La trama de impunidad judicial para los 27 acusados del espionaje macrista a más de 70 objetivos políticos

De cara a las elecciones de 2017, desde sus bases en la provincia de Buenos Aires, la AFI macrista espió a 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos, 23 sindicatos y se infiltró en comedores y merenderos haciendo tareas que nada tienen que ver con la defensa nacional o la seguridad interior. Este último viernes, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los tres designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña, dictaron la falta de mérito a los 27 acusados que tiene el caso, entre los que se destacan Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de la agencia de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

Para beneficiar a la casi tres decenas de procesados que tenía el caso, los tres jueces macristas replicaron los argumentos de las defensas y pusieron en duda el origen de la prueba que complica a los acusados –todos exespías de la AFI-. ¿Cuál fue ese origen? Un pedido del entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla a la exSIDE en el marco del caso D’Alessio, cuando estaba por indagar al espía Pablo Pinamonti. La intervención de la agencia le envió al magistrado información que encontró en sus oficinas, relativa al Proyecto AMBA, proyecto que implicó el despliegue de 9 bases AFI en territorio bonaerense entre 2016 y 2017. Ese material derivó en la apertura de una causa conexa al D’Alessiogate.

Bruglia –puesto a dedo por Macri-, Bertuzzi –también puesto a dedo por el expresidente- y Llorens –visitante de Macri en Olivos- remarcaron que “se carece de información necesaria a fin de lograr completar todo el recorrido que habrían seguido los documentos relevados desde su presunta creación en el período 2016- 2017 en las diversas computadoras ubicadas y utilizadas por personal de las Bases AMBA hasta su recolección con motivo del cierre de las delegaciones en diciembre de 2017, y desde allí hasta su hallazgo tres años después en una oficina y por personal de la AFI que se desconoce, dentro de dos discos externos, desconociéndose también cómo fue el proceso de recolección en cada base, y por qué y cómo fue que aparecieron todos los archivos unificados en esos dos discos”.

“No escapa al Tribunal que una vez recibidos en Secretaría los mentados discos, el procedimiento seguido en cuanto al resguardo de la cadena de custodia no ofrece reparos. Pero ello no permite despejar los interrogantes planteados acerca del contenido de los mismos; saber dónde, por quién y cuándo fueron creados; o establecer si sufrieron modificaciones a fin de su atribución penal a un sujeto determinado, cuestiones todas estas que debieron haber sido analizadas y evacuadas mediante el pertinente peritaje técnico encomendado por los apelantes”, añadieron los tres jueces nombrados por Macri en la instancia revisora porteña. Es la base para hacer caer la causa.

“Lo así expuesto no hace más que resaltar la imperiosa necesidad de contar en la pesquisa con un estudio de especialidad que siente bases firmes respecto el origen, creación, modificación, conservación, autoría y acceso a los archivos en cuestión, y sobre las cuales poder tanto acusar como defenderse de un modo respetuoso de las garantías procesales”, agregaron los magistrados el mismo día en que sobreseyeron a Macri en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.

Por eso, poca atención le prestaron los jueces a los espías que se caían de los techos en plena tarea ilegal de espionaje. O a los informes donde constan que agentes les sacaban fotografías a chicos en comedores y merenderos, donde los agentes de la AFI hurgaban para ver si se recibía mercadería del Estado. Tampoco le dieron relevancia al hecho de que el jefe de la base AFI de Mar del Plata destruyera todos los documentos confeccionados por su delegación durante el macrismo.

Bruglia, Bertuzzi y Llorens, con estas decisiones, buscan poner en duda el voluminoso caudal probatorio con que cuenta el expediente, que revela que la AFI macrista produjo:

• Espionaje electoral.
• Inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores.
• Espionaje en comederos y merenderos sociales.
• Más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF desde las distintas bases AMBA. Su inmensa mayoría es ilegal.
• La destrucción de todos los archivos que confeccionó la delegación Mar del Plata durante el macrismo. Es la base desde donde se espió a los familiares de la tripuación del ARA San Juan.

Las pruebas del masivo espionaje ilegal

Las pruebas del espionaje ilegal masivo que practicó la AFI macrista desde las bases AMBA son abrumadoras en esta causa.

• El espionaje electoral

“Se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”, escribió Ramos Padilla en una resolución de 342 páginas en septiembre de 2020. “En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

La AFI macrista expandió de 3 a 9 sus bases de operaciones en la provincia de Buenos Aires y desde allí realizó el “monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017”. Se trata de los comicios legislativos en los que participó Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora.

Por ejemplo, “se observa un documento de la Base Ezeiza de fecha 23 de septiembre de 2017, en el que se realiza un análisis sobre el acto encabezado ese mismo día por la entonces candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Canning”, indicó el juez de Dolores. En el informe se especifica quiénes fueron las oradoras del acto, el número de asistentes y hasta se realiza un detalle de las diferentes patentes de los micros que se usaron para trasladar a los asistentes al evento.

• Más de 70 organizaciones espiadas

Desde las bases AMBA, se practicó inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Macri.

Dentro del espionaje a partidos políticos figuran desde Unidad Ciudadana (la figura electoral que encabezó CFK en 2017) hasta locales de Cambiemos y el PRO, pasando por el Frente 1 País que lideraba Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nuevo Encuentro y el espacio Cumplir que comandaba Florencio Randazzo.

Entre las organizaciones sociales espiadas están el Movimiento Evita, Quebracho, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y La Cámpora, pero también Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, la ONG Cuidemos a los Chicos y hasta la Organización Madres del Trueque.

