Gestapo antisindical: la cámara platense rechazó que el caso pase a Comodoro Py

La Cámara Federal de La Plata resolvió que el caso de la Gestapo antisindical, que complica a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, no pase a los tribunales de Comodoro Py, como reclamaron exfuncionarios de la gobernadora bonaerense procesados en la causa. Por ahora, la pesquisa continuará a cargo del juez Ernesto Kreplak.

La decisión la tomó el pasado 5 de agosto el presidente del tribunal platense Jorge Eduardo Di Lorenzo, quien confirmó lo resuelto por Kreplak luego de analizar una apelación presentada por el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi. El pedido de que el caso pase a los tribunales de Retiro tuvo la adhesión del intendente de La Plata, Julio Garro, y del senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan, dos de los procesados que tiene este caso que involucra también a exespías de la AFI. “Los motivos que dio el magistrado a tal fin parecen suficientes para rechazar las apelaciones, a ese respecto, de las defensas de Grassi, y de Garro y Allan, y los argumentos del Fiscal Federal adherente”, escribió Di Lorenzo.

La intención de los exfuncionarios macristas de llevar la investigación a Comodoro Py es evidente: allí Cambiemos juega de local. El último ejemplo de esto son las fotos que publicó Página12 del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu jugando al fútbol en la quinta de Macri. Se trata del fiscal que acusa a CFK en el juicio de la Obra Pública Vial en Santa Cruz y de uno de los tres jueces que debe resolver esa acusación.

El caso Gestapo antisindical es una causa de alto impacto político que involucra a Macri, Vidal y a la cúpula de la AFI macrista por el armado de causas judiciales para perseguir al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El 28 de abril pasado, Kreplak procesó a Grassi, Garro, Allan y a los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci por violar la Ley de Inteligencia Nacional y por considerarlos partícipes necesarios del delito de prevaricato. La medida también incluyó al ministro de Trabajo Marcelo Villegas. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se planeó el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Kreplak dejó asentado en esos procesamientos que continúa la investigación y apunta a la cúpula de los gobiernos nacional, provincial, municipal y de la AFI y también a jueces y fiscales.

La excusa macrista

Grassi, Garro y Allan apelaron la resolución del 27 de abril pasado en la que Kreplak –un día antes de dictar los procesamientos- rechazó la declinatoria de competencia que le pedía el 2 de Justicia de Vidal. Básicamente, Grassi sostenía que la justicia federal porteña era la competente para intervenir en este caso.

A esta posición se contrapuso la de las querellas, que reclamaron que la investigación continuara tramitando en La Plata. “Acentuaron un aspecto fáctico diferente, según el cual habría sido en el ámbito de la jurisdicción territorial del juzgado de origen donde se produjeron las tareas de inteligencia ilegales y tramitaron las causas del fuero federal de Quilmes y del ordinario de La Plata entre otros actos que afectaron a los nombrados, a lo que añadieron que la competencia debía defenderse por razones de mejor administración de justicia”, escribió Di Lorenzo en una resolución de 32 páginas a la que accedió El Destape.

La fiscal de primera instancia Ana Russo tomó una postura similar a la de los querellantes.

El 27 de abril pasado, Kreplak rechazó el planteo de Grassi y sostuvo que “el hecho a partir del cual debía definirse el tema de la competencia es, en sus aspectos centrales, la elaboración y ejecución de una estrategia de judicialización de una situación de conflicto en el marco de la cual se realizaron, de modo no excluyente, actividades de inteligencia prohibidas e infracciones a disposiciones legales de índole procesal”. Para el juez de primera instancia “lo relevante es el lugar en que se realizó la judicialización del conflicto, o bien las maniobras que la tornaron delictiva”.

