ARA San Juan: tres jueces nombrados por Macri lo sobreseeyeron en la única causa en que estaba procesado

Mauricio Macri tendrá unas vacaciones de invierno tranquilas. En el último día antes de la feria judicial invernal los tres jueces que designó en la Cámara Federal de Comodoro Py lo sobreseyeron en la única causa donde estaba procesado: el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Los camaristas Mariano Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Pablo Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri) no dijeron que el espionaje no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para los jueces macristas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan podían poner en riesgo la seguridad presidencial con una movilización, un pedido de reunión o la entrega de una carta.

¿Qué sostuvieron los jueces macristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país. Este fallo de los jueces macristas beneficia también a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a otros 8 exespías de la agencia.

A su vez, este mismo viernes, los mismos tres jueces también revocaron los procesamientos de Arribas y Majdalani en otra causa emblemática de espionaje ilegal: la de las bases AMBA, donde constaba que la ex SIDE espió de forma ilegal a partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales desde sus bases bonaerenses. A pesar de que es otra causa repleta de pruebas (constan los partes de los agentes que se infiltraron en las organizaciones, por ejemplo), para Bruglia, Bertuzzi y Llorens la investigación fue “deficiente” e “incompleta”.

Tanto el caso ARA San Juan como Bases AMBA habían avanzado fuera de la jurisdicción de Comodoro Py. Ambos habían si instruidos en los tribunales federales de Dolores. La primera por el juez Martín Bava y la segunda por Alejo Ramos Padilla. Incluso, la del espionaje a los familiares de los submarinistas se había iniciado en Mar del Plata. Ahora, tres jueces nombrados por Macri en el edificio de Retiro dicen que no hubo delitos.

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, festejó Macri apenas se conocieron los fallos de sus jueces.

El mensaje de Macri tuvo su contracara. “Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”, tuiteó el ministro de Justicia Martín Soria tras anoticiarse del sobreseimiento de Macri.

Para Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria del caso ARA San Juan, “a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos victimas, la justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo”. Y agregó: “Antes los espías eran cuentapropistas. Ahora las víctimas eran una amenaza a la seguridad nacional y presidencia”.

El salvataje de Macri

El juez federal de Dolores Martín Bava había procesado a Macri, Arribas, Majdalani y un grupo de espías de la AFI por espiar de forma ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Los acusados apelaron esta decisión y lograron mudar el expediente a Comodoro Py. Este final era cantado.

Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens, “no se encuentra verificada la hipótesis expuesta por el juez de grado, en un sentido que amerite la continuidad del proceso”. Es decir, para ellos no hubo espionaje ilegal. Para estos tres jueces nombrados por Macri, las tareas denunciadas fueron “legítimas”.

“Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, señalaron.

Lejos de la prueba que da cuenta que los familiares fueron investigados ilegalmente, los tres magistrados señalaron respecto a la AFI que “la evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad –mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”.

Brulgia, Bertuzzi y Llorens parecen actuar como abogados defensores más que como jueces. Se empeñan en justificar por qué estuvo justificado el accionar de la AFI en torno a los familiares de las víctimas. “La presencia de la AFI resultaba funcional-complementaria al organigrama destinado a la seguridad de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y se constataba –como mínimo- con antelación y durante la realización de los actos o visitas presidenciales”, aseguraron en una resolución de 28 páginas.

Por eso concluye que “la valoración que hace el juez en cuanto a que la intervención del citado organismo carecería de legitimación en el caso resulta contradictoria a las pruebas testimonial y documental reunidas, pero fundamentalmente a la normativa que regula las funciones de dicho organismo, entre las cuales –como ya se señaló- efectivamente se encuentra la seguridad del Presidente de la Nación”.

Tomándose de las palabras de los testigos, entre los que menciona a Fernando De Andreis, secretario general de Presidencia de Macri, y hasta a exespías imputados,  Bruglia, Bertuzzi y Llorens afirman sin temor a la vergüenza que “nos encontramos en condiciones de afirmar que los elementos de prueba citados son lo suficientemente claros para tener verificado en el caso que la AFI se encontraba autorizada a intervenir en esta materia”.  

Respecto a los informes de la AFI sobre los familiares, indicaron que “la recolección de información tuvo su razón de ser y se encontró justificada por riesgos que son inherentes a la protección presidencial y/o la seguridad interior.” ¿El riesgo? Que los familiares, en su desesperación, le pidiesen una reunión al expresidente para abordar el caso.

Y otra vez, con el traje de abogados defensores, sostuvieron: “Los informes referenciados se advierten a simple vista como observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”.

Así las cosas, Brulgia, Bertuzi y Llorens determinaron que “se ha configurado un estado de certeza negativa respecto de que los encausados hayan desplegado la acción que se les ha atribuido, conformándose un cuadro de actuación que no encuentra adecuación típica en nuestro ordenamiento legal y despeja la posibilidad de todo reproche incriminante”.

“En este marco, corresponde revocar los autos de procesamiento apelados y disponer la desvinculación definitiva de los encartados en este proceso”, cerraron su escrito, los tres jueces nombrados por Macri.

Las bases AMBA

Este viernes, Bruglia, Bertuzzi y Llorens volvieron a beneficiar a Arribas y Majdalani y otros 25 agentes de la AFI en otro fallo escandaloso relativo al espionaje ilegal macrista: el caso de las Bases AMBA, una causa que se inicia como desprendimiento del D’Alessiogate. La instrucción estuvo a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Los magistrados en pos de derribar el caso hacen referencia a “falencias” en la investigación y sostienen que la pesquisa “contienen varios aspectos que merecen un replanteo, así como también que aún restan medidas importantes por producirse para esclarecer la totalidad de los hechos investigados y sus posibles responsables”.

Se trata de una causa en la que constan como prueba imágenes de infiltraciones en comedores sociales, informes sobre tareas de inteligencia ilegal y hasta la constancia de destrucción de toda la información elaborada durante el macrismo en una base puntal de la AFI: la de Mar del Plata.

Pero poco pareció importarles a los tres jueces nombrados por Macri. “No se logra observar tanto en las imputaciones cursadas al ser indagados como al momento de dictar sus procesamientos cómo, cuándo y dónde cada uno de los legitimados pasivamente llevaron a cabo las actividades que se reputan ilícitas, lo cual resulta ser una consecuencia lógica de aquello cuanto se puede extraer del compendio de archivos ponderados a lo largo de los autos de mérito que no se encuentran firmados ni poseen fecha cierta, y respecto de los cuales no se indagó si respondían a simples síntesis de prensa o si poseían vínculo con posibles alertas de seguridad o conflictividad social (“umbrales de riesgo” utilizados y valorados por el propio magistrado) que permitiera desechar toda intromisión ilegal en la privacidad de los ciudadanos”, escribieron.

Para estos tres jueces “se puede concluir de la lectura de los autos de procesamiento que, más allá de su profusa extensión, exhiben un fundamento fáctico y probatorio insuficiente para adoptar un temperamento incriminante que impide, de momento, verificar de qué manera el juez llegó a decidir del modo en que lo hizo pues prescinde de elementos incorporados a la causa y provistos de relevancia para resolverla, omitiendo indagar cabalmente acerca la verdad histórica y las concretas actuaciones que le cupo a cada imputado”.

Con esa línea, revocaron los 27 procesamientos que había en el expediente y enviaron el caso nuevamente a primera instancia para que se emita un nuevo pronunciamiento. ¿Quién es el juez de primera instancia a cargo de esa pesquisa? Uno de los paladines del Lawfare, Julián Ercolini, que está al frente de la causa desde que pasó de los tribunales de Dolores a los de Comodoro Py.