Gestapo antisindical: los jueces de Macri justificaron otra vez el espionaje ilegal y anularon todos los procesamientos

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, designados durante el macrismo, volvieron a justificar el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, esta vez en el caso de la Gestapo Antisindical. Como no pueden decir que no ocurrió, ya que está filmada la reunión de jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios en el Banco Provincia donde orquestan la persecución al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina", afirmaron que hay investigar si las tareas de inteligencia estaban justificadas. Para colmo, invirtieron la carga de la prueba al poner en cuestión cómo se encontró esa evidencia del uso de los espías en la era Macri. Acto seguido anularon todos los procesamientos que había dictado el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, bajo la tesis de que si hubo espionaje no está acreditado que haya sido ilegal. En minoría, el camarista Eduardo Farah había confirmado el fallo de primera instancia y pedido que se cite a los jefes de inteligencia de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

No es casual lo que sucedió: los mismos Llorens y Bertuzzi fueron los que justificaron el espionaje a los familiares del ARA San Juan bajo el pretexto de que esas madres, padres e hijos podían poner en riesgo la seguridad nacional y la de Macri. Son agradecidos: a Llorens lo designó Macri y se reunían en la quinta de Olivos con el entonces presidente; a Bertuzzi también lo designó Macri y a dedo.

El camarista Eduardo Farah, por el contrario, votó por la confirmación de los procesamientos, reivindicó el trabajo del juez Kreplak que llevó adelante la causa hasta que fue absorbida por Comodoro Py y dejó expuestas todas las contradicciones de sus colegas Llorens y Bertuzzi, en un voto contundente.

La Gestapo antisindical

Este caso comenzó el 27 de diciembre de 2021, cuando la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció que en la agencia se hallaron archivos de video donde se veía una reunión en la sede del Banco Provincia del 15 de junio de 2017 en la que funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal y jerarcas de los servicios de inteligencia hablaban de cómo perseguir sindicalistas. En la filmación se ve y escucha al entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas afirmar: "Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una GESTAPO, en vez de una fuerza inspectiva para terminar con el curro de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes”. Fue lo que pasó: en lugar de hacer las denuncias correspondientes contra las supuestas presiones del "Pata" Medina metieron a la AFI a espiarlo, algo absolutamente fuera de sus funciones.

El juez Kreplak, de los tribunales de La Plata, hizo la investigación y procesó a: Darío Biorci, jefe de gabinete de la AFI; Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, director de Jurídicos de la AFI; Diego Luis Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia; Villegas, ministro de Trabajo de Vidal; Adrián Grassi, subsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, legislador PRO; y Julio Garro, intendente de La Plata. Todo fue anulado ahora por los camaristas Llorens y Bertuzzi.

¿Cómo justifican el espionaje sobre el "Pata" Medina sin, como consta en la causa, ninguna orden judicial? De los autores de la teoría del cuentapropismo, fallo que firmaron pocos días antes de la aparición del video de la Gestapo Antisindical para tratar de salvaguardar a los jerarcas de la AFI macrista del espionaje masivo a dirigentes políticos, estos jueces ahora directamente plantean que "no toda actividad fuera del control orgánico y tamizada por la ley es 'espionaje'".

En primer lugar, la culpa es del "Pata" Medina. Llorens y Bertuzzi dicen que "la referida 'conflictividad' pudo haber tenido alcances mayores a los circunscriptos por el a quo (el juez Kreplak) que incluso, en contra de la hipótesis sostenida, justificaban la preocupación estatal y empresaria". Plantean que como había denuncias contra el "Pata" Medina por acciones ilegales se "pone en crisis la afirmación sobre la presunta persecución desplegada contra 'líderes sindicales'". Farah rechaza esta tesitura en su voto.

Luego, el voto conjunto de Llorens y Bertuzzi directamente es un homenaje a la película "Don’t look up". En el expediente consta el testimonio de Dalmau Pereyra, un histórico de la AFI a cargo de Contrainteligencia durante el macrismo, que reveló cómo fue la operatoria: "En junio de 2017, me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de Inteligencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. A la reunión asistirían ministros del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, otras autoridades, empresarios del sector de la construcción de la ciudad de La Plata, y el Director Administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sr. Sebastián De Stefano y el Jefe de Gabinete de la Subdirección General de la AFI, Sr. Darío Biorci (...) no se me dijo ni el objetivo ni el destino del material producido, tan solo supervisarla". Llorens y Bertuzzi dicen que con el testimonio de Dalmau Pereyra no alcanza, que habría que ver porqué la AFI filmó esa reunión. Se sabe que esas órdenes son orales, no por escrito.

Otra prueba que Llorens y Bertuzzi deciden deliberadamente pasar por alto es que el propio Villegas contó de otra reunión, esta vez en la Casa Rosada, con Macri, Patricia Bullrich, Germán Garavano, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich y el mandamás de los espías Gustavo Arribas. Y que luego de hablar del tema, el entonces presidente Macri le dijo: "Bueno, perfecto, si necesitás algo de los que están acá hacelo saber".