Frente al rechazo, Grassi apeló ante la Cámara Federal de La Plata. El 2 de Justicia de Vidal insistió en su escrito en que Kreplak “no es el juez natural, porque se investigan personas que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y de la A.F.I. durante el anterior gobierno”. Para Grassi la recolección de pruebas “se dirigió a demostrar la existencia de reuniones celebradas, justamente, tanto en la Casa de Gobierno Nacional como en la sede central de la AFI, todos con domicilio en la Capital Federal.” Allan y Garro también apelaron en pos de trasladar la causa a Comodoro Py. Se trata de la única causa que –junto a la que investiga el envío de Armas a Bolivia- incomoda a Macri y está por ahora fuera de la órbita de los tribunales de Retiro.

Al llegar el caso a la instancia revisora platense, el fiscal ante la Cámara, Diego Iglesias, “con un criterio totalmente opuesto a la Fiscal Federal de primera instancia, manifestó que adhería a los recursos de apelación de las defensas de Grassi, y de Garro y Allan”, escribió el camarista Di Lorenzo.

Iglesias, que está relacionado a la DEA y al macrismo, apoyó los plantos de los exfuncionarios de María Eugenia Vidal procesados en el caso y le planteó a la cámara platense que el caso Gestapo debiera tramitar en el juzgado porteño a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene la megacausa de espionaje ilegal macrista conocida como “Super Mario Bros” (que le llegó de los tribunales federales de Lomas de Zamora, luego de que la Casación la quitara de esa jurisdicción).

La decisión de Iglesias no fue azarosa. En los días previos, Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de un exagente de la AFI procesado en esta causa, el Enano De Stéfano, quien reclamaba que el caso pasara a Comodoro Py. ¿Qué hizo entonces Martínez de Giorgi? Le pidió a Kreplak que le envíe la causa Gestapo, algo que fue rechazado.

Por esos mismos días, Martínez de Giorgi, en una resolución escandalosa, sobreseyó a todos los acusados del caso Operación Olivos, donde se investigaban las visitas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.

La resolución de la cámara platense

El 5 de agosto pasado, la cámara platense resolvió la apelación de Grassi, Garro y Allan.

Para el presidente del tribunal, Jorge Eduardo Di Lorenzo, los apelantes Grassi, Garro y Allan y el fiscal de cámara “segmentan sin razón la constelación fáctica global y despojan de ella los hechos” de la causa al plantear “que el lugar de comisión de los hechos que hay que tener en cuenta es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque según argumentan, lo que importa es que en este proceso se investiga una estrategia del gobierno nacional y que las reuniones se habrían celebrado allí, y en lugares como la Casa Rosada y la AFI”.

“La supuesta estrategia que se investiga sería atribuida efectivamente a los máximos niveles de decisión del gobierno nacional, como lo acentuaron los apelantes, pero también se atribuye esa estrategia a los máximos niveles de decisión del gobierno provincial y municipal, con lo cual aquí también se aprecia que se toma de todos los datos fácticos solo aquellos que interesan para llegar a la solución que desde el inicio se pretende defender”, escribió Di Lorenzo. “En esa medida, por tanto, no les asiste razón a los apelantes y al Fiscal adherente cuando fundamentan que el lugar de comisión de los hechos es sólo el del fuero federal porteño”, indicó.

Para la cámara “los hechos ilícitos investigados y por los que fueron procesados los imputados podrían considerarse cometidos en todas las jurisdicciones que se han señalado a lo largo de esta resolución. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del art. 43 ter de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.

Con ese marco de fondo, el tribunal platense consideró que el juez Kreplak tuvo presente distintos elementos válidos para fundamentar su decisión de que el caso quede en su jurisdicción y no pase a Comodoro Py: “Tuvo presente los domicilios de la mayoría de las partes, el grado de desarrollo y avance de la investigación y la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos, etc”. “Los motivos que dio el magistrado a tal fin parecen suficientes para rechazar las apelaciones, a ese respecto, de las defensas de Grassi, y de Garro y Allan, y los argumentos del Fiscal Federal adherente”, concluyó la cámara.