El caso "Gestapo antisindical", más cerca de Comodoro Py tras dictamen de fiscal macrista

El fiscal subrogante ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, dictaminó para que la causa Gestapo antisindical, en la que se investiga el armado de causas por parte de Cambiemos contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, pase a los tribunales de Comodoro Py. El fiscal, relacionado al macrismo y la DEA, apoyó los plantos de exfuncionarios de María Eugenia Vidal procesados en el caso, y consideró que la investigación debe tramitar en el juzgado porteño a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien recientemente, en una resolución escandalosa, sobreseyó a todos los acusados del caso Operación Olivos. Ahora deben resolver la cuestión los camaristas platenses.

El caso Gestapo antisindical es una causa de alto impacto político que involucra al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora bonaerense Vidal. El 28 de abril pasado, Kreplak  procesó a los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci y a los exfuncionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi por violar la Ley de Inteligencia Nacional y por considerarlos partícipes necesarios del delito de prevaricato. La medida también incluyó al actual intendente de La Plata Julio Garro y al senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se planeó el armado de causas contra el Pata Medina. A los empresarios que fueron parte de ese encuentro y al exministro provincial Roberto Gigante se les dictó la falta de mérito. Kreplak dejó asentado en esos procesamientos que continúa la investigación y apunta a la cúpula de los gobiernos nacional, provincial y de la AFI y también a jueces y fiscales.

En un dictamen firmado el miércoles, el fiscal Iglesias adhirió “a los recursos de apelación interpuestos por los letrados defensores” de Garro, Allan y Grassi, quienes cuestionaron la resolución de Kreplak en la que rechazó declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa. Los tres dirigentes de Juntos por el Cambio pidieron que la causa pase a Comodoro Py. E Iglesias coincidió a pesar que la fiscal de primera instancia, Ana Russo, opinó lo contrario. Es decir, rompió el criterio de unicidad que rige al Ministerio Público Fiscal. Lo paradójico es que compartió el criterio no solo de los dirigentes macristas sino también de Martínez de Giorgi quien había pedido la causa Gestapo con argumentos similares a los que esgrimió el fiscal general.

Así, Iglesias solicitó al tribunal revisor platense que “revoque la resolución apelada”, ordene que Kreplak “decline la competencia para seguir interviniendo” y remita la causa “al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8 de la CABA”, a cargo de Martínez de Giorgi. Pide que el caso Gestapo antisindical se acumule a una megacausa de espionaje ilegal macrista conocida como “Super Mario Bros”. Esa pesquisa se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora y entró en un letargo cuando fue traspasada al edificio de Retiro. Allí, dos camaristas porteños designados por Macri decretaron la tesis del cuentapropismo.

Para Iglesias, la causa de los Super Mario Bros “presenta un objeto procesal más amplio, en tanto abarca la actividad de inteligencia ilegal producida por distintos agentes de la AFI”, entre ellos, los tres procesados en la causa Gestapo, el exdirector de Jurídicos de la agencia, De Stefano; el exdirector de Contrainteligencia, Dalmau Pereyra; y el exjefe de Gabinete del organismo, Biorci, entre 2017 y 2019. En pos de forzar coincidencias, el fiscal resaltó que en el mismo expediente “aparecen como victimas distintos referentes sindicales, entre ellos Juan Pablo Medina”. “Es decir, resulta innegable que los hechos analizados en este expediente se inscriben en el período temporal y contextual más amplio comprendido en aquella causa y que, incluso, tienen por víctima al querellante en autos”, consideró. Añadió que a su criterio existen “notorias similitudes con aspectos, personas y elementos de prueba que surgen de la investigación realizada en la causa 14149/2020 y conexas”.

Entre otras cuestiones, el fiscal general de La Plata resaltó: “Si bien parte de los hechos investigados se proyectaron en esta jurisdicción y en la de Quilmes, cierto es que, según la hipótesis de investigación planteada en este caso, el plan de persecución judicial investigado se habría orquestado y dirigido en jurisdicción territorial de la Ciudad de Buenos Aires, ámbito en el cual también se realizó la reunión celebrada entre los imputados y que fuera objeto de análisis en este legajo”.

