El gobierno de Corrientes contrató de manera directa a una ONG estrechamente relacionada a Germán Garavano por 3,5 millones de pesos para un “servicio de asesoramiento integral para la administración de justicia, en virtud de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia”. Se trata de la asociación “Unidos por la Justicia”, vinculada al exministro de Justicia de la Nación e integrante de la Mesa Judicial PRO, quien fue una de las caras visibles del Lawfare durante los últimos cuatro años al tener bajo su órbita la política judicial macrista.
La contratación de “Unidos por la Justicia” por parte del gobierno a cargo del radical Gustavo Valdés provocó críticas en Corrientes porque, según indicaron a este medio, hubo especialistas que trabajaron en la confección del mentado código de forma ad honorem. Incluso, juristas reconocidos en la provincia cuestionaron la decisión del gobierno al advertir que había instituciones que estaban dispuestas a asesorar al ejecutivo local en la implementación del nuevo cuerpo normativo sin recibir dinero a cambio. Según señalaron fuentes especializadas a El Destape este tipo de pago a una ONG no es habitual en temas de Justicia. "Es un escándalo", añadieron.
En el decreto 1053 fechado el 22 de junio, que lleva la firma del gobernador Valdés y del ministro de Justicia y DD.HH Buenaventura Duarte, se autorizó “la contratación directa por vía de excepción con la Asociación Civil ‘Unidos por la Justicia’ para el servicio de asesoramiento integral de la administración de justicia, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 3.500.000,00)”.
En los considerandos del decreto, que se publicó en el Boletín Oficial de Corrientes el 5 de agosto, se establece que “habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía de Estado y de acuerdo a lo informado por la Contaduría General de la Provincia es clave y fundamental la contratación de Unidos por la Justicia Asociación Civil”. La justificación fue “que cuenta con una reconocida trayectoria y capacidad para las funciones y trabajos encomendados, teniendo en cuenta que los mismos no pueden ser ejecutados por los organismos de la Administración Pública Provincial, por lo que aconseja se adjudique la contratación directa por vía de excepción que en autos se tramita”. El decreto cobró mayor notoriedad luego de que el lunes pasado se presentara públicamente el mentado Código Procesal Penal.
Unidos por la Justicia es una ONG que está muy relacionada a Garavano. Según la crónica que publica el propio portal de la gobernación correntina el 28 de septiembre pasado, Garavano participó de la presentación del nuevo código en la Casa de Gobierno correntina aquel lunes: “Germán Garavano, ex ministro de Justicia de la Nación y miembro de la ONG Unidos por la Justicia -que colaboró en la implementación del nuevo Código- declaró que la experiencia que desarrolla Corrientes ‘es una de las más valiosas y modernas en la región’. El letrado, quien participó de manera virtual, felicitó también a todos los actores que formaron parte del proyecto”.
Ese mismo día, Garavano brindó declaraciones a Radio La Dos y dijo sobre esa jornada de lanzamiento: “Fue un acto muy importante presidido por el gobernador Gustavo Valdés, este cambio es profundo y se establecieron cientos de horas de capacitaciones de abogados, los jueces y las fuerzas de seguridad, es un cambio de época y de cultura y se apoya en estas capacitaciones y en el manual”.
Los portales oficiales del gobierno de Corrientes dieron cuenta del interés de “Unidos por la Justicia” y el propio Garavano en el tema un mes antes de que se escribiera el decreto que avaló la contratación de la ONG. El 26 de mayo, desde juscorrientes.gov.ar, el portal del Poder Judicial de Corrientes, se informó “que mediante la plataforma Zoom, los miembros de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal tomaron contacto con los doctores Germán Garavano y Juan José Benítez, directivos de Unidos por la Justicia” porque “la entidad ofreció colaborar con la aplicación de la nueva norma y formular proyectos de capacitación, implementación, asesoramiento y cooperación”. “Luego de una exposición por parte de Unidos por la Justicia, se acordó el envío de una serie de formularios a fin de poseer una imagen real de los recursos técnicos, humanos y edilicios con que cuenta el Poder Judicial de Corrientes”, se añadió. Al mes siguiente, el gobernador Valdés firmó el decreto millonario.
Garavano se desempeñó como director académico de “Unidos por la Justicia” a partir de abril de 2014 y está relacionado a esa institución desde sus orígenes. No es casual que en la página web de la ONG se destaque en “links de interés” un vínculo a GermanGaravano.com.
Es más, tal como publicó este medio, como el exministro de Justicia de la Nación está involucrado en el Caso D’Alessio, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone se excusó de intervenir en la causa por su “íntima amistad” con el exfuncionario. Esa amistad tiene muchos años. Por ejemplo, en el libro de Petrone “Cárceles limpias y sanas”, publicado en 2004, a la primera persona que dedica sus agradecimientos por el “apoyo y la colaboración” es Garavano “quien me impulsara en la realización de este trabajo”. La publicación de esa obra tuvo el impulso de “Unidos por la Justicia”.
Garavano y el Lawfare
El exministro de Justicia de Mauricio Macri no solo fue mencionado en el D’Alessiogate. También está involucrado en el caso de la Mesa Judicial PRO que se investiga en los tribunales de Comodoro Py. No es para menos: fue la cara visible de la política judicial macrista.
La causa de la Mesa Judicial PRO se inició por una presentación que realizó un grupo de legisladores del Frente de Todos, que denunció que la mesa integrada por Garavano y el propio Macri -entre otros importantes funcionarios de su estrecha confianza- llevó adelante un “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” para perseguir opositores y obtener fallos a medida. “Operaba como una fuerza de tareas ilegal, al margen de toda institucionalidad”, afirmaron los denunciantes. Los brazos ejecutores de la persecución –denunciaron- fueron el Ministerio de Justicia, la AFI y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Varios jueces denunciaron en sede judicial la persecución que sufrieron por parte de la gestión macrista no fallar en sintonía con los intereses que en aquel entonces tenía la Casa Rosada.
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