Para justificar todo, Llorens y Bertuzzi también critican los hallazgos de material de inteligencia ilegal por parte de la intervención de Caamaño y en un párrafo insólito dicen: "El contenido de la reunión -y los términos utilizados- se van a poder evaluar mejor teniendo en cuenta el contexto completo de como ocurrió ese hallazgo y no analizarlo de forma aislada". Invierten la carga de la prueba: en lugar de analizar ese video y los delitos que quedaron filmados quieren que se investigue a Caamaño. El mundo del revés.

Y, como corolario, una vez más Llorens y Bertuzzi buscan cómo justificar el espionaje ilegal. "Teniendo en cuenta la línea argumental que venimos exponiendo, observamos que la correcta dilucidación de las circunstancias que rodearon la orden de filmar la reunión aludida, dentro de la preocupación oficial referida acerca del accionar del grupo conducido por Medina dentro del gremio, permitirá que el juez pueda -eventualmente- contextualizar los sucesos investigados en consideración del marco de las funciones propias de la Agencia Federal de Inteligencia", escribieron. O sea, su objetivo es sostener que la realización de tareas de inteligencia sobre un sindicalista fue legal.

En su afán de reivindicar el espionaje ilegal, los camaristas Llorens y Bertuzzi dicen:

    • "La inteligencia es una función estatal tan esencial, como sensible. Su existencia está justificada por la necesidad de preservar la integridad de la Nación, previniendo ataques exteriores, contrarrestando peligros capaces de alterar el orden constitucional y cuidando intereses superiores específicos de la sociedad".

    • "En el caso de análisis nos encontraríamos frente a acciones que podrían verse justificadas dentro de la categoría de inteligencia criminal, la cual comprende la producción de inteligencia en tanto reunión de información, referida a problemáticas delictivas sensibles"

    • "Esta labor podría considerarse contemplada dentro de las funciones de la AFI, quien puede actuar 'con medios propios de obtención y reunión de información'”

    • Se tiene que "poder concluir la existencia o ausencia de intervención judicial o autorización legal en el caso", cosa que ya se sabe que no existió. 

En su voto el camarista Farah deja al descubierto las falacias de sus colegas. Farah explica que si el "Pata" Medina cometía delitos lo que tocaba a los funcionarios de Vidal y, ya que estaban en la reunión del Bapro, a los de la AFI, era denunciarlos. Pero no lo hicieron, sino que pusieron a la casa de los espías a trabajar contra el sindicalista. Llorens y Bertuzzi buscan justificar esto.

La supuesta razón de la reunión en el Bapro fue que empresarios de la construcción le pedían ayuda al gobierno bonaerense ante presiones del "Pata" Medina. Aún si fuera el caso, la solución no podía pasar en ningún momento por la casa de los espías. En su voto en soledad el camarista Farah plantea que "ninguna intención, por más legítima y genuina que sea, puede justificar la violación de normas constitucionales y legales y la desnaturalización de funciones públicas como las que han sido probadas".  

Farah añade en su voto: "No existe debate en punto a que no hubo ninguna orden judicial que habilitara las acciones de los agentes. El uso que se le dio a su producido, sumado a lo que se sabe respecto de la finalidad que tuvieron al llevar adelante las tareas, permite establecer que se trató de deliberados e intencionales actos de inteligencia ilegal en los términos que lo prevé la ley." Y agrega: "Se ha acreditado en la causa que, desde la órbita de la AFI y de otros organismos (como el Ministerio de Seguridad de la Nación, en persona de Alan Ruiz), comenzó contemporáneamente (antes y después de las reuniones), sin orden judicial alguna, a realizarse una investigación sobre Juan Pablo Medina y su entorno familiar, laboral y económico con la finalidad de detectar la posible comisión de delitos".

Así, tras confirmar el fallo de Kreplak, el camarista Farah señaló que la investigación debe hacer foco en los jefes de la AFI macrista: “Corroborado el estado de sospecha que prevé la ley (art. 294, CPPN), corresponderá encomendar al juez ahora a cargo del caso que convoque a pedir explicaciones a los ex integrantes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por existir razones fundadas para inferir su participación en los eventos endilgados a sus inferiores jerárquicos. Ello, sin perjuicio de otras responsabilidades que, según su criterio, puedan ameritar igual curso de acción”. El magistrado consideró que “también aparece ineludible convocar al magistrado federal de Quilmes, Luis Armella,  a efectos que pueda ejercer su acto de defensa y darle así la oportunidad de dar su versión”. El magistrado federal de Quilmes había quedado involucrado en el caso como un actor clave para el armado de las causas contra Medina.

Ante esta posición de Farah, que había liderado el voto de este fallo, reaccionaron Llorens y Bertuzzi, quienes volvieron a blindar al macrismo en una causa de espionaje ilegal y anularon todos los procesamientos.