El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue sobreseído en la causa que investigaba la contratación de The Old Fund para la reestructuración de la deuda provincial en 2010, un derivado de la conocida por entonces "causa Ciccone".
Luego de diez años de investigación, el Juzgado de Instrucción n°4 de Formosa resolvió sobreseer a Insfrán al entender que el gobernador actuó siempre en un marco de legalidad y que durante la reestructuración de la deuda pública de Formosa no hubo ningún acto relacionado a la contratación de The Old Fund ni específicamente con el servicio de consultoría acusado de irregularidades.
Los argumentos de la Justicia para sobreseer a Insfrán
Además, la resolución judicial hizo hincapié en que la reestructuración de la deuda formoseña no fue objetada por los organismos de control y fue cumplida tanto por Nación como por la provincia. También remarcó que, durante la instrucción, los jueces federales Sebastián Casanello y Ariel Lijo acumularon pruebas que permitieron finalmente confirmar la legalidad del proceso de renegociación.
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Al mismo tiempo, el sobreseimiento dictado por el juzgado subrayó la falta de relación entre los decretos firmados por Insfrán y la contratación de The Old Fund como asesora del proceso, lo que dejó probado, según el fallo, que esta consultora no intervino en el desarrollo y suscripción de los convenios.
La persecución mediática y judicial a Formosa
En el inicio de la pandemia del COVID-19, Formosa fue una de las provincias argentinas con menor tasa de mortalidad a causa de la pandemia. En medio de campañas opositoras encabezadas por la ex ministra macrista, Patricia Bullrich, y medios de comunicación ligados a la administración de Cambiemos, se realizaron marchas en Formosa que provocaron el aumento exponencial de casos de coronavirus y fallecimientos.
Las campañas de noticias falsas de los medios macristas en Formosa fueron desmentidas por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con lapidarios informes sobre las operaciones de prensa en la provincia llevadas adelante por los medios ligados al macrismo.
La CIDH desmintió un informe de El Trece en Formosa, en el que mostraron a supuestas mujeres embarazadas que se escondían de las autoridades por miedo a que les hicieran cesáreas forzosas o a que las separaran de sus hijos. De esta forma, levantó las medidas cautelares otorgadas tras una denuncia que indicaba que siete mujeres fueron "maltratadas" y estaban escondidas en el monte formoseño ya que "no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto".
En su resolución, la CIDH informa que la denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y el ex secretario de Derechos Humanos de la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer.
El sobreseimiento de los demás acusados en la causa
En noviembre de 2021, el mismo juzgado ya había dictado el sobreseimiento de todos los demás coimputados en la causa: María Inés Lotto, Alejandro Paul Vandenbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés y Amado Boudou.
Esto fue definido en el marco de una excepción de falta de acción presentada por la defensa de la ex ministra de economía provincial María Inés Lotto ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de Lijo en 2019.
En ese momento, el juez determinó que la continuidad de la investigación implicaba afectar la garantía del doble juzgamiento, puesto que por el mismo hecho ya había sido sobreseído en 2014 el titular del Fondo Fiduciario de Formosa, Jorge Melchor.
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