“Estos aspectos, revelan que los procesos no pueden ser escindidos e imponen la necesidad de que un único juez concentre en una misma causa la investigación de todos los hechos, analice sus distintas pero estrechas aristas fácticas y probatorias y, desde esta perspectiva, realice su encuadre jurídico acorde con la gravedad y mayor amplitud, concluyó.

El fiscal firmó su dictamen el mismo día que Martínez de Giorgi notificó a Kreplak de que le pidió la causa. Tal como informó El Destape, el 13 de mayo pasado, Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo del exjerarca de la AFI De Stéfano y consideró que su colega platense debe dejar de intervenir en la causa. Esgrimió, al igual que ahora hace Iglesias, conexidad con el expediente de los Super Mario Bros.

La voluntad de Juntos por el Cambio para que sea Martínez de Giorgi quien acumule las causas de espionaje ilegal que comprometen a Macri no parece azarosa. Este juez firmó el 28 de abril un fallo escandaloso en el que sobreseyó a todos los acusados del caso Operación Olivos que reveló este medio. Y lo hizo en base a una falacia: dijo que el camarista Mariano Borinsky solo ingresó en dos ocasiones a la Quinta de Olivos a ver a Macri (y no 16 como publicó este medio en base a documentos oficiales y acreditaron funcionarios judiciales en el caso Memorándum) y que Gustavo Hornos hizo lo propio en la residencia presidencial y la Casa Rosada únicamente en 3 oportunidades. El magistrado porteño se refirió a los encuentros denunciados como “inexistentes en su mayoría” cuando los propios protagonistas los reconocieron.

Martínez de Giorgi no revisó en profundidad los registros de acceso a la quinta de Olivos, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan todas las visitas registradas tanto de Borinsky como de Hornos. Martínez de Giorgi limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada, en lo que evidencia un interés por no complicar a ninguno de los acusados. Su fallo bochornoso fue apelado por la fiscal Alejandra Mangano.

A este intento para que el caso Gestapo pase a Comodoro Py se suman otros que realizó el macrismo: hubo un planteo para que la causa Gestapo M se acumule a un proceso que tienen la dupla Daniel Rafecas-Carlos Stornelli y otro para que lo haga una que tiene el juez Ariel Lijo.

Quién es Diego Iglesias

¿Quién es Iglesias, el fiscal que ahora se suma a esta avanzada macrista para llevar la causa Getapo a manos de Martinez de Giorgi? Además de subrogar como fiscal general ante la cámara platense es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) desde donde tejió fluidos vínculos con la DEA. Si bien fue designado durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, tras su salida de la Procuración, Iglesias trabaja con recursos y la agenda de esa dependencia estadounidense.

Horacio Verbitsky escribió sobre Iglesias en el Cohete a la Luna: “Generó vínculos con la DEA que la ex Procuradora no alentó. Tal como es su tradición, la organización prefiere comunicarse con niveles medios y no con las cúpulas, para acercar recursos e información en forma inorgánica. Incluso le facilitaron un helicóptero para sobrevolar Salta. Desde que llegó (el interino Eduardo) Casal, estos contactos fueron más visibles”.

Por ejemplo, el 15 de marzo de 2018, en el edificio Centinela de la Gendarmería, Iglesias abrió unas jornadas que organizaron de forma conjunta la Procunar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad de la Nación conducido entonces por Patricia Bullrich. Entre quienes tomaron la palabra aquel día también estuvo el Agregado Adjunto de la DEA, Michael Tooley.

En marzo de 2019, fue uno de los funcionarios judiciales que, tal como publicó Ari Lijalad en este medio, posó junto al embajador de los EE.UU, Edward Prado; la ministra Bullrich; y el propio Casal en la sede diplomática estadounidense. La fotografía se subió a las redes el 13 de marzo de aquel año, al mismo momento que el juez federal Alejo Ramos Padilla se preparaba para iniciar su exposición en el Congreso donde detalló la red de espionaje ilegal que involucra a Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli.

Casal designó a Iglesias en la fiscalía ante la Cámara Federal de La Plata el 10 de junio de 2020. Entonces, determinó que actuara “en forma conjunta o alternada” con Julio Piaggio.