Las organizaciones sindicales espiadas incluyen a la CTA, SUTEBA, la CTEP, gremios aeronáuticos y la UOM.

Por ejemplo, el jefe de la base AFI de Bahía Blanca durante el macrismo relató las ilegalidades que cometió mientras estuvo en el organismo de inteligencia. Ocurrió en su indagatoria. Terminó procesado por el juez Ramos Padilla. Habló del espionaje a HIJOS, la Universidad Nacional del Sur y de los informes que elevó a la subdirectora de la agencia en tiempos cambiemitas, Silvia Majdalani. Es uno de los 27 favorecidos este viernes por la cámara porteña.

• Espionaje en comederos y merenderos

“Se observaron múltiples documentos dirigidos a recopilar información sobre organizaciones sociales y comunitarias, tales como comedores y merenderos populares. Se trata de informes  elaborados por diferentes bases que pretendían reportar la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían a ellas, sus referentes y, en algunos casos incluso, sus abonados telefónicos”, escribió Ramos Padilla en su resolución de septiembre de 2020. Nada más lejano que la defensa nacional o la seguridad interior.

A título ilustrativo, Ramos Padilla hizo referencia al documento “Merendero Todo por los chicos”, donde “agentes de la Base Haedo efectúan un informe sobre un comedor comunitario ubicado en la localidad de Morón”.

“El seguimiento a las organizaciones comunitarias que brindan asistencia social tampoco fue una tarea exclusivamente asignada a la delegación provincial Haedo. Pudo advertirse, por ejemplo, que la Base Ezeiza también realizó un exhaustivo relevamiento de todo el amplio espectro de organizaciones que realizaron festejos por el día del niño”, explicó el juez del D’Alessiogate. Es decir, fue una práctica sistemática.

• Las fichas de la AFI macrista

Según consta en esta causa hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de los dos discos rígidos que la intervención de la agencia aportó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de que el magistrado requiriera información sobre el proyecto AMBA en el marco del D’Alessiogate. Hay fichas de los espiados, con fotos y datos personales de las víctimas; relevamiento de locales políticos; infiltración en reuniones; e instalación de cámaras ocultas.

“Las labores de inteligencia ilegal que tenían como objetivos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales trascendieron el relevamiento de su despliegue territorial, y avanzó en la confección de fichas personales de los militantes de las organizaciones que participaban activamente en los distintos frentes de masas”, precisó Ramos Padilla. “Pudieron relevarse múltiples documentos en los que se reseñaron datos personales de ciudadanos sobre la base de su afinidad ideológica o su adhesión a alguna organización determinada”, agregó, lo que implica una flagrante violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

• Destrucción de archivos del período macrista

El último día de su estadía en la AFI, el jefe de la base Mar del Plata destruyó todos los documentos que se elaboraron en esa dependencia entre diciembre de 2015 y enero de 2020, es decir, durante todo el gobierno de Macri. Desde esa base se habían realizado tareas de inteligencia ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y distintas organizaciones gremiales y sociales en el marco del Proyecto AMBA. Ramos Padilla había procesado al agente que estaba a cargo de esa sede de la exSIDE por el espionaje ilegal en territorio bonaerense y sumó la desaparición de los documentos de inteligencia referidos al período macrista, hecho que había sido revelado por El Destape.

Jueces en rol de defensores

El objetivo de la resolución de 29 páginas firmada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens parece uno solo: beneficiar a todos los acusados que tiene el caso Bases AMBA, en pos de cerrar otra causa escandalosa que complica al macrismo.

“Nos encontramos ante una deficiente atribución de responsabilidad, la cual responde no solamente a las falencias ya referidas previamente en lo relativo a la escasa contundencia probatoria que ofrecen de momento los documentos recabados para apoyar la hipótesis delictiva trazada, sino también al modo abstracto en que fueron efectuadas dichas acusaciones”, escribieron Bruglia, Bertuzzi y Llorens respecto al trabajo de Ramos Padilla. “No se logra observar tanto en las imputaciones cursadas al ser indagados como al momento de dictar sus procesamientos cómo, cuándo y dónde cada uno de los legitimados pasivamente llevaron a cabo las actividades que se reputan ilícitas”, añadieron los jueces nombrados por Macri.

En pos de hacer caer la causa, consideraron que “se presenta harto necesario contar con un peritaje que permita dilucidar también la computadora en la que se originó cada archivo achacado” y “determinar a quién y dónde estaba asignado cada equipo en la época de los hechos”.

A esto sumaron los jueces que “tampoco se encuentra acompañada por elementos objetivos la alegada finalidad de influir en la situación política, social o económica del país o la provincia de Buenos Aires” que habría tenido la AFI. Algo insólito. Está más que claro cuál fue el objetivo que tuvo la agencia de cara a las elecciones de medio término.

Los tres jueces hablaron de “falencias” en la instrucción por parte de Ramos Padilla y de “la necesidad de que” el juez a cargo de la pesquisa, que es Julián Ercolini desde que el caso pasó a Comodoro Py, “avance en los términos indicados y dicte oportunamente un pronunciamiento donde se realice un análisis integral de la prueba existente con aquella que se indicó resta efectuarse, y resuelva la situación procesal de cada imputado en base a una imputación clara, concreta y circunstanciada sobre la cual estribar la acreditación, con el grado de probabilidad que esta instancia exige, de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal escogido”. Fue una invitación a cerrar el caso. Acto seguido, firmaron la falta de mérito de Arribas, Majdalani y los otros 25 exespías involucrados en este espionaje ilegal masivo.